Mediante un comunicado, la Asamblea de Vecinos as de Bialet Massé denunció un nuevo intento de desmonte y arremetida sobre sitio arqueológico identificado y puesto en conocimiento a la provincia y al municipio de Bialet Massé.
La asamblea señala que «empleados municipales, policía de la provincia, intentan una vez más por orden del ejecutivo municipal realizar apertura de calle haciendo valer un loteo de los años 40 fuera de ejido municipal, en zona en recuperación y de cuenca, sumado a la presencia de sitio arqueológico, tratese de cuevas preexistentes.
«Denunciamos que ante la exposición de quienes habitamos sin ningún interés económico, más que defender como Salvaguardas los servicios ecosistémicos en el territorio y defender nuestros recursos naturales y culturales que nos pertenece, tras el intento de avanzar del municipio local sin hacer valer las leyes existentes, nos encontramos expuestos a una constante Violencia Institucional, tanto mujeres, niños/as y familias con sus proyectos de vida y ruralidad.
A su vez mencionamos que toda la zona cumple de amortiguación a las zonas urbanas y de ejido municipal, exigimos se haga cumplir la Ley de OTBN 9814 existente hasta tanto se actualice el nuevo OTBN. Y mencionamos las categorías que abarcan en nuestra zona de influencia, por la cual denunciamos todo cambio uso de suelo posterior al año 2010, como así a la ley 10208 del año 2014.
Categoría II (amarillo): sectores de bosques nativos de mediano valor de conservación que pueden estar degradados o en recuperación, pero que con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: Aprovechamiento sustentable, turismo, recolección e investigación científica, en los términos de la presente Ley.
Categoría I (rojo): sectores de bosques nativos de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Se incluyen áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y campesinas y pueden ser objeto de investigación científica y “aprovechamiento sustentable” 2.
De manera especial, determina que, todo “desmonte o manejo sostenible” de bosques nativos requerirá “autorización” por parte de la Autoridad de Aplicación (Art. 13). Es categórica al señalar que, “no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I y II”. (Art. 14). Para el otorgamiento de la “autorización de desmonte o de aprovechamiento sostenible”, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción deberá someter el pedido de autorización a un “Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”, el cuál será obligatorio para el desmonte, y para el caso del manejo sostenible, lo será cuando tenga el potencial de causar impactos ambientales significativos, que pudieran generar o presentar al menos uno de los efectos, características o circunstancias consignadas en los incisos a, b, c, d, o e (Art. 22).
Finalmente, prevé los mecanismos de participación ciudadana de la “Audiencia y Consulta Pública” (conf. Arts. 19, 20 y 21 de la Ley 25.675) para los proyectos de desmonte de bosques nativos, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades, como así también, se debe garantizar el “Acceso a la Información Pública Ambiental” (Art. 26).
Insistimos y denunciamos pública y judicialmente los siguientes hechos que padecemos a diario ante un aberrante hecho de atentado no solo a los derechos ambientales e indígenas, además a los derechos humanos.
Emergencia Hídrica desde hace más de 20 años, con un incremento crítico ante el aumento incontrolable de la población, con impacto directo de incendios y desmontes.
Falta de planificación en loteos y de aperturas de calles de manera ilegal, sobre cuenca, sitios arqueológicos y en zonas de bosque nativo, zonas rojas y amarillas.
Ausencia de proyecto que garantice, regule la recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos y rurales.
Delitos graves y reiterados en la comercialización de la tierra y abuso de autoridad ante las comunidades originarias existentes.
Incremento de la inseguridad para sus habitantes, precarización laboral y aumento en la violencia de género.
Acceso a la salud y educación pública, limitado por las distancias y la infraestructura edilicia y presupuestaria.
Afectación a la flora y fauna existente, vertientes y zonas de influencia.
Loteos irregulares y apertura de calles para facilitar el acceso a barrios cerrados clandestinos.
Apertura de calle sin conocimiento técnico, ni control de especialistas, provocando a corto plazo, fuertes escorrentías, cuencavas profundas y deslizamiento de artefactos arqueológicos dejando librado el robo de los mismos, según zona de influencia.
Exigimos EsIA ante el cambio de uso de suelo y nuevas apertura de calles.
Exigimos a la Policia Ambiental la clausura de estas zonas de protección preexistente.
Desmentimos el argumento del municipio ante el pedido de varios vecinos para la apertura de esta arteria trazada en mapas en los años 40 al día de la fecha, atravesando los sitios arqueológicos y vertidos de vertientes naturales.
Denunciamos la violencia y abuso de autoridad ejercida por el municipio sobre los habitantes y familias, atentando no solo la salud física y psíquica además sus actividades sociales, culturales y económicas.
Vivimos con constante miedo sobre nuestras vidas porque la zona está liberada para la comercialización de la tierra, estos avances que hacen que el delito se incremente en todas sus formas y facilite la comercialización de estupefacientes, provocando desarraigo permanente de quienes proyectamos crear trabajo, turismo sostenible y sostenemos el arraigo rural por una vida sin violencia.
Denunciamos claramente una amenaza del municipio de Bialet Massé ante multas, impuestazos, sin servicio público, sin actualización de ejido, limitando el acceso al agua y a la tierra, violentando la economías regionales y profundizando la crisis climática como económica.
Entre otros aspectos culturales y diversos que nos obliga a hacer cumplir nuestro derecho civil ante la defensa de la vida»
