El Gobierno avanza con despidos en el INTA tras el rechazo del Congreso y una orden judicial en contra

En un movimiento que desafía abiertamente al Poder Legislativo y al Judicial, el Gobierno nacional procedió anoche a pasar a disponibilidad a 287 trabajadores de organismos dependientes de la Secretaría de Agricultura, en especial del INTA. La medida se conoció horas después de que el Senado rechazara, por amplia mayoría, el decreto de necesidad y urgencia (DNU 462/2025) que reformaba estas instituciones y de que la justicia federal hubiera ordenado una cautelar que prohíbe cualquier innovación en su estructura por seis meses.

Sebastián Fajardo, delegado de ATE-INTA, calificó la decisión como “un manotazo de ahogado del gobierno” tras la “derrota importante” sufrida en el Senado. En declaraciones a Radio Ferroviaria, Fajardo explicó que el listado de pase a disponibilidad es “bastante grande” y afecta a “estructuras y lugares centrales del INTA que marcan un claro desguace, un vaciamiento del Instituto, y lo ponen en un estado herido de muerte prácticamente”.

Entre los afectados se encuentra el Director Nacional del organismo, Ariel Pereda, un cuadro de carrera definido por concurso, así como directores experimentales y de institutos. Fajardo destacó que “no se han salvado los delegados gremiales, ninguno de los sindicatos”, lo que evidencia un avance generalizado. El pase a disponibilidad, según detalló, es un mecanismo que, si bien no es un despido inmediato, coloca a los trabajadores en un limbo de entre seis y doce meses donde perciben alrededor del 50% de su salario y deben buscar recolocación en otro organismo estatal, algo que en el contexto actual resulta casi imposible.

Guillermo Cordes, secretario general de APINTA, coincidió en el análisis y contextualizó el ataque sistemático del gobierno contra el organismo. “Este gobierno sumió, sí, ya inició con acciones en contra de todo lo de ciencia y tecnología, y en eso obviamente el INTA ha sido uno de esos blancos de ataque, ha sido sistemático”, afirmó. Cordes recordó que el DNU 462/2025, ahora derogado, rompía con la estructura de origen del INTA, su gobernanza público-privada y su condición de organismo autárquico, para convertirlo en un organismo desconcentrado, otorgando poder absoluto a su presidente.

La resolución del Ministerio de Economía que ejecuta los pases a disponibilidad (Resolución 1240/2025) fue firmada por Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial con fecha 21 de agosto. Se basa expresamente en el decreto 462, que el Congreso acaba de derogar, y en el decreto 585/2025, que aún no está vigente. Esto la sitúa, según los representantes gremiales, en un marco de total ilegalidad e inconstitucionalidad.

Ambos fueron entrevistados por Virginia Artaza desde Radio Ferroviaria, y destacaron la flagrante desobediencia del Poder Ejecutivo a los otros dos poderes del Estado. Fajardo señaló que el gobierno “desconoce plenamente lo que definió el Parlamento como uno de los poderes centrales de la democracia” y también una cautelar judicial, “demostrando un claro sesgo autoritario, poco democrático”. Cortes fue aún más lejos en su caracterización: “Esto nos remonta a la época más oscura de la Argentina, con respecto al llamado proceso de reorganización nacional, la dictadura militar, digamos, esas maneras de comunicarse, de proceder”.

La notificación, enviada por correo electrónico pasada la medianoche, fue descrita por los entrevistados como una acción deliberada que genera angustia e incertidumbre. Fajardo recordó que, además de los trabajadores de planta permanente afectados por esta medida, existe una situación aún más precaria para los compañeros en planta transitoria, becarios o contratados, quienes “pueden avanzar hasta directamente el mes que viene no cobrar”.

A pesar del escenario desolador, ambos dirigentes transmitieron un mensaje de fortaleza y resistencia. Fajardo destacó “la autoestima muy alta” de los trabajadores, la “demostración de fuerza histórica” en las calles y el amplio apoyo recibido desde el Parlamento, la justicia y “distintos sectores que bancan al INTA, como organizaciones rurales, de productores”. Concluyó afirmando que “sentimos que estamos en un momento de alza de la pelea” y que “sabemos que este gobierno tampoco tiene mucho más margen para seguir con su plan”.

Cordes, por su parte, enfatizó el intenso trabajo de concientización realizado por los gremios ante diputados y senadores de todas las provincias, que fue parte en el rechazo legislativo al DNU. “Sabemos quiénes votaron en contra, sabemos, y no nos vamos a olvidar quienes fueron”, afirmó, subrayando el desgaste que esta lucha implica para los trabajadores que la sostienen.

La medida del Ejecutivo no solo profundiza la crisis institucional al ignorar las decisiones de los otros poderes, sino que pone en jaque la continuidad de un organismo clave para el sector agropecuario y la soberanía alimentaria nacional, enviando un mensaje de profunda inestabilidad a sus más de 6.000 trabajadores.