La procuradora Alejandra Gils Carbó presentó su renuncia a partir del 31 de diciembre

Alejandra Gils Carbó renunció ayer a la Procuración General como resultado de un proceso de asfixia que el Gobierno desplegó en su contra desde que Mauricio Macri asumió la presidencia (y antes también), en el que fue estableciendo alianzas primero con el Poder Judicial y luego con el peronismo y parte de la oposición en el Congreso. El objetivo siempre claro: quedarse con el dominio del Ministerio Público Fiscal, o sea, todas las fiscalías nacionales, que concentran el poder de investigación penal y, en otros fueros, la posibilidad de orientar políticas en asuntos vitales como los que atañen a los derechos de los jubilados, los trabajadores o la definición de la responsabilidad del Estado. Primero le pidieron que renunciara a través del Ministerio de Justicia, luego lo hicieron con advertencias en los medios, después comenzaron a presionarla con causas judiciales y le recortaron presupuesto. En Comodoro Py, con un anónimo, la acusaron de una defraudación en la compra del edificio de la Procuración y fue procesada en un fallo que no explica en qué se perjudicó al Estado; en el fuero contencioso administrativo, la ONG oficialista Será Justicia y el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, justo antes de las elecciones legislativas, lograron la declaración de inconstitucionalidad del mecanismo de juicio político como vía de remoción del procurador, lo que allanó el camino a la expulsión por decreto o a una ley que reforme el modo de designación y acusación. Esto último es lo el Gobierno anunció la semana pasada que incluiría en su paquete de reformas: un procedimiento para impulsar la destitución de oficio con mayoría simple. Hasta ahí llegó la resistencia de la jefa de los fiscales.

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