Una jornada de contrastes en la audiencia por el hotel del perilago

La audiencia convocada por la Cámara Civil, Comercial, Trabajo y Familia de Cruz del Eje para intentar una conciliación en el amparo ambiental que frenó la construcción del complejo hotelero en el perilago terminó siendo el reflejo más claro de la asimetría con la que se vienen procesando las cosas en este conflicto. Mientras del lado de los impulsores del proyecto desembarcaron en los tribunales más de cuarenta funcionarios y especialistas de distintas reparticiones provinciales, del otro lado apenas unas pocas personas pudieron ingresar a la sala por la Comunidad Tulián y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Marcos Sierras.

La jornada había comenzado temprano con una inspección ocular en el lugar de las obras. Según el comunicado público de la Asamblea, los equipos técnicos de la Provincia sostuvieron durante el recorrido que no existirían restos arqueológicos en el área. Pero al finalizar, el propio equipo de arqueología exhibió alrededor de diez cajas con materiales hallados en el sitio. Restos que estaban ahí, que contradijeron las afirmaciones previas y que confirmaron lo que las comunidades vienen denunciando desde el principio: esto no es un territorio vacío.

Ya en la sala judicial, a la que solo accedimos dos cronistas sin autorización para registrar con medios técnicos —el área de comunicación del municipio de Cruz del Eje sí sacó fotos—, el juez Omar Rene Sarich inició la audiencia con una consideración sobre la problemática ambiental subrayando que es de prevención. “Recibimos en una visita a la obra una explicación muy amplia”, dijo, y agregó: “Trataremos hechos y posiciones de interés para lograr un consenso. Las cuestiones de derecho ya están planteadas”.

Del otro lado de la mesa, María Laura Carrizo Morales, del equipo de abogadas de Mariela Tulián, planteó los ejes de la impugnación. “Hay fragilidades, contradicciones y vulneraciones en todo el estudio de impacto ambiental”, sostuvo. Enumeró la falta de consulta a la comunidad Tulián, que la obra está en zona roja de protección de bosques, la ausencia de participación ciudadana, contradicciones sobre la existencia de bienes arqueológicos y la falta de respuesta a pedidos de información. Invocó el acuerdo de Escazú y marcó la diferencia: la consulta a pueblos originarios “no se reduce solo a la consulta sino al consentimiento”.

El procurador del Tesoro, Mariano Armando Andruet, que fue coordinando las exposiciones en favor del proyecto, fijó la posición de la Provincia sin medias tintas. “Celebramos esta instancia, apoyamos de manera enfática la licencia otorgada”, dijo. Aseguró que todas las comunidades fueron notificadas de la audiencia pública y que hay comunidades que aprueban y trabajan en el proyecto. Sobre la inspección ocular, la ponderó como fructífera. Y luego sentenció: “Un acto del Estado no puede anularse por la justicia”.

El presidente del directorio de la Lotería de Córdoba (S.A.), David Mauricio Urreta, hizo un reconocimiento que no pasó desapercibido. “Después nos enteramos que hay una tercera comunidad”, admitió, y aclaró: “No ha sido intencional excluir”. Luego extendió una invitación: “Son bienvenidos a participar del proceso”. Explicó que el proyecto busca equidad territorial y que Lotería solo ocupará el 0,11 por ciento de la reserva Quilpo. “Queremos que exista una mesa abierta permanente y corregir lo que se crea que se está haciendo mal”, ofreció, y cerró: “Tenemos un equipo técnico y si en algo Lotería ha fallado pedimos las disculpas públicas”.

El primer testimonio de una de las comunidades que trabaja como veedora de la obra, llegó de la mano de Horacio Pereyra, de Toco Toco. “Mi bisabuela Delfina Rodríguez está enterrada ahí, no sabemos dónde”, dijo. Relató que en 2014 junto a Tay Pichin crearon la reserva arqueológica Guasapampa y aclaró que la zona no es roja y que el monte desmontado era muy chico. “Esto es histórico, es la primera vez que el gobierno de Córdoba ha escuchado a las comunidades indígenas”, afirmó y agradeció al poder judicial por darles intervención.

Capi Tulián sumó su testimonio: “Nosotros reconocemos este territorio como de ellos. Tenemos tres troncos familiares más dentro del consejo que reconocen a Toco Toco y no tenemos familia en ese sector, no tenemos injerencia los Tulián en ese sector”.

La fiscal Fabiana Pochettino precisó que «Estamos frente a un malentendido, no todavía conflicto”. Celebró la inspección ocular que no tenían al momento de dar lugar a la cautelar y la apertura de la provincia para instalar una mesa de diálogo. Además, agregó su posición general sobre el tema: “Es cierto que hay una protección al medio ambiente y a los pueblos originarios, pero también debe valorarse la obra pública de desarrollo”.

El intendente de Cruz del Eje, Renato Raschetti, habló desde una mirada más política. “Mi visión no es tan técnica, las obras de infraestructura son necesarias para el desarrollo”, expresó. Dijo que el hotel significa el inicio del desarrollo para la ciudad y que los cruzdelejeños pudieron expresarse en procesos avalados por la Universidad de Córdoba. “Quiero ser el vocero de una comunidad que debe salir de la frustración que tiene desde los años 70 cuando cerró el ferrocarril”, manifestó. En su discurso se extendió aún más sobre la historia de la fundación del dique de Cruz del Eje y aventuró que el presidente Arturo Illia apoyaría esta obra.

Mariela Tulián recordó que su comunidad frenó una empresa minera en 2014 y que en ese contexto surgió la reserva arqueológica Quilpo. Denunció que la Agencia Córdoba Cultura no respondió sus pedidos de informes y que el expediente debería haberse iniciado en Cultura, no en Ambiente. Puso el foco en el valor histórico del lugar: “En ese lugar no solo hay presencia indígena sino afro, esos sitios deben estar protegidos. La estancia Siguiman fue un lugar esclavista, en la zona del hotel (proyectado) estaban las mujeres y los hijos. El expediente no da cuenta de esto, le pido a la fiscalía que investigue, hablamos de seres humanos que fueron comercializados y reproducidos para su comercialización”. Cuestionó a las comunidades que fueron forzadas a firmar y advirtió: “Los riesgos de daño son irreparables. Esto no solo se trata de un hotel, el estudio de impacto ambiental dice que si la licencia es aprobada ya se aplica para futuros proyectos”.

Sobre el final, el equipo de arqueología que trabaja en la obra reconoció que el sitio forma parte del histórico Camino de las Carretas y Camino de las Estancias, vinculado a la antigua Estancia Siguiman y a la presencia de población afro esclavizada en la región. Una confirmación de la densidad histórica y cultural del territorio que vino a contradecir los informes previos, tal como quedó en evidencia cuando mostraron las cajas con materiales recolectados.

El juez Sarich sintetizó el nudo del conflicto antes de cerrar. “El agravio más importante es la falta de consulta y Lotería está proponiendo que participen en una mesa de diálogo para evitar daños a futuro”, señaló. Sin cuarto intermedio, la representación legal de Mariela Tulián declaró que rechazaban la propuesta y continuaban con la demanda. En un comunicado público destacaron que «el derecho a la consulta no puede reemplazarse por instancias posteriores cuando debió garantizarse antes de proyectar e iniciar las obras».

Mientras todo esto ocurría adentro, en la puerta de los tribunales una radio abierta con transmisión de Radio Garabato y Radio Quilpo acompañó las horas de exposición. Vecinos, asambleas ambientales de Córdoba, organizaciones políticas, sociales se sumaron a la vigilia. Al finalizar, las abogadas y Mariela Tulián salieron a informar públicamente lo acontecido.

Ahora resta esperar los próximos pasos judiciales. La Cámara deberá decidir si el recurso de amparo continúa su curso legal.