Villa Dolores: se realizó la audiencia de apelación por los defensores ambientales imputados

“Nos fue muy bien porque los abogados pudieron plantear con claridad la falsedad de la acusación y que violentaron el derecho a defensa al no citar a nuestros testigos”, dice Marcela Martin, una de las imputadas por amenazas en la causa que tiene a dieciocho imputadxs, de los cuales seis fueron elevadxs a juicio por la fiscal de Cosquín -Paula Kelm- en junio de este año.

Fue un 13 de agosto del año 2022, cuando reunidos en una asamblea general de organizaciones por el tema de la Autovía en la plaza de Cosquín, vieron pasar al ex intendente de esa localidad, Gabriel Musso, quién se sentó en un bar, cuya ventana daba a la plaza. A partir de esta situación, decidieron trasladarse hasta allí y manifestarse con cánticos de repudio hacia el ex intendente por su complicidad con el proyecto de la Autovía. Por ese hecho, se armó una causa en la que salen imputados tres con la acusación de amenazas y otros por resistencia a la autoridad.

La audiencia del lunes 29 de julio fue una posibilidad para exponer también que la fiscal de Instrucción de Cosquín, sólo tomó declaraciones a los testigos del ex intendente, mientras que el resto nunca fue tenido en cuenta.

“En segundo término -explica Marcela- la denuncia por amenazas es falsa. Los únicos que dicen que amenazamos son el intendente y sus dos funcionarios. Los mozos y los policías que entraron al bar ese día y atestiguaron en la causa ofrecidos por ellos, dijeron que no hubo amenazas.

La criminalización de la protesta, una vez más aparece como una lógica de la justicia que se está haciendo recurrente: “en el expediente no hay pruebas, por eso pedimos el sobreseimiento en Villa Dolores. Tienen hasta diez días hábiles para expedirse. Si lo niegan, vamos a juicio a Cruz del Eje”, agrega Marcela.

Cronología del conflicto

La lucha de las organizaciones ambientales que se nuclearon para dar cuenta de los graves impactos que genera la mega obra de la Autovía de Punilla, lleva el tiempo de aquel primer amparo ambiental del año 2017, que nunca se resolvió. Continuó con la denuncia penal en el 2018 a la Jefa Comunal de San Roque -Rafaela Espinoza- y las audiencias públicas del mismo año, donde la ciudadanía se expresó en relación a lo que en principio era un proyecto. En aquella oportunidad, el 80% de las personas se manifestaron en contra del inicio de la obra, y fue la audiencia pública más participativa desde que la ley exige este mecanismo en la provincia de Córdoba. Sin embargo, sin la licencia social otorgada, se habilitó la licencia ambiental para el primer tramo de la autovía.

En el año 2021, con la virtualidad de por medio, comenzaron las audiencias públicas para opinar por el “Estudio de Impacto Ambiental”, que propuso la constructora del proyecto Alternativa Ruta 38. El estudio fue rechazado en un 90%, la licencia social nunca fue dada, y hubo un acuerdo extendido con fundamentos sobre el por qué esto conllevaría a grandes impactos irreversibles para el ecosistema -natural y cultural- ya degradado de la región.

En el año 2022, comenzó la segunda etapa de la obra y los vecinxs de la zona de Molinari se organizaron en un acampe para visibilizar el daño que implicaba continuar con este mega proyecto de infraestructura. Sin embargo, el día 10 de mayo del año a las 3:40hs. de la madrugada, fueron desalojados de manera violenta por la policía de Córdoba.

En la semana de aquel brutal desalojo, -el 17 de mayo-, en el marco de la represión en el  Puente La Candelaria de la localidad de Molinari, se llevaron detenida a una vecina, quien sería la primera de varias presas y presos por luchar en defensa de ese territorio.

Eugenia, vecina del Valle de Punilla e integrante de la organización Pan y Caramelo, se refirió -en una entrevista por los dos años del acampe de Molinari-, a las familias que fueron desalojadas para poder avanzar con la obra, cómo fueron destruidos los sitios sagrados de las comunidades originarias, y cómo fueron afectadas las infancias con las constantes detonaciones efectuadas:  “el caso de Fran, por ejemplo, donde se puso en riesgo su vida”, recuerda, y así a tantas otras niñeces a quienes se les arrebató la posibilidad del derecho a una vida sana.

La Autovía en Punilla se inició mediante la violencia. Esta mega obra que responde al plan de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y al Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), son instancias de decisión política donde se pretende implementar la integración de la infraestructura de América del Sur, a costa del despojo de los pueblos por los que atraviesan estos mega proyectos. La lógica del modelo extractivista, hace décadas que requiere de sus circuitos de traslado de mercancías y se materializa en la infraestructura para la conectividad entre países y grandes zonas productivas hacia los puertos para la exportación de las materias primas.

Este proyecto de integración está orientado en beneficiar a determinados sectores de la sociedad, generando un impacto negativo en la vida de las comunidades locales y los ecosistemas naturales. Hoy, la autovía sigue perpetuando la  destrucción de todo tipo de vida a su paso: “en plena ilegalidad y amparada por un sistema de justicia corrupta”, aseguran desde la organización -Pan y Caramelo-, ex brigada Territorial Yuspe.

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La red nunca deja de tejerse. El lunes 29 de julio, en las escaleras de los tribunales de Villa Dolores, la solidaridad se hizo presente en ese afuera de la justicia. Hay una escena que se vuelve a armar en los bordes de cada relato judicial: aquel sostén tan necesario de la comunidad que da el impulso y la seguridad colectiva para seguir adelante.

*Fotos Cintia Ritcher