La industria editorial se moviliza ante un nuevo intento de derogar la ley del libro
Librerías de todo el país alertan sobre el riesgo de desproteger la cadena de comercialización y la diversidad cultural
El sector editorial argentino se encuentra en estado de alerta. Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, reactivó el temor por la posible derogación de la Ley del Libro (Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera), vigente desde 2001. Esta normativa, que establece el precio fijo de los ejemplares en todo el territorio nacional, vuelve a estar en el centro de la discusión pública luego de que intentos similares quedaran truncos al inicio del actual gobierno.
La Ley del Libro no es un detalle menor para las más de 1.500 librerías que existen en el país. Su principal eje es que el precio de venta al público lo fija el editor, garantizando que un libro cueste lo mismo en una gran cadena de Buenos Aires que en una librería de Capilla del Monte. Beatriz Rojas, librera de Moby Dick, explicó que la norma permite que los pequeños comercios puedan participar en el mercado en igualdad de condiciones con las grandes superficies. «Los precios que manejamos en Capilla del Monte son los mismos que vas a encontrar en Ciudad de Córdoba, en Ciudad de Buenos Aires y en las cadenas que respetan la ley», afirmó durante una entrevista en CDM Noticias Radio.
El origen de esta ley se remonta a la crisis de 2001, como respuesta a la desregulación de los años 90. En aquella época, las cadenas y los supermercados comenzaron a concentrar la venta de libros y a manipular los precios, perjudicando a toda la cadena de comercialización. Rojas recordó que la regulación vino a «emprolijar» la forma de comercializar este producto, protegiendo no solo a los libreros, sino también los derechos de los autores y la supervivencia de las editoriales independientes.
Uno de los argumentos esgrimidos por los defensores de la desregulación es que los libros podrían bajar de precio. Sin embargo, desde el sector librero señalan una trampa en ese razonamiento. «Una gran concentración de capital lo que puede hacer es negociar el precio con las editoriales de otra manera», sostuvo Rojas, añadiendo que las grandes cadenas pueden comprar grandes fondos editoriales, pero que la ley les impide usar ese poder para hacer dumping y desplazar a las librerías de barrio. La verdadera intención, advierten, no es abaratar el costo para el lector, sino concentrar aún más el mercado.
Más allá del precio fijo, la ley incluye un beneficio impositivo crucial: el libro está eximido del impuesto al valor agregado. Rojas expresó su temor a que, en el marco de esta avanzada desregulatoria, se intente gravar el libro con IVA, como ocurre en otros países como Chile, donde el impuesto encarece significativamente el producto final. “El impuesto se traslada al precio del libro”, advirtió la librera, señalando que esa medida agravaría aún más la situación económica del sector y del consumidor.
La existencia de esta ley ha sido fundamental para el cuidado de la bibliodiversidad en el país. Desde su sanción, hubo un gran incremento tanto en la cantidad de librerías como de editoriales independientes. Rojas destacó que la norma permite que ediciones producidas en provincias, como Córdoba, puedan circular con el mismo precio y en igualdad de condiciones que los grandes bestsellers. Sin la ley, estas producciones corren el riesgo de desaparecer de las estanterías, acaparadas por las grandes cadenas que priorizan lo que más se vende.
En un contexto de crisis económica, donde el alto costo de los libros es un reclamo recurrente, Rojas hizo hincapié en valorar el trabajo detrás de cada ejemplar. “El libro tiene un precio justo”, afirmó, recordando que detrás de ese valor hay una industria que protege desde la gráfica hasta los derechos del autor. Además, alertó sobre el peligro de la concentración cultural: “La concentración siempre económica, de poder, ¿hacia dónde te lleva? Hacia la manipulación”, sentenció.
Para finalizar, la librera hizo una defensa apasionada del libro físico frente al avance de la digitalización, subrayando que la tecnología tiene dueños y que el patrimonio cultural no puede quedar sujeto a plataformas que manipulan el acceso a la información. “Yo sostengo la librería a morir. Es una batalla personal, pero no soy yo solamente, sino que te digo que en estos momentos hay una movilización enorme de gente que se dedica a sostener el libro preocupadísima”, concluyó, reflejando la inquietud de un sector que ve en juego su propia supervivencia.
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