La Municipalidad de San Marcos Sierras derogó parte de Ordenanza sobre Ordenamiento Territorial y violó el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos Indígenas. La medida, habilita al Ejecutivo Municipal a realizar obras que hacen peligrar la identidad del pueblo.
La Asamblea Ambiental por el Monte de San Marcos Sierras, la Comunidad Tay Pichín, junto a FUNAM alertan a la comunidad por obras que atentan contra la tradicional identidad del pueblo poniendo en riesgo, entre otras cuestiones, la imagen de San Marcos Sierras que por décadas ha permitido la generación de fuentes de empleos sobre la base de un modelo de producción ligado a los aspectos culturales, históricos y naturales, haciendo de nuestro pueblo un lugar único en el mundo.
Según explicó La Tinta, «El intendente César Briguera busca “modernizar” San Marcos, a través de la modificación de veredas, calles, la plaza del pueblo y otros sectores urbanos. Como estas acciones incumplían la ordenanza, vecinxs presentaron en marzo un pedido avalado por más de 500 firmas para que cesen las obras y se convoque al Consejo de Ordenamiento Territorial, una herramienta consultiva prevista por la normativa. Sin embargo, la respuesta del oficialismo fue derogar rápidamente la ordenanza y avanzar con las obras sin informar ni consultar a la comunidad»
En diálogo con Una Radio Muchas Voces, Carlos «Capi» Tulian, Concejal de San Marcos Sierras por el Frente Tay Pichin recordó que la ordenanza «Tenía un representante en cada barrio, y eso era muy importante porque el pueblo al instante sabía qué se estaba poniendo en consideración. Hoy esta gestión no trabaja sobre consensos, ellos creen que porque ganaron con buen porcentaje gobiernan y no se escucha a nadie. (…) eliminaron la participación ciudadana, la voz de las comunidades originarias. Estamos dentro de una reserva cultural de Río Quilpo. En ningún momento se acercaron a hablar para llegar aun acuerdo con las comunidades (…) Se ha mal interpretado el poder. Ganaron una elección y creen ser el dueño del pueblo. Creo que es muy importante que se escuche la voz de la gente».
«Lo que tenemos muy expuesto en este momento es el cementerio ancestral, que está en la zona de la plaza y alrededores. San Marcos cuenta con tres comunidades originarias. El reclamo es que no queremos perder y que sea destruido el lugar donde están nuestros ancestros. No es que no estemos de acuerdo que no se hagan las obras, sino que queremos que se aseguren los sitios arqueológicos. Estamos en lucha permanente con el municipio»
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San Marcos Sierras, Córdoba (Argentina) 7 de junio de 2021
La Asamblea Ambiental por el Monte de San Marcos Sierras, la Comunidad Tay Pichín, junto a FUNAM alertan a la comunidad por obras que atentan contra la tradicional identidad del pueblo poniendo en riesgo, entre otras cuestiones, la imagen de San Marcos Sierras que por décadas ha permitido la generación de fuentes de empleos sobre la base de un modelo de producción ligado a los aspectos culturales, históricos y naturales, haciendo de nuestro pueblo un lugar único en el mundo.
Se trata de modificaciones en veredas, calles, plaza y otros sectores urbanos decididas autoritariamente por la Municipalidad. San Marcos Sierras es una localidad turística de la provincia de Córdoba en Argentina, asentamiento indígena Comechingón, nacional e internacionalmente reconocida por la sencillez de su desarrollo urbano, hospitalidad, intensa actividad cultural y contacto con la naturaleza.
La Municipalidad contaba con la ordenanza 775, desarrollada con la participación de profesionales universitarios (de la Universidad Nacional de Córdoba) y la propia comunidad, donde se establecía un mecanismo de participación pública (el Consejo de Ordenamiento Territorial) para resguardar cualquier desvío que atentara contra la identidad del pueblo. La misma fue derogada, en una sesión extraordinaria, el 14 de mayo pasado para poder desarrollar un proyecto de remodelación urbana inconsulto que viola además el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos Indígenas. La ordenanza contemplaba la protección de un perfil de pueblo serrano, multicultural y respetuoso del monte nativo que lo integra, y regulaba un crecimiento sustentable, acorde con su identidad y sus recursos, como el agua, un bien escaso en la zona. Era también, parte fundamental de la misma la puesta en valor y preservación del patrimonio cultural del pueblo Comechingón que habita estos territorios desde mucho antes de la llegada española y, ordenaba la participación ciudadana a través del Consejo de Ordenamiento Territorial, consejo consultivo formado por representantes vecinales e instituciones del pueblo.
Ante el incumplimiento de la ordenanza 775 por parte de la gestión de César Briguera, se presentó el 17 de marzo de este año, un pedido avalado por las firmas de más de 500 vecinos para que se cumpla lo establecido en ella, y se convoque al Consejo de Ordenamiento Territorial. La respuesta del oficialismo fue derogar rápidamente la ordenanza, y poder, de esta forma comenzar las obras de ampliación de veredas, sin informar ni consultar a la comunidad, violando la Ordenanza municipal 777 de protección de calles de tierra, la Ley 10308, de creación de la Reserva Arqueológica Quilpo, y, como ya se explicó, el artículo 169 de la OIT, que puntualiza que deben ser consultadas previamente las comunidades originarias ante obras que modifiquen su Territorio; junto con las leyes que protegen el patrimonio Arqueológico, ley 25743, por encontrarse las calles dentro del antiguo cementerio originario de las Comunidades Comechingonas y Sanavironas .
Otro agravante de la derogación de la ordenanza, es que la actual permite loteos en zona roja, antes prohibidos, configurando un intento de urbanización en zonas de monte nativo, modificando el perfil del pueblo sostenido por sus habitantes. Cabe aclarar también que no existe ningún estudio de impacto ambiental ni cultural presentado, que exponga a la población datos ciertos para ser discutidos y/o refutados.
Obras para mejorar y dar seguridad peatonal a vecinos, vecinas y visitantes, son necesarias, pero en ese caso nos preguntamos sobre las urgencias dada la actual situación sanitaria, no sería acaso más importante utilizar los recursos económicos de forma consciente y eficiente para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia del covid 19 sobre la salud y la economía de las familias, recuperando y mejorando el sistema de salud y seguridad de la población, proveyendo de recursos que permita recuperar las producciones agroecológicas para reforzar la alimentación de la población.
Creemos que este accionar no democrático que intenta desvincular a los habitantes de la posibilidad de proteger y habitar un territorio sostenido y construidos por todos y todas, debe ser contado y denunciado, por ello, la Asamblea Ambiental por el Monte de San Marcos Sierras, la comunidad Tay Pichín, junto a FUNAM y otras organizaciones de Argentina analizan medidas cautelares urgentes y denuncias penales contra el intendente César Briguera, y a los integrantes del Concejo Deliberante que votaron a favor de la derogación de la ordenanza 775.
VIOLACIÓN IMPUNE DE LA CONVENCIÓN 169 DE LA OIT
El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nobel Alternativo, indicó que “el intendente César Briguera y sus colaboradores, en una muestra de desprecio por las normas vigentes y por las comunidades originarias que viven en San Marcos Sierras, desarrolló un proyecto de ingeniería que en forma temeraria interviene lugares sensibles para el pueblo Comechingón, como la zona de la plaza principal del pueblo.
La iniciativa del señor intendente y su proyecto de ingeniería implicó una flagrante violación al Convenio 169 de Derechos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo que estableció, precisamente, la obligatoriedad de consulta previa”.
“El desprecio normativo evidenciado por la gestión municipal de San Marcos Sierras es mucho más amplio y agravado. Pese a la existencia de la ley provincial 10308 (yacimiento arqueológico, lugar ancestral de prácticas funerarias y de otro tipo) no les importó que sus obras atentaran contra lugares y subsuelos de importancia arqueológica. Hace ya más de dos meses presentamos una nota pidiendo el cumplimiento de la Ord. 775/15 y la respuesta fue el silencio primero, y su derogación después”, indicaron desde la Asamblea Ambiental por el Monte de San Marcos.
El Casqui Curaca de la Comunidad Tay Pichín ha presentado una denuncia ante el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y se prevé la pronta intervención del organismo.
Recordemos que la zona de la plaza principal de San Marcos es un espacio sagrado para las Comunidades Originarias del Pueblo, contiene un cementerio que abarca toda la plaza y calles aledañas a ella, con restos de quienes nos precedieron y con tumbas de los primeros españoles que llegaron a estas tierras. Es un cementerio, no puede ser livianamente intervenido.
PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS E INVESTIGACIÓN PENAL
La Asamblea Ambiental por el Monte de San Marcos Sierras exigió “la inmediata paralización de las obras y la restitución del ambiente intervenido a su estado original. No estamos en contra del mejoramiento de la infraestructura urbana y del mejoramiento de la calidad de vida de nuestros/as vecinos y vecinas en San Marcos Sierras. Sí denunciamos la derogación de una norma que establecía un mecanismo de participación, y que toda iniciativa de intervención urbana no solo sea consultada como lo establecía la derogada ordenanza 775, sino que respete la Convención 169 de la OIT, otras normas y el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la normativa nacional y provincial vigente”.
La Asamblea Ambiental, reiteró que junto a FUNAM y las comunidades originarias “exigimos como primer medida la paralización de las obras y la restitución de los ambientes alterados a su estado original, y la derogación de las normas que reemplazaron a la 775 con un posterior restablecimiento de la ordenanza 775. Dados los daños que ya se están produciendo por la actuación intempestiva de la actual gestión municipal, estamos analizando la presentación de una medida cautelar urgente para evitar la continuidad del daño. Sin embargo, sería conveniente que el intendente César Briguera paralizara las obras y toda la iniciativa vuelva a fojas cero para que haya una propuesta debatida y respetuosa de las leyes”.
El presidente de FUNAM, Dr. Raúl Montenegro, indicó que “analizaremos entretanto las violaciones cometidas a normativa vigente para eventualmente pedirle a la justicia penal que investigue al intendente César Briguera por posible violación a los deberes de funcionario público. También movilizaremos –indicó Montnegro- a instituciones no gubernamentales, sectores comprometidos de la Universidad Nacional de Córdoba y de otras universidades, a entidades de Derechos Humanos y a otros colectivos para que este atropello sea conocido provincial, nacional e internacionalmente”.
