Desde el 24 de enero de 2021 en todo el territorio de nuestro país, existe la posibilidad de acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La Ley Nacional N° 27610 rige sin la necesidad de que las provincias den su adhesión. Si bien la práctica está garantizada, el gobierno de la provincia de Córdoba, más allá de la reglamentación, no difundió hasta ahora ninguna campaña informativa para que los centros de salud puedan difundir en su comunidad. Además, varios centros de salud, deben reacomodar el servicio ante varios objetores entre su equipo de profesionales que se excusan de cubrir la práctica o implementar derivaciones. Gran parte de esta realidad la abordan distintas personas promotoras de salud y voluntarias que llegan a la comunidad en un intercambio cotidiano.
Por Violeta Collado
Dialogamos con Camila Recalde, es médica de familia y trabaja en el programa «Familia Rural Sana» e integra el equipo de Salud del Movimiento Campesino de Córdoba.
¿Qué cambió desde la sanción de la ley?
Principalmente, cuando en 2018 se suspendió el amparo que había puesto el Portal de Belén en la provincia, que se pudieron empezar a garantizar desde aquel momento las interrupciones legales de embarazo en conjunto con redes informales que se fueron armando desde las organizaciones sociales. Hablo de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, Las Socorristas… se fueron armando redes y estrategias de implementación de las ILEs. Y eso después de la sanción de la ley no cambió mucho en cuanto a los lugares que garantizan pero sí me parece que ayudó a que haya más libertad para hablar del tema. Hay una ley que ampara, sabemos que la ley existe. Y aunque muchas instituciones no cuentan con profesionales que garanticen porque son objetores de conciencia o porque todavía no está la decisión política de que suceda, el poder hablar y que las personas gestantes usuarias del sistema puedan acceder y venir a pedirlo ya abre un montón de caminos porque la institución está obligada a dar una respuesta. Cuando no es en esa institución, se puede derivar y esas derivaciones dependen mucho de las redes más informales que armamos. La posibilidad de hablar ha sido el gran cambio.
0800-222 3444
línea gratuita nacional para garantizar la IVE
¿Cuál es la principal dificultad que encuentran?
Está el contexto pandemia, que es lo que más dificulta en este momento. La integridad e intimidad de las personas se siguen garantizando porque los canales de derivación son como con cualquier otra patología o situación por la que las personas accedan al sistema de salud. Particularmente en este corredor, que sería el norte de Córdoba, donde el hospital referente de área es el Hospital Aurelio Crespo, el hospital sí está garantizando y, además, desde que se implementó la ley de ginecología obstetricia tiene profesionales que son objetores pero también otros que no lo son, y ese caminito ya está armado. A su vez, yo formo parte de un programa de salud rural en donde también en toda la zona rural del departamento hay profesionales que garantizan. Después hay otros municipios en la zona que sabemos que se garantiza, como San Marcos Sierras y Villa de Soto, y no mucho más. Ahora estamos intentando que las comunas y municipios sepan que existe la ley porque lo que notamos es falta de información y capacitación tanto de los profesionales que trabajan en la atención de los centros de salud como jefes comunales, intendentes y secretarios de salud que llevan a cabo la política pública de salud. La claridad de que existe una ley que hay que cumplir está un poco difusa todavía.
¿Se observa una disminución de la mortalidad por prácticas inseguras? Y disminución del embarazo adolescente?
En tan poco tiempo no tenemos resultados de la aplicación pero esto ya viene caminando hace más tiempo, desde las Iles, que fueron tejiendo un mapa. Y aunque sabemos que no vamos a ver un resultado en lo inmediato sí sabemos que el resultado de esa política de implementación ha ido reduciendo los ingresos de mujeres con complicaciones. Si bien hay muy pocas, lamentablemente sigue habiendo. El número lo vamos a ver de acá a un tiempo en que se pueda aplicar la ley en todo el sistema de salud pero yo creo que la militancia de las organizaciones feministas y el tejido social que construyeron en torno a la garantía de derechos es lo que hace que esas pacientes lleguen a tiempo.
¿Qué queda por hacer?
Si vamos más atrás, una buena aplicación de la ESI en las escuelas. Que esa ley que existe desde 2006 se cumpla efectivamente. Capacitación a los docentes, más interacción entre los espacios de salud y las escuelas, de asesorías y acompañamiento. Y después, difusión y capacitación en los equipos de atención primaria en torno a cuestiones legales y técnicas. Para sacar de la cabeza que un aborto es una internación o super invasiva sino que se sepa que es un tratamiento ambulatorio que se puede hacer en la casa con un acompañante; y que es una práctica segura recomendada por la OMS.
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