Virginia Aparicio: “El problema está en lo que investigué, no en lo que hice”

Virginia Aparicio es investigadora del INTA y del CONICET en Balcarce y coordinadora en Argentina del proyecto SPRINT, una iniciativa financiada por la Unión Europea con 14 millones de euros que mide la presencia y exposición a plaguicidas en matrices ambientales y humanas. En una entrevista con CDM Noticias, relató el alcance del estudio y el proceso administrativo que enfrenta desde fines de 2023, cuando el INTA le pidió dejar de trabajar en el proyecto y solicitó al consorcio europeo que sacara al país del mismo.

“El proyecto SPRINT es un gran esfuerzo de una red de investigadores científicos mayoritariamente europeos y nosotros desde el INTA Balcarce, porque nos reconocen un prestigio en investigación de más de 20 años, nos invitan a participar”, explicó Aparicio. El objetivo, según detalló, era generar información inexistente a nivel mundial sobre la exposición a mezclas de plaguicidas y sus posibles efectos crónicos en la salud. El muestreo abarcó más de 200 plaguicidas de uso actual en matrices como suelo, agua, sedimentos, peces, heces de murciélagos, granos, sangre, orina y materia fecal de animales y humanos.

La investigadora describió que a los voluntarios humanos se les tomaron muestras de sangre, materia fecal, orina e hisopo nasal, y se les pidió usar pulseras durante una semana para registrar su contacto cotidiano con plaguicidas. “Lo que pretendía esta información de base de diagnóstico es hallar las mezclas más comunes de plaguicidas para después estudiar sus efectos psicológicos, sus efectos médicos, en distintos sistemas del aparato del cuerpo humano”, señaló. Entre esos efectos mencionó enfermedades respiratorias, digestivas y de exposición crónica como el cáncer.

Consultada sobre la interrupción del proyecto, Aparicio precisó que el INTA le pidió no seguir trabajando y solicitó a la coordinadora en Europa que Argentina fuera sacada del consorcio. “Esto sucedió a fin del 2023, sobre el final o sobre la retirada del gobierno”, indicó. Luego, en la actual gestión, se inició un sumario que aún no le fue notificado formalmente. “La cosa muy grave que se les ocurre imputarme es un perjuicio al Estado. Pero en este caso es financiación del Estado europeo, que ingresó a cuentas de INTA y fue manejado administrativamente con todas las reglas y auditorías que tenemos en el Estado Nacional”, afirmó.

Sobre el procedimiento, Aparicio sostuvo que se le permitió presentar pruebas pero que no se tomaron en cuenta sus pedidos de careos o testigos. “Ha sido como muy injusto el tratamiento porque en vez de deslindar responsabilidades, solamente me han acusado de cosas y no me han dejado defenderme”, dijo. Y agregó: “El problema está en lo que investigaste y no en qué hiciste, en cómo usar ese resultado y cómo dejar de afectar a la salud pública”.

La investigadora también se refirió al efecto que este tipo de situaciones puede tener sobre otros científicos. “Es muy difícil que otros investigadores quieran asumir un riesgo de tamaño envergadura si lo que te va a pasar es distraerte del foco de tu investigación, estar defendiéndote todo el tiempo, incluso perder el trabajo”, advirtió. En ese sentido, mencionó el antecedente de Andrés Carrasco, quien descubrió efectos teratogénicos del glifosato y sufrió persecución y atentados en su espacio de trabajo.

Aparicio subrayó que los datos obtenidos ya documentan que los plaguicidas trascienden las barreras previstas. “Ya tenemos documentado que lo que se aplica en el campo llega al piso de tu casa, porque cuando los voluntarios barrieron su piso y le analizamos los plaguicidas que tenían en el polvo ese, tienen plaguicidas que se usan exclusivamente en el sector agropecuario”, afirmó. Y concluyó: “La molécula que vos liberás para controlar una maleza, una plaga o un hongo, se va a mover en el ambiente por su característica físico-química y por su ambiente, digamos por el clima de ese lugar, no por la decisión del aplicador”.

La investigadora sostiene que existen soluciones pero que requieren decisión política. “En ciencia hay un montón de información que ya podría pergeñar o dibujar un poco algunas políticas públicas concretas para reducir la afectación que provocan estos químicos en distintos organismos vivos”, señaló. Mencionó como ejemplo la necesidad de actualizar el Código Alimentario Argentino, que solo incluye el 2,4 por ciento entre los productos que las proveedoras de agua deben analizar, mientras que los más de 200 plaguicidas medidos en el proyecto no figuran. “Yo no digo una prohibición porque yo lo haya investigado, sino discutilo, discutí el dato, discutí la información”, planteó.

Finalmente, Aparicio insistió en que la información obtenida debe ser utilizada más allá de su situación personal. “La gente ahora se va a empoderar porque conoce la información, porque va a demandar más, porque le va a preguntar más a otros académicos, aunque no sea a mí”, expresó. Y remarcó: “El sol con una mano no se puede tapar, y ya se tapó. Entonces ahora yo lo que pido encarecidamente es que la información la usemos. Más allá de mi exoneración, tiene que haber valido la pena todo”.

La campaña NO a la exoneración de Virginia Aparicio invita a todas las instituciones, organizaciones, colectivos, asambleas, redes y personas a firmar el pronunciamiento público en solidaridad con la investigadora a través del siguiente enlace: https://forms.gle/L95BLdHRKNDMC5wC6

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