El gobierno nacional eliminó requisitos clave que regulaban las actividades turísticas en los 39 parques nacionales de Argentina. Según analiza Ramiro Quintanilla, periodista de El Resaltador, esta medida «implica mayor actividad de las empresas turísticas, no necesariamente más acceso para las personas». Entre los cambios, ya no será obligatorio que los acompañantes sean guías titulados, excepto en actividades de riesgo, y se flexibilizan prácticas como fotografía comercial, cabalgatas y navegación.
Quintanilla destacó que el argumento oficial —»acercar los parques a todos los argentinos»— contrasta con el riesgo ambiental: «Difícilmente se mantengan los parámetros de conservación si las empresas, motivadas por el lucro, explotan estos espacios». Los parques nacionales, como Ansenuza (Laguna Mar Chiquita) o Condorito en Córdoba, fueron creados para proteger ecosistemas únicos, no para ser intervenidos con fines comerciales.
Un ejemplo reciente alerta sobre los peligros: «La semana pasada, un helicóptero de la empresa Dragno ingresó en la Quebrada del Condorito. Si ahora se permiten vuelos turísticos, ¿qué pasará con especies como los cóndores?», cuestionó Quintanilla. Las resoluciones también autorizan «estructuras efímeras» —como miradores temporales—, lo que, según el periodista, «interviene lugares que deberían conservarse libres de impacto humano».
La crítica central radica en la priorización del negocio turístico sobre la conservación. «Sturzenegger habla de acceso, pero los parques ya son accesibles: se paga una entrada mínima y se puede recorrer libremente», aclaró Quintanilla. El verdadero cambio, señaló, es que «las empresas tendrán libertad para operar sin controles, y eso históricamente termina en degradación».
Las organizaciones ambientales temen un efecto dominó. «En cinco años veremos las consecuencias: más contaminación, perturbación de fauna y pérdida de biodiversidad», advirtió Quintanilla, citando el análisis de la compañera Anouk Rubini. La desregulación, insistió, «no responde a motivos ambientales, sino económicos».
Mientras el gobierno insiste en que las medidas dinamizarán el sector, la pregunta persiste: ¿quién garantizará la protección de estos patrimonios naturales? Para Quintanilla, la respuesta es clara: «Sin regulación estricta, los parques se convertirán en mercancía. Y cuando prima el lucro, la naturaleza siempre pierde».
