APROSS: fraude, un incendio sospechoso y 500.000 afiliados atrapados en un sistema cuestionado
Hablamos con Pecas Soriano, referente de esta lucha.
La Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS), que cubre a 620.000 empleados públicos de Córdoba, enfrenta su peor crisis: una investigación por fraude masivo con 28 detenidos —entre médicos, policías y exfuncionarios— y un incendio en su sede central que destruyó archivos clave justo cuando avanzaba la causa. Carlos «Pecas» Soriano, el médico que en 2017 hizo una huelga de hambre contra la institución, lo define sin rodeos: «No es una obra social, es un seguro de salud precario. Y 500.000 afiliados somos cautivos: pagamos de por vida, aunque no queramos».
El escándalo estalló cuando la Justicia descubrió una red que facturaba consultas a afiliados inexistentes, desviando millones. Pero dos días después de las detenciones, las llamas consumieron documentos en el piso 2 del edificio, donde se almacenaban expedientes bajo investigación. «¿Casualidad? El guardia justo no estaba», ironizó Soriano, mientras el fiscal José Bringas intenta reconstruir lo quemado. La sospecha de un encubrimiento crece: ya en 2017, las denuncias por malversación habían expuesto a APROSS como «caja chica» del gobierno, con $970 millones mensuales recaudados y sin control externo.
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Enfermos sin medicinas, prótesis que nunca llegan
La ley que rige a APROSS —la 9277, sancionada en 2006— la libera de cubrir tratamientos crónicos. Soriano relata casos desgarradores: «Un hombre postrado dos años esperando una prótesis de cadera; diabéticos sin insulina; cánceres que avanzan mientras la farmacia ‘espera autorización'». Él recibe dos llamadas diarias de afiliados desesperados. Aunque el directorio actual responde a sus reclamos, advierte: «No deberían necesitar de mí. El sistema está armado para recaudar, no para curar».
El incendio y las detenciones reavivaron el debate sobre una reforma urgente. Mientras el oficialismo habla de «transparencia», Soriano exige que los afiliados entren al directorio y se derogue la ley vigente: «Es una estafa legalizada. ¿Hasta cuándo seguirán robándonos la salud?». Con 500.000 cordobeses atrapados en este sistema —maestros, enfermeros, municipales—, la pregunta ahora es si la Justicia llegará hasta los responsables o si, como teme Soriano, «todo quedará en otro archivo quemado».
