La Corte Suprema confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner
El fallo de la Corte convalida un proceso judicial que interfiere en las dinámicas de la política y da de lleno contra la institucionalidad democrática.

El CELS* se expresó ante la confirmación de la condena a la ex vicepresidenta.
Este 10 de junio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la conocida “causa Vialidad”, con las firmas de sus tres jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En la causa judicial se investigaron delitos de corrupción pero no se probó la participación directa de la expresidenta. Este juicio fue señalado ya por presentar serias irregularidades y vulneraciones al debido proceso. Una decisión de este tipo profundiza la crisis de credibilidad del Poder Judicial que debe investigar con imparcialidad, seriedad y solvencia hechos institucionales graves para la vida democrática.
El fallo convalida la interferencia del poder judicial en las dinámicas de la política y deteriora la institucionalidad democrática. Las consecuencias de esta decisión son evidentes: implica la imposibilidad de que la referenta más importante de la oposición se presente como candidata. La decisión impide a la ciudadanía optar por una de las principales candidatas y compromete el ejercicio de derechos políticos. La maniobra de proscribir a referentes en el marco de las contiendas electorales es parte de una historia -que atravesó a la región y a nuestro país- y reedita el desprecio por las instituciones y la participación popular.
La democracia en nuestro país atraviesa un proceso de degradación que no es nuevo, pero se profundizó en los últimos años. No solo por la política estatal que profundiza la desigualdad, el aumento y uso desmedido de las áreas abocadas a la represión y la inteligencia sobre partidos y organizaciones, el hostigamiento a periodistas, sino también por el rol reprobable del Poder Judicial, en especial de la justicia federal. Sin ir más lejos, el juez a cargo de la instrucción de la causa Vialidad fue uno de los que participó del viaje a Lago Escondido. Y también aquellos que confirmaron la sentencia tienen relación directa con quien era presidente en ese momento, Mauricio Macri. Lo mismo puede decirse frente a investigaciones de corrupción o inteligencia política ilegal que comprometen a dirigentes de otros partidos políticos que nunca avanzaron o se cerraron inmediatamente, o frente a las demoras e irregularidades de la investigación del atentado contra la expresidenta. En este fallo, en cambio, los tiempos de decisión de la Corte Suprema son inéditos a diferencia de otros casos que demoran absurdamente, como las confirmaciones de sentencias por juicios de lesa humanidad o causas judiciales con planteos de inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia del actual gobierno.
Es parte de este mismo problema político institucional el hecho de que los cortesanos hayan evitado analizar la causa en profundidad y que una decisión de esta trascendencia tenga fundamentos escuálidos.
No es nueva esta forma de actuar, pero se vienen perfeccionando las contorsiones jurídicas y argumentales para el encarcelamiento de personas dedicadas a la política, en el marco de un clima de hostigamiento creciente contra los opositores.
* El Centro de Estudios Legales y Sociales es una organización de derechos humanos argentina creada en 1979, durante la última dictadura militar, que promueve la protección de los derechos y su ejercicio efectivo, la justicia y la inclusión social, a nivel nacional e internacional.