«La fusión de INTA, INTI y CONAE, ¿optimización del gasto público o desmantelamiento estratégico?

Introducción

Recientemente se dió a conocer la noticia de que el gobierno quiere fusionar el INTI con el INTA, e incluso mencionando también a la CONAE, creando el “INCyTDE”. 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) son tres instituciones emblemáticas del sistema científico-tecnológico argentino. Creados en distintas etapas (el INTA en 1956, el INTI en 1957, y la CONAE en 1991 sucediendo a organismos previos), cada uno tiene un rol fundamental y específico crucial para el desarrollo nacional:

• El INTA, dedicado a la investigación y extensión tecnológica para el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, buscando mejorar su competitividad y sostenibilidad.
• El INTI, enfocado en acompañar el desarrollo de la industria nacional a través de la innovación, la asistencia técnica, la certificación de calidad y la metrología.
• La CONAE, responsable del diseño, ejecución y control del plan espacial nacional, desarrollando satélites y tecnología espacial con fines pacíficos y productivos.

Contexto internacional

Es relevante notar que la existencia de organismos estatales especializados y robustos en estas áreas no es una particularidad de nuestro país, sino una práctica común en numerosos países que invierten estratégicamente en ciencia y tecnología. A modo de ejemplo:

• Agropecuario: Brasil cuenta con Embrapa (Empresa pública Brasileira de Pesquisa Agropecuária), un referente regional con aproximadamente 8.500 empleados. En Francia, el INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) es el resultado de institutos previos, emplea a cerca de 12.000 personas. El Servicio de Investigación Agrícola (ARS) en Estados Unidos tiene alrededor de 8.000 empleados. NARO (National Agriculture and Food Research Organization) de Japón cuenta con más de 2.500 empleados y una superficie agrícola 35 veces menor que la de Argentina.
• Industrial/Tecnológico: Estados Unidos opera el NIST (National Institute of Standards and Technology) con unos 3.400 empleados directos, vital para estándares y tecnología. Alemania, a través de la Fraunhofer-Gesellschaft, líder en investigación aplicada con fuertes lazos industriales, moviliza a más de 30.000 empleados en su red de institutos. Alemania también tiene el PTB, instituto dedicado a la metrología, con más de 2.000 empleados. En Japón el AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) cuenta con alrededor de 13.000 empleados.
• Espacial: agencias como la CNES francesa (aprox. 2.400 empleados), la ISRO india (con cerca de 17.000 empleados) o la DLR alemana (unos 10.000 empleados para aeronáutica y espacio), y por supuesto la NASA estadounidense (con aproximadamente 18.000 empleados directos más contratistas), evidencian la magnitud de la apuesta estatal en el sector espacial a nivel global.

Teniendo en cuenta la extensión geográfica y la diversidad productiva de Argentina, estos datos permiten poner en perspectiva los aproximadamente 7.000 trabajadores/as del INTA, los 3.000 del INTI y los 650 de CONAE-VENG, frente a la importancia que otras naciones, tanto desarrolladas como emergentes, le otorgan a instituciones dedicadas a funciones análogas.

La propuesta de fusión gubernamental

La propuesta del Gobierno de Javier Milei de fusionar estos tres pilares en un nuevo ente – el Instituto Nacional de Convergencia Tecnológica y Desarrollo Estratégico (INCyTDE) – ha generado profunda preocupación. Si bien el discurso oficial habla de «optimizar recursos» y «generar sinergias», para muchos trabajadores y especialistas los diversos factores anunciados indican un plan de desmantelamiento. Anunciado por el Ministro de Economía, Luis Caputo, a la Mesa de Enlace agropecuaria y enmarcada en el Decreto 70/2025, la creación del INCyTDE buscaría “integrar” la investigación agropecuaria, industrial y espacial. La respuesta de los trabajadores fue inmediata: la Asociación del Personal del INTA (APINTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en representación del personal del INTI y de la CONAE se declararon en estado de alerta, denunciando el riesgo de perder especificidad, capacidades y puestos de trabajo. La fusión afectaría directamente a una masa crítica de más de 10.000 trabajadores.

Antecedentes que refuerzan la tesis del desmantelamiento

La preocupación se fundamenta en acciones previas que ya han debilitado a estas instituciones:

a) Retiros voluntarios costosos: tanto INTA como INTI han sufrido procesos de «retiros voluntarios». Lejos de ser una medida de ahorro, implican un gasto significativo para el Estado en costosas indemnizaciones. En INTI, se estima que estos retiros afectaron cerca de un 30% del personal. Desde las entidades gremiales señalan que el objetivo no era la eficiencia fiscal sino descapitalizar las instituciones perdiendo personal calificado sin un plan de recomposición. En muchos casos las/os especialistas «retirados» contaban con destacadas trayectorias científicas y técnico-profesionales, representando un alto costo en el mediano y largo plazo en capacidades perdidas. Fue, en la práctica, financiar con fondos públicos el propio debilitamiento institucional.

b) Venta de activos: la subasta pública del histórico edificio del INTA en CABA por 18,5 millones de dólares es vista como liquidación del patrimonio y no como gestión eficiente, siendo a su vez un ejemplo de enajenación de bienes estatales con beneficiarios cercanos a los intereses de los propios liquidadores.

c) Recorte presupuestario: la fusión se da en un contexto de fuerte ajuste en ciencia y tecnología (CyT), afectando también al CONICET, a las universidades nacionales y a otros organismos del ecosistema tecnológico nacional (que incluso en algunos casos eran generadores de dólares por la exportación con alto valor agregado en desarrollo y conocimientos al mundo).

Impacto proyectado en sectores estratégicos

La fusión amenaza con diluir décadas de especialización y la articulación con sectores clave de la economía nacional:

INTA: riesgo para la competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario, afectando gravemente a la extensa red de agencias de asistencia y transferencia tecnológica, las que forjaron a lo largo de décadas una integración virtuosa con las economías regionales del país. Dichas economías regionales son las principales proveedoras del mercado interno (actualmente en reemplazo por la creciente importación de alimentos manufacturados con la excusa del «menor precio en góndolas»), y también lograron un lugar destacado como exportadoras de reconocidos productos con valor agregado .  

INTI: riesgo para la asistencia tecnológica al sector PyME, las que representan aprox. el 98% del total de empresas del país y emplean aprox. al 65% de los asalariados registrados (hoy también en grave riesgo de sostenibilidad por el fuerte descenso del consumo interno, y la baja o eliminación de aranceles a la importación industrial, incluso de «maquinaria usada extranjera» para la reventa en nuestro país). Además, la apresurada «desregulación» ocasionará la pérdida de trazabilidad y control en los protocolos de calidad de insumos críticos para la industria automotriz, alimenticia, de la construcción, de la energía, e incluso en servicios cotidianos que llegan a los consumidores finales (metrología legal).

CONAE: riesgo para la continuidad de los proyectos espaciales estratégicos que nos permiten sostener la soberanía tecnológica, con amplio reconocimiento internacional respecto del desarrollo y lanzamiento de satélites para observación de la Tierra y la construcción de estaciones terrestres (para lo cual ha colaborado con la NASA y otras agencias espaciales). Estos desarrollos implican la formación de recursos humanos calificados y procesos de calidad que también son capitalizados por otras empresas e instituciones vinculados al sector espacial nacional.

La «fusión forzada» sin lugar a dudas va a desdibujar misiones, dificultar el funcionamiento  y la integración sectorial y desaprovechar sinergias existentes que podrían potenciarse por otras vías, como líneas de financiamiento para proyectos conjuntos entre los organismos de CyT nacionales.

Análisis crítico: más allá de la eficiencia

La propuesta de “fusión” se interpreta como una manifestación de la visión del gobierno actual, que enuncia al Estado como un problema (aunque lo necesitan para reconfigurarlo de acuerdo a sus intereses económicos e ideológicos), y a la inversión pública en CyT como un simple «gasto» a recortar. Con el argumento de la «eficiencia» pretenden ocultar una estrategia de desmantelamiento de amplios sectores estatales. La aplicación indiscriminada de la «motosierra» sobre instituciones científicas representa un ataque al conocimiento y al desarrollo autónomo, algo que será económicamente contraproducente a mediano y largo plazo al destruir capacidades valiosas que nuestro país supo crear y recrear a lo largo de décadas de esfuerzo nacional.

Conclusión

La fusión es percibida por trabajadoras y trabajadores, pymes, especialistas y científicos de todo el país como un paso más en el desmantelamiento de la capacidad científico-tecnológica del Estado argentino, más que una simple reorganización. Los antecedentes de retiros voluntarios costosos (como los que afectaron significativamente al INTI), la venta de patrimonio y el ajuste presupuestario general refuerzan esta visión crítica. La medida amenaza no solo miles de puestos de trabajo calificado, sino también la continuidad de líneas de investigación y desarrollo cruciales para la agroindustria, la industria nacional y la soberanía espacial, hipotecando el futuro productivo y científico de Argentina en nombre de un ajuste fiscal de corto plazo y una visión ideológica que subestima el rol estratégico del conocimiento y fomenta el endeudamiento del país.