El sobreendeudamiento de los hogares argentinos alcanza niveles críticos

La diputada Gabriela Estevez, autora de varios proyectos de ley para aliviar las deudas familiares que nunca lograron tratamiento en el Congreso, advierte que las familias se endeudan para comprar comida y anticipa una fuerte oposición a la ley de desalojos que llegará a Diputados.

Casi 20 millones de argentinos tienen deudas. Lo que comenzó como un recurso para complementar el salario se convirtió en una espiral que atraviesa tarjetas de crédito, billeteras virtuales, préstamos entre parientes y hasta prestamistas informales vinculados al narcomenudeo en los barrios populares. La diputada presentó su primer proyecto sobre endeudamiento familiar en agosto del año pasado, pero ninguna de sus iniciativas logró ser tratada en el recinto.

«En el caminar, en el hablar con la gente, ya nos dimos cuenta de que mucha gente recurría a endeudarse como complemento de salario porque no le alcanzaba para llegar a fin de mes», relató la legisladora por la provincia de Córdoba. Pagar el alquiler y los servicios deja un saldo que no alcanza para llenar el carrito en el supermercado, una situación que, según advierte, no hizo más que profundizarse.

La pérdida de puestos de trabajo agravó el cuadro. Los alimentos, los productos de higiene, el combustible y las tarifas no dejaron de subir, mientras que los ingresos de los hogares se estancaron. «Los salarios quedaron muy por debajo y las pocas personas que aún tienen empleo cada vez pueden comprar menos», explicó la diputada, que impulsó proyectos específicos para aliviar el endeudamiento de jóvenes, jubilados y familias.

Uno de los colectivos más golpeados es el de los jubilados. Con un poder adquisitivo deteriorado por la gestión actual, deben afrontar medicamentos que antes cubría el PAMI y que ahora se encarecieron sin control. «Ya no pueden calefaccionarse, se enferman más y el transporte aumentó de manera catastrófica», describió.

Ir a trabajar se volvió un dilema para muchas familias porque el gasto en transporte consume tal parte del ingreso que la ecuación económica se vuelve negativa. «Terminan prácticamente trabajando gratis y la única manera de poder comer es endeudarse», sostuvo la diputada, que también mencionó el creciente endeudamiento de adolescentes sin capacidad de pago.

Días atrás, el ministro de Economía, Toto Caputo, sostuvo que la deuda es culpa de quienes toman crédito, una afirmación que la diputada rechaza con firmeza. «No es responsabilidad de la gente, es responsabilidad del gobierno porque las cosas siguen aumentando, nos mienten con los números de la inflación y lo único que no aumentan son los salarios», cuestionó.

A través de la letra chica de los contratos digitales, las empresas obtienen permiso para acceder a los contactos del teléfono de los usuarios. «Es una violación tremenda a la intimidad y la mayoría de la gente no tiene idea de que otorgó ese permiso», denunció. Los estudios jurídicos y las empresas de cobranza presionan entonces a familiares y conocidos del deudor, una práctica que se habilitó en el marco de la desregulación impulsada por el gobierno.

En el Senado se aprobó la semana pasada la reforma a ley de desalojos que ahora deberá tratarse en Diputados, y Estévez ya anticipó una discusión a fondo. «Hay muchísimas familias que viven con la espada de Damocles colgada arriba de su cabeza porque te atrasas tres días y ya te pueden pedir una orden de desalojo», advirtió. La legisladora adelantó que coordinarán con organizaciones de inquilinos para visibilizar el impacto de esta medida y evitar que se convierta en ley.

Para la diputada, el Estado debe retomar su rol regulador tanto en el endeudamiento como en el mercado de alquileres. «Antes no podía ser más del treinta por ciento y ahora toman lo que quieren, te cobran los intereses que quieren y acceden a tus datos personales», advirtió. Pese a la urgencia de la situación, los proyectos que presentó para ordenar el endeudamiento familiar siguen esperando tratamiento en la Cámara de Diputados.

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