En el marco de una fecha emblemática para la memoria argentina, el aniversario de la Noche de los Lápices, organizaciones de derechos humanos de Córdoba alertan sobre la persistencia de la violencia institucional y la criminalización de la protesta social. Mabel Sessa, abogada integrante de la Guardia Jurídica de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, detalló los fundamentos de una denuncia presentada contra el fiscal Ernesto Rafael de Aragón y las fuerzas policiales por la detención de quince manifestantes durante una movilización el pasado 28 de agosto.
La denuncia, presentada por varios organismos, se basa en los hechos ocurridos durante esa jornada, donde quince manifestantes, entre ellos el secretario general de ATE y CTAA, Federico Giuliani, fueron detenidos en un operativo considerado desmedido. Sessa explicó que la presentación judicial incluye cargos por «criminalización de las protestas sociales reiterada, maltrato, abuso de autoridad y violencia institucional, contra todos los que actuaron en ese operativo», haciendo especial hincapié en la actuación del fiscal de Aragón, a quien se le atribuye la aplicación arbitraria de un protocolo antipiquete.
Respecto a este protocolo, la abogada fue contundente al señalar su falta de sustento legal: «Ellos aplican un protocolo antipiquete, que es bastante complicado en el sentido de que no está legislado, sino que se basan en una jurisprudencia de la cual poco se conoce». Subrayó que su implementación se realiza sin consulta a los organismos de derechos humanos y que, judicialmente, no es una facultad que competa al poder judicial, sino al legislativo. «Este abuso, esta criminalización de las protestas, nosotros consideramos que no se puede naturalizar», afirmó.
La denuncia no se limitó al ámbito judicial. También se realizó una presentación específica para investigar la conducta de los efectivos policiales intervinientes ante el organismo de control disciplinario de la fuerza de seguridad pública y ciudadana de la provincia. Sessa fundamentó esta acción en los datos recolectados «de los trabajadores, de los manifestantes, de la familia de Federico y de ATE específicamente», destacando que «además hubo lesiones y lesiones graves».
Al referirse a la situación particular de Federico Giuliani, Sessa indicó que sigue procesado, aunque aclaró que cuenta con sus propios abogados defensores. Criticó la utilización de causas previas para justificar su detención, mencionando que en una de ellas «ya había sido exigida por la justicia, por la Cámara de Acusación, había salido un fallo en el cual había desligado de todo tipo de responsabilidades». Alertó sobre la aplicación selectiva del protocolo, señalando que «se aplica especialmente a ciertos sectores y a ciertos dirigentes gremiales, sobre todo a la gente de las organizaciones sociales que reclaman por su situación de vulnerabilidad» y no en otras marchas más numerosas.
La Guardia Jurídica, conformada a principios de 2024, se presenta como una herramienta de contención legal ante estos casos. Sessa detalló que su función es estar atentos «a cualquier situación de violencia institucional que ocurriera en las marchas» y que realizan diversas acciones legales como «presentaciones judiciales, habeas corpus, presentación de amicus curiae». El colectivo, integrado por abogados y otros miembros de la Mesa, realiza esta tarea de manera voluntaria y planea una convocatoria ampliada para sumar más colaboradores.
Finalmente, Sessa conectó la lucha actual con la conmemoración del 16 de septiembre, invitando a la movilización convocada por la Comisión de Juventudes de la Mesa de Derechos Humanos a las 17 horas en Colón y Cañada, ciudad de Córdoba. La abogada remarcó la importancia de recordar «para que no se vuelva a repetir, aunque parece que así va a ser lamentablemente, todo lo sucedido» en La Plata en 1976, vinculando directamente la reivindicación histórica del boleto estudiantil con las demandas por el derecho a protestar en el presente.
