Amenazas a defensores ambientales en Punilla: «Quieren silenciar la lucha por el territorio»
La comunidad indígena Nueve Lunas, en Córdoba, enfrenta una escalada de violencia y persecución judicial por su oposición a la Autovía de Punilla. El caso más reciente es el de Venus Awkan, uno de los seis defensores ambientales imputados en una causa judicial por protestar contra este megaproyecto, quien sufrió un violento episodio en su hogar el pasado 22 de abril. Según relató María Gigena, nahual (autoridad espiritual) de la comunidad, los atacantes ingresaron en repetidas ocasiones a la vivienda donde Awkan vive con sus hijxs menores, lo amenazaron con un cuchillo y se llevaron una computadora portátil que contenía información clave para su defensa legal. «Entraron como dos o tres veces a la casa, le robaron la netbook donde tenía todas las pruebas de lo que pasó en Cosquín cuando imputaron a los ambientalistas», denunció Gigena en diálogo con Una Radio Muchas Voces.
Lo ocurrido con Awkan no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón de persecución contra quienes se oponen a la Autovía de Punilla, un proyecto impulsado durante la gestión del exintendente de Cosquín Gabriel Musso y que ha sido cuestionado por su impacto ambiental y su avance sobre territorios indígenas. La causa judicial en la que están imputados los seis defensores —elevada a juicio por la fiscal Paula Kelm y el juez Ramiro Núñez— ha sido calificada por las comunidades como «armada», ya que, según sostienen, busca criminalizar la protesta social bajo falsos cargos de agresión. «Es una causa armada porque no es por la protesta en sí, sino que dicen que fueron agresivos. Quieren callarnos», afirmó Gigena.
Pero la violencia no se limita a los tribunales. Cuando Awkan intentó denunciar el robo y las amenazas en la comisaría de Capilla del Monte, se encontró con un nuevo muro de impunidad. Según narró Gigena, quien lo acompañó en el trámite, las autoridades policiales los hicieron esperar durante horas sin tomarles la declaración. «Fuimos a las dos de la tarde y recién a las seis nos dijeron que no nos podían atender, que había muchos problemas. Al día siguiente volvimos y recién nos tomaron la denuncia a las seis de la tarde», detalló. Peor aún: la denuncia fue derivada a la misma fiscalía de Cosquín que lleva la causa contra los ambientalistas, lo que genera un claro conflicto de intereses. «Es sospechoso. ¿Por qué no ordenaron un allanamiento para recuperar la computadora si el agresor es un vecino conocido?», cuestionó Gigena.
La situación de Awkan refleja la vulnerabilidad extrema en la que quedan lxs defensorxs ambientales e indígenas en Córdoba. Además del riesgo físico, la amenaza ha tenido consecuencias emocionales y familiares profundas: sus hijxs menores ya no pueden estar en su hogar por temor a nuevas agresiones. «Él no puede verlos ahora, no puede estar con ellxs. Pedimos medidas de protección, pero no hay respuestas», explicó Gigena. Esta falta de garantías contrasta con la rapidez con que avanzan las causas judiciales contra quienes protestan, un doble estándar que, según las comunidades, evidencia la complicidad entre el poder político, el judicial y los intereses detrás de la autovía.
El conflicto por la Autovía de Punilla no es solo ambiental, sino también cultural. La obra se construyó sin consulta previa a las comunidades indígenas, como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y arrasó con sitios sagrados y bosques nativos. «No es que no queremos desarrollo, pero había un proyecto alternativo con menos impacto que ignoraron. Quemaron el monte, pasaron por encima de nuestros lugares sagrados», señaló Gigena. Aunque en 2023 el gobierno provincial realizó una diplomatura sobre ordenamiento territorial con participación indígena, esas discusiones no se tradujeron en políticas concretas. «La consulta previa es un derecho internacional, pero aquí no se cumple», remarcó.
Frente a la desprotección estatal, las comunidades han buscado apoyo en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y en organismos de derechos humanos. Juan Yacobs, secretario de la CTA Punilla, ha acompañado las gestiones legales, pero las respuestas siguen siendo insuficientes. Además, la representación indígena en Córdoba está fracturada: el Consejo Provincial de Córdoba Indígena, creado para articular las demandas de los pueblos originarios, está dominado por comunidades afines al gobierno y no incluye a todas las voces. «No nos representan. Por eso elevamos denuncias internacionales: cuando el Estado no escucha, no nos queda otra», afirmó Gigena.
En este contexto, los medios comunitarios se han convertido en un espacio clave para romper el cerco de silencio. «El apoyo de las radios es vital; sin eso, esto quedaría en la impunidad», destacó Gigena. Pero la lucha va más allá de un caso puntual: es una defensa del territorio como espacio de vida y cultura. «Somos protectores de la naturaleza por nuestra cosmovisión. No somos violentos, pero no nos van a silenciar», cerró la autoridad indígena. Mientras la Autovía de Punilla ya está inaugurada, las heridas que dejó su construcción siguen abiertas, y la resistencia —a pesar de las amenazas— no se detiene.
Escuchá la entrevista completa acá:
Notas relacionadas
