Filtraron chats de jueces federales y funcionarios de CABA por un vuelo privado a Lago Escondido

El viaje se concretó el jueves 13 de octubre, difundido por el matutino Página 12 cuatro días después, el mismo día en que los protagonistas de la escapada crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta que incluía presionar a algunos medios para que guardaran silencio y planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos periodistas.

La revelación de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) coordinaron a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche más una estadía de lujo en la estancia del magnate Joe Lewis abrió un escándalo sobre la presunta recepción de «dádivas» por parte de magistrados y funcionarios.

La conducta de los implicados quedó expuesta este domingo en sendos artículos del diario Tiempo Argentino y del portal El Cohete a la Luna, medios que en base a una filtración realizada por un hacker a una línea de celular (adjudicada al sitio https://breached.vc) accedieron al intercambio de mensajes de audio de Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal), el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro -propietario de la línea- y el procurador de CABA Juan Batista Mahiques.

Otros dos involucrados en la filtración, cuyas voces quedaron registradas en audios difundidos este domingo por El Cohete a la Luna y en el sitio web Patagonianfacts.com, son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de los mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.

El viaje de los jueces se concretó el jueves 13 de octubre en un charter de la empresa Flyzar que partió desde el aeropuerto de San Fernando, un vuelo que sería revelado por Página 12 en su edición del 17 de octubre, el mismo día en que los protagonistas de la escapada crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta que incluía presionar a algunos medios para que guardaran silencio y al mismo tiempo planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos periodistas.

El hecho curioso de que cuatro jueces, un ministro de CABA, un empresario especializado en campañas digitales y un exmiembro de la AFI de Cambiemos llegaran todos juntos en un avión privado al aeropuerto de Bariloche para trasladarse luego a la inmensa propiedad del británico Joe Lewis en las afueras de El Bolsón circuló enseguida en las redes sociales de los pobladores de la zona, y dos concejalas del Frente de Todos se hicieron eco de la novedad, Roxana Ferreyra (Bariloche) y Rosa Monsalve (El Bolsón).

Tras la difusión por Página 12 de la lista de pasajeros del vuelo 26.917 confeccionada según la disposición 366/2018 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el Consejo de la Magistratura ingresó una denuncia del penalista Luciano Almonacid por «mal desempeño de sus funciones» contra Ercolini, Mahiques, Cayssials y Yadarola, a quienes el letrado acusó de incumplir normas constitucionales, legales y reglamentarias e incurrir en «graves desórdenes» de conducta en tanto magistrados.

Este fue el contexto en el que los cuatro jueces, más el procurador Mahiques, D’Alessandro y los directivos de Clarín Casey y Rendo, intercambiaron audios en el grupo de Telegram para instalar una única explicación -a juzgar por los propios mensajes, falsa- y evitar que prospere la denuncia contra los magistrados por el delito de «dádivas» (recibir regalos o prebendas que son entregadas «en consideración de su oficio» y mientras se está en ejercicio del cargo), que está previsto en el artículo 259 del Código Penal.

En los mensajes que se cruzaron por Telegram muestran su confianza en que podrán condicionar a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que envíe la causa a los tribunales federales de Capital Federal, en Comodoro Py.

En otros audios queda a la vista cómo jueces, fiscales y directivos de Clarín comparten ideas para fijar una coartada que parezca creíble -proponen y desechan la versión de que habían llegado a Bariloche para un viaje de pesca con «mosca», al no ser temporada-, y además aceptan adulterar pruebas al proponer comprar recibos o facturas antedatados para argüir que los pasajes en avión y la estadía en la estancia no eran regalos.

En los mensajes de voz figuran amenazas hacia el titular de la PSA, José Glinski, a quien el ministro porteño D’Alessandro dice que meterá preso si Juntos por el Cambio llega a la Presidencia («Tengo la mejor alcaidía para que le den una linda bienvenida»); también hay cuestionamientos con palabras insultantes hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y promesas de ejercer violencia física sobre los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, ambos del FdT, en este caso realizados por el titular de la sala II de Casación, Carlos Mahiques, aficionado al boxeo.

Consultados por Télam sobre las filtraciones, tanto Tailhade como Valdés lo calificaron como un escándalo de proporciones históricas por la participación de «jueces, funcionarios (de CABA) y directivos de Clarín», en referencia a Rendo y Casey (sobrino de Héctor Magnetto), al tratarse de «la prueba más contundente de la estructuración de una connivencia mafiosa entre Clarín, jueces y fiscales argentinos, y el partido oficial de la derecha, que es el PRO».

Tailhade, abogado penalista de profesión, planteó que el contenido del grupo de Telegram compartido por Ercolini, Yadarola, Mahiques y Cayssials justifica «abrir una causa por dádivas contra los jueces que viajaron y contra el propio fiscal general (de CABA, Juan Bautista Mahiques), porque está muy claro que éste fue un viaje de fidelización organizado y pagado por Clarín para estos magistrados, que en muchos casos ya han tenido intervenciones en temas de Clarín».

En cuanto al debate legal sobre la validez como prueba de una filtración periodística basada en un hackeo, el legislador consideró que los involucrados en este episodio «van a plantear la nulidad de esa prueba y va a ser una discusión profunda, pero cuando hay en juego asuntos de interés público, como en este caso, se deben privilegiar antes que la privacidad de las personas».

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