Las formas del ajuste: denuncian que el gobierno de Córdoba despide docentes por el apto físico

“Son muchos los y las docentes que enfrentan esta situación injusta que no son nada más ni nada menos que despidos ilegales”, aseguran desde la UEPC delegación Capital. La situación se fue agravando y la cantidad de docentes afectados por esta política arbitraria se fue extendiendo a lo largo del año. Según explican desde el gremio docente, el gobierno utiliza el examen de aptitud psicofísica como excusa para estos despidos.

“Estos exámenes deberían ser previos al ingreso y por absoluta responsabilidad del empleador, se realizan meses e incluso muchos años después de que las personas están trabajando como docentes”, advierten desde la UEPC y agregan que en muchos casos las y los docentes estaban sanos y por error de la Dirección de Salud en el Trabajo no se les dio el apto. Mientras que, “en otros casos presentaban enfermedades laborales que el Ministerio se negó a reconocer otorgando la baja, algo inédito en el país”.

Guillermo de la Mata, integrante de la agrupación docente María Saleme y delegado del IPEM 88 de Capilla del Monte, expresa que además el turno para el apto físico no suelen otorgarlo y entonces el docente sigue trabajando años sin ese requisito. “Pero ahora hay varios casos en donde dan la baja”.

De este modo, advierten desde la Corriente de Educación Otilia Lescano, se está violando la Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo, ya que el Gobierno de Córdoba detecta y despide docentes que tienen afecciones que son consideradas enfermedades laborales y no podrían ser causales de despido.

Casos testigos

Damiana es maestra de primaria con 12 años de antigüedad. Quedó fuera del sistema por un “no apto” causado por una enfermedad laboral. Tomó su último cargo a finales del año 2023 y fue despedida a finales de septiembre de este año, con el supuesto motivo de no estar apta para sus labores.

Damiana denuncia que deberían haberle hecho el estudio psicofísico antes de contraer su relación laboral, “pero demoran en dar los turnos con lo cual me hicieron este examen, que ellos caracterizan como pre ocupacional, diez meses después, y al descubrir esbozos nodulares en mis cuerdas vocales, decidieron darme un no apto”, explica.

Luego, decidió hacer la denuncia en la ART, pero no se hizo cargo de su tratamiento, argumentando que no tenía un apto físico anterior bueno, “y la provincia de Córdoba decidió desentenderse de mi enfermedad profesional y de mí como trabajadora, me echaron de mi trabajo por estar enferma”.

La condición para la reincorporación es que Damiana lleve adelante un tratamiento, pero que debe pagarlo ella y luego pida un turno a la provincia y espere. La espera, puede ser de meses hasta años, y luego puede volver a concursar. “Como trabajadores estamos siendo atacadas y atacados y este es el método que se está utilizando en la provincia de Córdoba”, concluyó Damiana.  

Cintia es docente y madre de cuatro hijos y fue dada de baja en su trabajo, por el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Hace siete años que se dedica a la docencia, ya tenía un apto psico físico, pero este año cuando entró a otro colegio, se lo pidieron  de  nuevo: “me dio negativo por hiatus y se me dio la baja automática. Tenía 21 horas titulares y en este momento estoy desempleada, con cuatro hijos, divorciada y un alquiler”.

Al igual que Damiana, la ART no le reconoce la enfermedad producto de su trabajo, y no tiene los recursos para costearse el tratamiento que la obra social de la provincia, Apross, no cubre y en el área de la salud pública tampoco lo llevan a cabo. “Esta situación es desesperante”, expresó Cintia, quien también integra el Colectivo de damnificados/as por los NO apto y las bajas, donde cada vez son más los casos y no hay una panorama alentador para que la situación se modifique.

De este modo, y en el marco de un ajuste nacional sin precedentes, los y las docentes denuncian que estas son las formas que el gobierno de Llaryora emplea en el progresivo achicamiento del Estado. Desde la UEPC se pide a la docencia nacional que se sume al repudio de este “plan sistemático de descarte”.

Los y las docentes afectados, junto a la delegación Capital de UEPC, exigen la reincorporación inmediata, y la apertura de una mesa de diálogo con el Ministerio de Educación para abordar esta grave problemática.