Comunicado del Movimiento Plurinacional disidente y feminista de Capilla del Monte
Todos los medios de comunicación, provinciales y nacionales, se han hecho eco de la decisión del Ministerio de Seguridad de Córdoba, que a través del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, dispuso el inmediato desplazamiento del director de la Unidad Regional Departamental Punilla Norte, Crio. Insp. Diego Alejandro Bracamonte. A su vez, ordenó el pase a retiro obligatorio del Director General de Recursos Humanos, Formación Profesional y Entrenamiento Policial, Comisario general Lic. Julio César Faria y del Director de Entrenamiento Profesional Permanente, Crio. Insp. Lic, Marcos Germán Manrique.
El motivo: la muerte inexplicable de un joven -Jonathan Romo- en la comisaría de La Falda.
El comunicado del mismo Tribunal de Conducta sostiene que la actuación se dispone “a los fines de contribuir con la transparencia y el total esclarecimiento de los hechos, sin interferencias de ninguna naturaleza”. Nos cuesta pensar en “transparencia y esclarecimiento” después de haber presenciado la falta de investigación en los casos de Jorge Reyna (causa archivada), Mariela Natalí y Cecilia Basaldúa.
Jorge Reyna se “suicida” en la comisaría de Capilla del Monte en el año 2013. Un menor de 17 años que, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía de Cosquín, decide quitarse la vida en una comisaría. No hay explicación de por qué en su cuerpo había huellas de golpes y tortura. Al año siguiente la comisaría fue remodelada. No existe más la ventana donde lo encontraron colgado, ni las rejas, ni la celda. No hay más escena del crimen que las fotos de la policía judicial.
En el mes de febrero del año 2020, Mariela Natalí aparece ahogada en la zona del dique Los Alazanes de Capilla del Monte, en una superficie muy baja de agua.
Cecilia Basaldúa aparece asesinada el 25 de abril de 2020, después de veinte días de su desaparición en una zona rural. El 5 de marzo de 2021, la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, eleva la causa a juicio por el femicidio a Lucas Bustos, un joven peón rural, que queda en libertad el 1 de julio de 2022, porque fue imposible comprobar su participación en el crimen. El único indicio que manejó la fiscalía fue la supuesta confesión que había realizado Bustos en la dependencia policial de Capilla del Monte, de la cual no hay ningún acta labrada al respecto. En efecto, Lucas estuvo más de dos años preso en la cárcel de Cruz del Eje, sin pruebas en su contra.
Como en la causa de Jorge Reyna, la fiscalía pidió una autopsia psicológica de Cecilia, es decir, indagar en el entorno y en la víctima, y terminar responsabilizándola de su propio destino.
Hablar de “transparencia y esclarecimiento” suena a burla: Ninguno de los casos mencionados fue aclarado. Todos tienen un actor en común: la policía de Capilla del Monte y un garante de lo actuado por esa institución: la Fiscalía de Cosquín.
Podríamos agregar que el ahora separado de la fuerza policial, Crio. Insp. Diego Alejandro Bracamonte, se vanagloriaba de haber encontrado al femicida de Cecilia, certificando la confesión arrancada a Lucas Bustos, de la cual no existe ningún acta firmada por el acusado y sólo existe el relato del personal policial.
Mencionamos sólo tres casos que sucedieron en Capilla del Monte. Pero sabemos de la falta de capacitación en Ley Micaela y de las innumerables situaciones de revictimización que viven mujeres, disidencias y niñeces a la hora de hacer una denuncia por violencias, que son cuestionadas o desestimadas por el personal policial. Esta forma de operar de la policía implica que en muchos casos la persona no realice la denuncia, o ésta no llegue a la fiscalía, aumentando y perpetuando las complicidad de agresores, violentos y abusadores.
Frente a esa situación existe un Estado local indiferente a la trama de violencias que se expande por nuestra localidad. El destrato a los familiares de las víctimas, la falta de información hacia la comunidad, o el omitir directamente una problemática tan grave y estructural, es parte de la impunidad del poder político local que debe asumir una responsabilidad ante esta problemática. Sin embargo, prefieren seguir vendiendo la fachada del pueblo de la energía y los ovnis, mientras por debajo opera una red de delitos y violencias que se cobijan con la propaganda del folleto turístico.
Toda una región que depende de la Fiscalía de Cosquín y de uno de los auxiliares de la Justicia: la policía de Córdoba.
Nos preguntamos si servirá la separación de un Comisario, si existe la posibilidad de llevar a juicio político a una Fiscal. Si cuestionar la administración de justicia desde las calles como venimos haciéndolo, nos dará la posibilidad de sentirnos más segurxs y más protegidxs.
No tenemos la respuesta. Sólo sabemos que no queremos más Jorgitos, Marielas, Cecilias o Jonathans.
Que a todxs ellxs lxs queremos vivxs.
Movimiento Plurinacional disidente y feminista de Capilla del Monte
