La Federación Rural advierte que el proyecto de tierras profundiza la concentración del suelo y habilita desalojos

El Senado se apresta a debatir este jueves el proyecto de Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que reforma la norma vigente sobre tierras y deroga leyes clave como la Ley del Fuego. Mientras el gobierno nacional negocia elevar del 15 al 25 por ciento el tope para la compra de suelo por parte de extranjeros, la Federación Rural para la Producción y el Arraigo sostiene que otros artículos de la iniciativa pasan desapercibidos y representan una amenaza para la soberanía productiva del país.

Hernán Cueva Gómez, coordinador nacional de la entidad, señaló que la derogación de los artículos 4 y 5 de la ley actual permite que un estado extranjero adquiera más del treinta por ciento del territorio argentino. «Eso es muy grave para nuestra soberanía nacional», afirmó en diálogo con CDM Noticias, y precisó que la compra «puede ser en territorios fronterizos pero también pueden ser en distintos territorios de nuestra Argentina que termine por desencadenar en otros procesos políticos, como que, de repente, desde otros Estados nacionales se decida qué, cómo y qué hacer con nuestro suelo».

El dirigente cuestionó las declaraciones de la senadora Patricia Bullrich, quien aseguró que la compra por parte de Estados extranjeros no está contemplada. «Hasta último momento que se vote la ley no sabemos qué es lo que se está negociando. Esto no está claro, por lo menos para nosotros», respondió, en referencia a los acuerdos que suelen definirse en las horas previas a la votación en el Congreso.

Otro punto crítico es la redefinición de las zonas núcleo, las regiones con mayor potencial productivo del país, que abarcan Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa. Cueva Gómez advirtió que esos suelos «son los suelos más ricos que tenemos para poder defender nuestra soberanía en la producción» y que «tenemos un gran acumulado de sedimentos en estos suelos, que es un grave error ponerlo a disposición de los capitales concentrados, porque es una de nuestras mayores riquezas». También mencionó el riesgo sobre los acuíferos y cuerpos de agua. «Esta derogación de artículos de esta ley permitiría de repente a un capital extranjero cercar por ejemplo un acuífero de gran importancia para el abastecimiento de agua de una comunidad, de un pueblo», sostuvo. Puso como ejemplo la producción de cebolla en el norte de Río Negro y sur de Buenos Aires, que «depende del río Colorado, que a su vez es un acuífero que proviene de la glaciación de nuestro país».

En relación al apoyo de la Sociedad Rural al proyecto, Cueva Gómez planteó una lectura crítica. «La sociedad rural ya no es la sociedad rural fundante del campo argentino sino que pasó a ser una sociedad rematadora de la Argentina», dijo. Esta dinámica, explicó, viene de un proceso que se termina de concentrar a fines del siglo pasado. «Esto no es que lo decimos nosotros por una hipótesis que tenemos, sino que se ha expresado en los censos nacionales agropecuarios. El último censo nacional agropecuario, el que se hizo en 2018, da cuenta de 70.000 explotaciones menos. Ese campo no es que desaparece, sino que se termina por concentrar en capitales privados del proceso de extranjerización», afirmó.

El dirigente diferenció la posición de su organización de la de otras entidades agrarias que acompañan la ley. «El pequeño y mediano productor en esta instancia lo último que quiere es vender su campo, se está descapitalizando, pero está viviendo una crisis que desespera, pero no hay un deseo genuino de quien es dueño de su campo de vender», expresó. En cambio, reclamó «políticas públicas, un Estado de Nación que entienda que es necesario democratizar nuestro suelo para el desarrollo de la patria, pero también para el desarrollo del territorio».

Otro artículo del proyecto que preocupa a la Federación Rural es la agilización de los procesos judiciales de desalojos rurales. «Esto ya pasa, en realidad ya pasa en la provincia de Buenos Aires, yo soy de Mar del Plata, por ejemplo, la zona de Chapadmalal, pero también recorro los campos de Balcarce, Miramar, y conocemos bien a las familias, a estos apellidos, que aparecen en grandes extensiones de tierra, y que ejercen una presión sistemática, tanto impositiva, como simbólica, como judicial y policial, sobre los pequeños chacareros que todavía subsisten», señaló. «Sí hay intereses muy grandes detrás de algún suelo, de alguna zona rural, y sí es algo que nos preocupa, porque va a aparecer también en el debate esta ley, y es muy probable que termine por habilitar los desalojos», advirtió.

Cueva Gómez insistió en que el rechazo no es suficiente. «No alcanza con rechazar esta ley, sino que también tenemos que poner sobre la mesa cuáles son aquellas leyes o proyectos que queremos llevar adelante cuando logremos cambiar la etapa política», afirmó. Planteó la necesidad de discutir «la democratización del suelo argentino, para el pueblo argentino, para los migrantes que quieran trabajar la tierra, pensando en una producción nacional de alimentos para abastecer a nuestro pueblo», y mencionó la transición a una producción más sostenible con perspectiva ecológica, línea que ya trabajan en su escuela nacional de agroecología realizada recientemente en el norte de Córdoba.

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