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Carta abierta de organizaciones y defensores ambientales en Paravachasca «solicitamos que garantice un entorno seguro para quienes se encuentran defendiendo el territorio»

CARTA ABIERTA DE ORGANIZACIONES Y OTROS DEFENSORES AMBIENTALES EN RESISTENCIA FRENTE AL AVANCE CONTRA EL AMBIENTE EN EL VALLE DE PARAVACHASCA


Al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, en especial, a la Cámara Contencioso Administrativa de 2° Nominación de la ciudad de Córdoba, y sus integrantes:

Vocales Leonardo Fabián Massimino, Angel Antonio Gutiez y Gabriela Adriana Cáceres al Fiscal Diego Fernández de la Fiscalía de 1° turno de Instrucción de Alta Gracia a la Jueza de Paz Vilma Rodríguez de Alta Gracia Ante los hechos de público conocimiento por el cual maquinaria pesada a cargo de la empresa Paolini Hnos, contratada por caminos de las sierras S.A., comenzaron hace pocos días con intervenciones de desmonte total y grandes movimientos de suelo, en zonas de monte en inmediaciones del tramo comprendido entre La Serranita y Villa Ciudad América, Ruta 5 km 46, Valle de Paravachasca, provincia de Córdoba;

Frente a la ineficacia del amparo ambiental que tramita desde Agosto del 2021 ante la Cámara Contencioso Administrativa de 2° Nominación de la ciudad de Córdoba, en el que, al igual que en el resto de acciones judiciales, la omisión del dictado de medida cautelar u otras medidas de resguardo ambiental y vecinal, ha generado que se llegue a la situación actual de trabajadores a cargo de máquinas de gran porte dispuestos en contra de defensores ambientales que ponen en riesgo su integridad, en pos de evitar daños irreversibles mientras avanzan las discusiones legales;

Atentos al despliegue policial instado con orden de desalojo suscripto por autoridades de Alta Gracia, que desconocen los derechos de acceso a la justicia así como el resguardo de la libertad y la integridad de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales;

Las organizaciones, vecinos, vecinas y demás personas preocupadas y reunidas en el lugar donde comenzaron las intervenciones al ambiente, nos dirigimos a ustedes por
medio de esta carta abierta con el fin de solicitarles sin más dilación:

  • Que GARANTICEN el DERECHO AL AMBIENTE como DERECHO HUMANO de rango constitucional
  • Que GARANTICEN la integridad del ambiente y la evitación de daños irreversibles que agravan la situación ya precaria del afectado monte nativo cordobés, su flora, fauna y biodiversidad
  • Que GARANTICEN los derechos de acceso a la justicia en forma efectiva, lo que implica asegurando la integridad del ambiente con el dictado de medidas cautelares adecuadas ordenadas a tiempo, bajo el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sin exigencias de prueba imposible o rigorismo formal que no pueden estar jamás por encima de la protección de derechos humanos en asuntos ambientales, desconociendo los hechos evidentes
  • Que GARANTICEN un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que nos encontramos defendiendo los derechos humanos en asuntos ambientales, podamos actuar sin amenazas, restricciones ni inseguridad, PROTEGIENDO nuestro derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico, en particular el art. 9 del ACUERDO DE ESCAZÚ incorporado por Ley nacional 27.566.

De lo contrario, los hacemos responsables por su omisión en actuar de manera oportuna y efectiva, desconociendo el ordenamiento jurídico ambiental, derechos de rango constitucional reconocidos además por tratados internacionales vigentes en el país, y la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema, dilatando los procesos judiciales con requerimientos que no se encuentran previstos en norma alguna, exigiendo una prueba imposible y usando las facultades que les otorgan las leyes ambientales para mover la balanza en favor de los intereses corporativos e inconstitucionales.
Todo ello, mientras se afectan derechos humanos no sólo de esta generación sino también de las generaciones futuras, a quienes les quedará, con suerte, un ambiente enfermo, fragmentado y con una irreversible deuda de extinción.

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