Nuevo régimen penal juvenil: especialista advierte que la baja en la edad de punibilidad no responde a las estadísticas
Mariel Castagno, doctora en estudios sociales de América Latina, analizó la ley que ya rige en todo el país y cuestionó la inversión en institutos de encierro por sobre las medidas territoriales
La puesta en vigencia del nuevo régimen penal juvenil en la Argentina, que reduce de 16 a 14 años la edad de punibilidad, reabrió el debate sobre cómo las provincias deben adecuarse a la norma y cuáles son las condiciones reales para su aplicación. Mariel Castagno, docente de la Facultad de Psicología y de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en estudios sociales de América Latina, investiga desde hace más de una década la transición del paradigma tutelar al paradigma de derechos en el sistema penal juvenil. En diálogo con CDM Noticias Radio, la especialista sostuvo que la sanción responde más a una mirada punitivista que a datos objetivos sobre delitos graves cometidos por adolescentes.
«En términos estadísticos los delitos graves no llegan al 1% cometidos por menores de 18 años, ni al 1% de la población de jóvenes», afirmó Castagno, y precisó que si se toma el segmento de 14 y 15 años, «el 0,02 han cometido delitos graves». Según explicó, de una población de aproximadamente 140.000 jóvenes, unos 27 han cometido delitos graves. Para la investigadora, la decisión «se toma más que por las estadísticas que sean preocupantes, por una mirada punitivista que tenemos como sociedad, pero no porque sea realmente necesario en términos estadísticos».
La especialista señaló que Córdoba ya venía aplicando lógicas de restricción de libertad a menores de 16 años incluso antes de esta ley. Recordó que el complejo Esperanza se construyó entre 2005 y 2007, en paralelo con la ley nacional de protección de derechos 26.061, y que la provincia amplió sus plazas en institutos de encierro. «Córdoba hace mucho que hace trampa en relación a esto porque bajó la edad de punibilidad hace rato», expresó, y agregó que la provincia «ya es pionera y ha hecho la punta en términos de no imputar, digamos con lógicas tutelares, privar de libertad o imponer restricciones a la libertad en menores de 16 años, o sea que esto para Córdoba viene a formalizar algo que la provincia ya hace».
Consultada sobre los problemas que trae la nueva normativa, Castagno puso el foco en la falta de inversión en medidas no privativas de libertad. «El principal problema y la menor inversión está en las medidas no privativas de libertad, que son las que hay que fortalecer», manifestó. En ese sentido, explicó que la Convención de Derechos del Niño establece que la privación de libertad debe ser una medida excepcional, aplicable cuando fracasaron las medidas domiciliarias, educativas, socioeducativas, territoriales, de mediación comunitaria o de mediación penal juvenil. «Esto no es nuevo con esta ley, la Convención ya lo dice y ninguna ley inferior puede contradecir a una ley superior», subrayó.
La investigadora también advirtió sobre las condiciones laborales de quienes trabajan en contacto directo con los jóvenes. Mencionó que la ley introduce la figura del supervisor, aún no creada ni cubierta, y que los roles socioeducativos existentes desde 2013 son ocupados por personal con baja formación y precarización laboral. «Los peores pagos son quienes están en contacto con los chicos, los menos formados, los peores pagos, los menos capacitados, los que están en condiciones laborales más precarias», dijo, y añadió que muchos profesionales son becarios o monotributistas que abandonan el sistema cuando consiguen algo mejor. «La mayoría viene de trabajar en encierro y no propiamente en medidas no privativas de libertad, es decir, medidas territoriales, medidas comunitarias, medidas socioeducativas», señaló.
Castaño relativizó que las medidas no privativas de libertad representen un aspecto positivo en sí mismo. «Para mí no es positivo que los jóvenes ingresen a menor edad al sistema penal juvenil, aunque ésta sea una medida territorial, porque es ampliar el espectro punitivista, es meter a ellos y a sus familias y a sus comunidades en lo que podemos decir un espacio carcelar que se amplía», sostuvo. Explicó que las medidas territoriales también tienen una dimensión negativa que han investigado: «amplían el punitivismo y la cuestión de control sociopenal a los territorios». Para la especialista, la clave está en fortalecer el área de protección de derechos dentro de la SENAF, que tiene dos áreas: protección de derechos y medidas penales. «La que hay que fortalecer es el área de protección de derechos, porque eso te minimiza la cantidad de jóvenes que van a llegar a cometer delitos», afirmó.
La docente universitaria planteó que la responsabilización de los jóvenes por sus actos debe ir acompañada de una sociedad que restituya derechos. «Nadie puede responsabilizarse de un hecho, de una infracción, de una situación de conflicto con la ley penal, cualquiera sea el grado de conflictividad, del mínimo al más grave, del menos punible al más punible, y no tiene condiciones de restitución de derechos», expresó. Y agregó: «El Estado no puede llegar a privar de libertad para restituir derechos, eso es una contradicción, o sea, previamente hay que restituir derechos, y eso necesita inversión». Mencionó que lo que mejor ha funcionado en términos socioeducativos es la incorporación educativa, y que la libertad asistida existe desde hace 30 años como medida territorial, por lo que la ley no crea nada nuevo en ese aspecto.
En relación con el discurso social y las reacciones que genera el tema, Castagno respondió a la frase «el que las hace las paga». «Primero hay que comprobar que las hace, primero que nada eso, primero la justicia y la posibilidad de comprobar quién las hace, y segundo que, en nuestra sociedad, quien las hace no las paga», ironizó. Señaló que existen responsables con nombre y apellido por la vulneración de derechos de grandes poblaciones, por incorporar a la línea de extrema pobreza y por dejar en condiciones graves de salud mental a muchos jóvenes. «Los responsables no están siendo juzgados por eso y eso es gravísimo», enfatizó. Además, consideró que el delito no es un problema individual: «el suicidio no es un problema individual, menos aún el delito y la delincuencia es un problema individual». Para la investigadora, las sobremesas y el debate cotidiano en escuelas, clubes y centros vecinales deben apuntar a que la ley no abra paso a políticas más regresivas. «Esta ley, por una vía un poco negativa, ha llegado también a las escuelas», concluyó, y llamó a los adultos a asumir su responsabilidad social frente a las juventudes.
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