Fuerte protesta por la liberación del tercer policía acusado del crimen de Joaquín Paredes

Familiares y amigxs de Joaquín Paredes, de 15 años, víctima de gatillo fácil ocurrido el 25 de octubre de 2020, desarrollaron una protesta en Paso Viejo (Córdoba) para expresar el rechazo a la liberación del tercer policía involucrado en el crimen del joven.

Por Villanos Radio para FARCO

La Cámara del Crimen de la ciudad de Villa Dolores resolvió el viernes 4 de junio disponer la excarcelación de Iván Alexis Luna, uno de los imputados. De esta manera, de los cinco policías acusados, tres ya recuperaron su libertad. En marzo fue liberado Ronal Fernández y en abril Jorge Gómez, todos acusados de abuso de autoridad.

“Estamos indignados con lo que está haciendo la Cámara de Villa Dolores. Al día de la fecha hay tres homicidas en libertad bajo fianza. Para los jueces, la plata vale más que la vida de una persona. Eso lo tengo bien en claro por lo que están haciendo. La Justicia para los pobres no llega”, lamentó Soledad Paredes, madre de Joaquín, en comunicación con VillaNos Radio.

La familia, representada por el abogado Claudio Orosz, solicitó a la fiscal de Cruz del Eje Fabiana Pochettino, el cambio urgente de carátula en la causa. Uno de los fundamentos claves del pedido de cambio de carátula es que la pericia da cuenta de que se dispararon más de 100 balas en el episodio.

“Fueron más de 100 disparos los que ocurrieron. Entonces, cómo nos pueden decir que hay un sólo imputado de homicidio. ¿Cómo una persona puede disparar seis armas distintas y más de cien balas?”, cuestionó Ivana Reynoso, integrante de la agrupación Justicia por Joaquín.

Además, precisó que el delito de abuso de autoridad tiene como máximo una pena de dos años: “Ni siquiera le quitan el título de policía. Es una vergüenza lo que está haciendo la justicia”.

El policía que efectuó el disparo que mató a Joaquín, Maykel Mercedes López, está imputado por homicidio agravado. En tanto, el resto solo tiene la imputación de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Una de las cuestiones centrales que desde la querella vienen remarcando para rechazar las excarcelaciones es que los policías acusados viven muy cerca de las familias de las víctimas, tanto de Joaquín como de los amigos que lo acompañaban el día del asesinato.

Luna, el último policía liberado, vive a menos de 5 kilómetros de Paso Viejo, en el paraje Santa Ana; mientras que Enzo Alvarado (el único policía imputado de abuso de autoridad que permanece detenido) vive en Paso Viejo, a tres cuadras del lugar donde mataron a Joaquín.

“Quienes están firmando las excarcelaciones son los responsables de lo que pueda llegar a pasar. Ya hubo situaciones de amenazas. El abuelo y el tío de Joaquín fueron amenazados de muerte por la familia de Alvarado, que es uno de ellos homicidas que aún está detenido. Pero, cómo viene actuando esta cámara, pensamos que en cualquier momento lo pueden liberar. Es necesario que esté repudio se haga masivo”, advirtió Ivana.

En este sentido, reconoció que el hecho de que el crimen haya ocurrido en el interior provincial evidencia un trato diferente por parte del Poder Judicial. “El comisario Sosa Gallardo cambia el acta diciendo que los hechos fueron frente a la comisaría, cuando en realidad fue a tres cuadras de ahí. Él no está imputado. Tampoco la enfermera que le negó la atención. Hay superiores a estos cinco policías que deberían estar imputados y no lo están”, afirmó. Y remarcó. “Esta no es una acción de un policía que se le salió la chaveta. Es toda la institución y principalmente los que estuvieron activamente esa noche”.