La violencia por parte de las fuerzas de seguridad ya causó casi 40 muertos y cientos de desaparecidos. Las protestas populares no se dejan ganar por el miedo y ya llevan más de 10 días en las calles.
“Nos están matando”. La frase de David Escobar, de 37 años, resume la dramática situación que se está viviendo en Colombia ante la brutal represión del gobierno de Iván Duque como respuesta a las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril. “A mí, los del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) me dispararon con una escopeta, impactándome en el tórax -agrega Escobar, periodista de la ciudad de Cali, con quien La tinta se comunicó por WhatsApp este fin de semana-. No me pasó nada grave, porque tengo elementos de protección personal blindados”.
Mientas relataba su caso a este medio, Escobar atendía una solicitud de una brigada de salud autogestionada en Cali para comprar insumos médicos y atender a manifestantes heridos. También estaba en comunicación con dos amigos suyos de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, que habían sido “atacados con objetos contundentes y mordidos por perros de la fuerza pública”. La noche anterior, a unas 10 cuadras de su casa, hubo un “ataque sicarial” desde una camioneta contra 10 personas de una brigada médica. Él mismo había participado esa tarde en el funeral de dos jóvenes asesinados en Siloé, al oeste de Cali, en la misma zona donde, a principios de mes, balearon a Nicolás Guerrero, de 22 años, mientras estaba en una vigilia en honor a las primeras víctimas de la represión, que se transmitió en vivo por Instagram con casi 200.000 espectadores.
El testimonio de Escobar se repite en innumerables casos en toda Colombia, ya recorrieron las redes sociales y el mundo entero. Amnistía Internacional (AI) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamaron a garantizar el derecho a la protesta y alertaron sobre denuncias de desapariciones y violaciones a los derechos humanos. En la iniciativa Banco de Memoria, que documenta videos y audios de víctimas de los ataques policiales en Cali -y a los que accedió La tinta-, se pueden observar innumerables situaciones de miembros de las fuerzas disparando armas de fuego, manifestantes denunciando a agentes de civil o relatos de testigos “que fueron maltratados y a los que les robaron sus pertenencias”. Las imágenes fueron modificadas en blanco y negro, y muchas voces distorsionadas para evitar ser reconocidas por temor a represalias.
En los últimos 11 días, la violencia policial dejó cifras alarmantes: 39 muertos, 278 heridos, 963 detenciones arbitrarias, 111 casos de disparo de armas de fuego, 12 casos de violencia sexual y más de 500 denuncias de desapariciones, según un comunicado de ayer de las organizaciones de derechos humanos Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
Ya se cuentan más víctimas fatales de las que hubo, por ejemplo, en las protestas que siguieron al asesinato de George Floyd, en Estados Unidos, o en el estallido social de Chile. Hoy, América se desangra en Colombia.
Una sociedad movilizada
La primera víctima fatal en manos de la policía fue Marcelo Agredo, un joven de Cali de apenas 17 años, que salió a protestar en el paro nacional del 28 de abril. En medio de la manifestación, Agredo pateó a un policía que estaba arriba de una moto y salió corriendo. Al instante, el agente abrió fuego y le impactó en la espalda. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de la calle y las imágenes no tardaron en llegar a Twitter.
“El Estado está saliendo a disparar”, analiza sobre la actual situación Sebastián Lalinde Ordóñez, abogado e investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), y autor del libro Elogio a la bulla: protesta y democracia en Colombia. Y continúa: “La policía no puede usar armas de fuego y han salido a matar y a disparar. La violencia está fuera de control y, si uno compara al Estado con una guerrilla o una banda de delincuentes bien organizados, la diferencia es ninguna”.
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