Así lo señaló a nuestro medio el Presidente del bloque de la UCR, Matías Gwodenovich.
El proyecto se presenta con el objetivo de plantear una alternativa de adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), instituido en el Título VII de la Ley Nacional 27.742, que refleje coherencia y respeto a nuestro marco normativo interno y resguarde el ejercicio de competencias provinciales, por tratarse de un marco de incentivos que, debido a su extensión temporal, compromete al menos siete gestiones de gobierno.
En diálogo con CDM Noticias, Gwodenovich expresó que uno de los puntos que hace ruido es que se presenta sobre tabla y deja lugar a muchos grises, dándole al Ejecutivo discrecionalidad.
«Estamos de acuerdo pero queremos que se incluyan las automotrices, que se deje en claro sobre la prohibición de minería, que se cuide el ambiente. Queremos que se trate en comisiones. Pero en caso de que no suceda vamos a querer agregar artículos en relación a esos puntos»
Escuchá la entrevista:
Para el presidente del bloque, el gobierno de Llaryora no arrancó y mandó un proyecto sin mucho contenido. «Estamos a favor de las grandes inversiones pero no se ve si le van a dar beneficios a las empresas cordobesas»
Los puntos del proyecto de la UCR
En ese marco, se propone su alcance a las inversiones desarrolladas en los sectores previstos en la Ley 27.742, con excepción de la minería, en atención a las prohibiciones que rigen en la normativa provincial, y haciéndolo extensivo al sector metalmecánico, de vital importancia para el desarrollo de Córdoba. Con relación a proyectos del sector turismo a desarrollarse en los valles de nuestra provincia, vemos necesario analizarlo con mayor profundidad por medio de una ley especial que garantice el desarrollo de la actividad con criterios de sostenibilidad y sustentabilidad.
A su vez, planteamos su aplicación a proyectos impulsados por proveedores locales donde el Poder Ejecutivo incluso podrá disponer inversiones de menor cuantía para acceder al régimen de incentivos.
Por otro lado, consideramos de extrema relevancia, en atención a la nulidad planteada en la ley nacional, que en el marco de la aplicación del RIGI se garantice en nuestra provincia el estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente. En ese sentido, los proyectos alcanzados deberán ser sometidos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, debiendo asegurar el derecho de acceso a la información y la participación pública reconocidos por el Acuerdo de Escazú, de rango supralegal en nuestro ordenamiento.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
