El Gobierno publicó los cambios a la Ley de Migraciones para impedir el ingreso y agilizar las deportaciones.
La administración de Cambiemos oficializó, a través del decreto 70/2017, la modificación en la Ley de Migraciones (ley N° 25.871) para endurecer el ingreso de personas y agilizar la expulsión.
Entre los argumentos se hace hincapié en la vinculación de los delitos con la población extranjera. En tal sentido se remarcó que el dentro del Servicio Penitenciario Federal el porcentaje de personas de nacionalidad extranjera es del 21,35 por ciento; en tanto que en los delitos «vinculados a la narcocriminalidad, un 33% de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros».
Sin embargo desde el Cels se cuestionó dichas estadística al remarcar que si se observa todo el sistema carcelario del país se marca que estos números bajan a un 6 por ciento y un 17 por ciento respectivamente.
El eje de los cambios dispuestos lleva el título de «Procedimiento migratorio especial sumarísimo». Entre las causas que pueden determinar la expulsión o el ingreso al país figuran «haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más».
En la nueva normativa se estipula que se impedirá el arribo a las personas con documentación falsa o que omitan dar información sobre antecedentes penales, además de aquellos que cumplan condena o tengan antecedentes en Argentina o el exterior.
El decreto presidencial remarca que se tendrán en cuenta «delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad» o «delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas».
Las autoridades nacionales podrán esgrimir estas razones para cancelar residencias otorgadas más allá de la antigüedad. Por este motivo el poder judicial deberá notificar a Migraciones sobre «todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable y de toda condena por delito penal dictada contra un extranjero, en el plazo de 5 días hábiles de producido».
Entre las incorporaciones se encuentra que si un inmigrante hubiese pagado para ingresar a territorio argentino, pese a que configura un delito, en caso de colaborar con información para dar con un traficante de personas podrá requerir la residencia.
Además el texto oficial aumenta los años de prohibición para el reingreso al país tras concretarse la expulsión que era de cinco años mientras que ahora se fijó en ocho años por delitos dolosos y cinco por delitos culposos.
