Luciana Gagliardo: “La audiencia pública por la ley de glaciares es vergonzosa y no cumple con la normativa”

La presidenta de Conciencia Solidaria, organización que formó parte del equipo técnico que impulsó la ley de glaciares en 2010, denunció las irregularidades en el debate impulsado por el oficialismo y advirtió sobre los riesgos de una reforma que, a su criterio, fragmenta los presupuestos mínimos de protección ambiental.

El miércoles se realizó la jornada presencial de la audiencia pública por la reforma de la ley de glaciares, en la que casi el 90% de los expositores se pronunció en contra del proyecto oficialista. Mientras la sala de comisiones del Congreso permanecía vacía, afuera se concentraban cientos de personas que no pudieron ingresar. Ayer se desarrollaba la jornada virtual, aunque las más de 100.000 personas inscriptas recibieron un correo indicando que debían enviar su ponencia por escrito o en video debido a la “capacidad colmada”. Para Luciana Gagliardo, vecina de la zona y referente de Conciencia Solidaria, el proceso es inválido.

“Es realmente bizarro lo que está aconteciendo en el Congreso. Claramente no es una audiencia pública conforme a la normativa, es perfectamente factible darla de baja”, sostuvo Gagliardo en diálogo con CDM Noticias. La organización que integra formó parte del equipo técnico original que impulsó la sanción de la ley en 2010. “Para mí ya roza lo extremo. Esas cosas no pasan desapercibidas”, agregó.

Gagliardo denunció que incluso personas que figuraban en las listas habilitadas no pudieron ingresar al recinto el miércoles, que estaba prácticamente vacío. “No solo que había un vallamiento, la situación afuera era espantosa, sino que parece que somos delincuentes porque vamos con un protocolo cumplido, nos anotamos y no nos dejan ingresar”, afirmó. En paralelo, señaló que una diputada a mandato cumplido pudo acceder sin estar inscripta por su “vinculación con el poder”.

La entrevistada cuestionó los fundamentos de la reforma impulsada por el Ejecutivo. “Lo que se busca es restringir la protección de los glaciares y el ambiente periglacial a un criterio de ‘funciones hídricas relevantes’. Es un ecosistema complejo, no podemos dejarlo librado al criterio político porque sabemos que es arbitrario y discrecional”, explicó. Advirtió que el proyecto pretende subordinar al Instituto Nacional de Glaciología y Nivología (IANIGLA) a decisiones provinciales, lo que desnaturaliza el inventario de glaciares.

Sobre el argumento oficialista que apela al federalismo, Gagliardo fue contundente: “Están mintiendo. Hablan de un federalismo de concertación, pero la ley de presupuestos mínimos lo que hace es mantener la seguridad jurídica. Delegar en las provincias esta facultad fragmenta el sistema y atenta contra los principios constitucionales de protección ambiental”.

Además, recordó que la actual ley de glaciares protege reservas estratégicas que abastecen a 12 provincias y de las que dependen 7 millones de personas. “Hablar de federalismo implica que un par de provincias con intereses mineros no tomen decisiones que nos perjudican a todos”, subrayó.

Por último, Gagliardo enumeró los tratados y fallos que, a su criterio, respaldan la ley vigente: el Acuerdo de Escazú, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, y la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2019 declaró la constitucionalidad de la ley. “¿Qué más necesitan los diputados para defender lo que tienen que defender y utilizar las dos neuronas que les quedan?”, concluyó.

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