Con la consigna «Todos somos Malvinas», distintas asambleas y grupos de vecinos autoconvocados iniciaron una recolección de firmas planteando desde localidades del interior provincial el rechazo a la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas. Si bien la construcción de la planta ha sido frenada por la movilización y la justicia, la empresa ha remarcado que insistirá en su propósito.
«En ninguna localidad de la provincia queremos a Monsanto», dicen las planillas que ya empiezan a ser llenadas en distintos pueblos y ciudades. Según explicaron vecinos consultados, la junta de firmas «apunta a apoyar a la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, a rechazar los monocultivos transgénicos que afectan a la salud de toda la provincia y a motivar más diálogo sobre esta problemática».
Se trata de una iniciativa que varias veces había sido comentada desde mediados de 2012, cuando la presidenta Cristina Kirchner anunciara desde EEUU la instalación de una planta semillera en la localidad de Malvinas Argentinas, cercana a Córdoba Capital. En esos momentos se encontaba en su etapa final el juicio por las fumigaciones en Barrio Ituzaingó Anexo, en el que tres hombres fueron condenados por incumplir la legislación referida al uso de agrotóxicos. El juicio fue promovido por las Madres de Ituzaingó, grupo de mujeres que desde 2002 venía denunciando graves problemas de salud en esa zona lindante con sembrados de soja transgénica. Además, desde hacía varios años en decenas de pueblos cordobeses grupos de vecinos protestaban por los efectos de las aplicaciones de agroquímicos (principalmente glifosato, producido por Monsanto), vinculados a través del espacio Paren de Fumigar y otras redes.
Pocos después del anuncio se formó la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y comenzaron variadas acciones rechazando la instalación de la planta, denunciando efectos negativos para la población del lugar y planteando además la oposición al llamado «paquete Monsanto», que ya venía siendo cuestionado a nivel mundial. La asamblea tomó rápidamente contacto con grupos de toda la provincia y del resto del país que ya venían denunciando el modelo de agronegocios, minería y petróleo,muchos de ellos conectados a través de la Unión de Asambleas Ciudadanas. En lo que respecta a Córdoba, temas como las fumigaciones, las consecuencias de la explotación de uranio, los desmontes o la crisis hídrica venían siendo objeto de debate y la llegada de Monsanto fue vista como una profundización de la problemática social-ambiental. Durante 2013 se sucedieron presentaciones judiciales, jornadas de concientización, cortes de ruta, festivales, investigaciones, etc.
Además, el crecimiento de las redes y los vínculos entre Malvinas, la capital y el interior provincial dió lugar a la formación de la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra, que entre otras cosas planteó la «Emergencia Ambiental» en la provincia. En un marco de creciente movilización, vecinos de Malvinas Argentinas iniciaron un bloqueo del predio, impidiendo el ingreso de materiales. A pesar de ser atacados en varias oportunidades por patotas con aval policial y sufrir golpes y heridas, el acampe resistió y la empresa sólo pudo instalar algunas pocas estructuras del inicio de obra. En esos días fueron convocadas grandes movilizaciones en la ciudad de Córdoba, que tuvieron apoyo de grupos estudiantiles y universitarios, asambleas vecinales del interior de la provincia, sindicatos, partidos políticos y una larga lista de organizaciones y personalidades.
Durante 2014 se mantuvo el bloqueo a la planta y las expresiones de rechazo, a lo que se sumaron definiciones administrativas y judiciales que mantuvieron detenida la obra, destacándose el rechazo del Estudio de Impacto Ambiental presentado por Monsanto, a raíz de la fuerte presión ciudadana que exigió un análisis estricto del escrito.
El gobierno cordobés planteó entonces una revisión de la legislación ambiental provincial, presentando un proyecto que parecía favorecer a la empresa. Esto generó un amplio rechazo social que derivó en una nueva Ley de Ambiente que en su letra endureció los controles. Sin embargo, Monsanto anunció que presentaría un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, e intensificó las acciones de seducción hacia la población de Malvinas Argentinas, con vistas a una posible consulta popular.
En este contexto, asambleas y grupos de vecinos, muchos de ellos integrantes de la Coordinadora Provincial por el Agua y la Tierra pusieron en marcha en estos días la junta de firmas, que había sido avalada en uno de sus encuentros de 2013. La idea es que en cada localidad cordobesa se impriman planillas y se junten firmas, para luego ir informando regularmente sobre la cantidad lograda y dar muestra de la opinión ciudadana.
