Comunicado de la Comunidad Ticas – Pueblo Comechingón
Desde el año 2015 se viene permitiendo en zona rural y en la periferia de Bialet Massé (zona pretendida municipal) el avance de fideicomisos y barrios cerrados, que atentaron no solo contra territorio campesino e indígena y sobre el bosque nativo, sino también sobre los recursos naturales de toda la comunidad de personas que habitan en la zona. Este avance fue bajo amenazas, patotas armadas, incendios intencionales, usurpaciones, violencia de género, debido a que la mayoría de las integrantes que trabajan en territorio son mujeres y fueron los focos más vulnerables para estos depredadores. Se hicieron numerosas denuncias ante la Fiscalía de Cosquín que no prosperaron.
Sin embargo, el pasado 19 de agosto cuatro personas de la comunidad, fueron citadas a la Comisaría de Bialet Masse, presumiendo que era para prestar alguna declaración ampliatoria de las tantas denuncias formuladas anteriormente; pero sorpresivamente se encontraron con la noticia de que quedaron IMPUTADAS, no pudiendo obtenerse más información debido al secreto de sumario.
Escuchá la entrevista de Radio Tortuga:
Vale mencionar que en el año 2020, en plena pandemia, se asienta en la zona un nuevo fideicomiso reclamando “derechos posesorios” en tierras campesinas indígenas bajo la instalación de conteiners pertenecientes a la empresa vinculada a Andrea Franceschini, alquilado por los actuales operadores del delito en cuestión y ya denunciados en comunicados anteriores.
Hoy la burocracia judicial archiva causas contra violencias de género y violaciones de Derechos Humanos de las poblaciones y comunidades y “pareciera favorecer” las causas de la mafia inmobiliaria, debido a que el conteiner sigue en el lugar. Los denunciados siguen vendiendo, alambrando, mensurando, amenazando y están procesados en causas de estafa. Muchas son las personas que siguen accediendo a este loteo ilegal y que llegan con exigencias de agua, luz y urbanización, en zonas no reglamentadas y prohibidas.
En este escenario, nulo es el accionar de la Secretaria de Ambiente de la provincia debido que aún no han respondido a los distintos pedidos de información que hemos realizado frente a este atropello. Tenemos a una compañera con custodia policial asignada. NO podemos vivir más así. La Autovía se relaciona a todo este conflicto del cual pretenden urbanizar bajo este criterio delictivo sobre el oeste de Punilla.
Desde hace años venimos denunciando atropellos a la vida y a los cuerpos de las personas que defendemos el territorio de la comunidad legítima y legalmente habitado y ocupado. Este hecho es gravísimo para quienes realizamos trabajo comunitario y luchamos contra el delito en su diferentes constituciones y avances en los territorios, y se da en un contexto no solo de avance del desarrollo inmobiliario en detrimento de la biodiversidad, -que ya es evidente el impacto que tiene en nuestros territorios-; sino que también, en el marco de persecución y hostigamiento a otras comunidades hermanas que también, como nosotrxs, son perseguidxs por defender la vida, antes que el negocio de unos pocos. Es claro que si los delincuentes siguen avanzando es porque hay alguien que lo permite y los protege.
EXIGIMOS el cumplimiento de la ley 26.160 (declarase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país) y de la ley 27.118 (DE REPARACIÓN HISTÓRICA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA RURALIDAD EN LA ARGENTINA ); ambas legislaciones de orden público, y demás normas Constitucionales y Tratados Internacionales aplicables.
Pedimos a nuestrxs compañerxs, hermanxs, organizaciones, instituciones, que nos apoyen y se solidaricen. Nuestra lucha es la de quienes defendemos la vida, para nosotrxs y para las generaciones futuras.
