Ambiente: «La demora del poder judicial es funcional a la actual avanzada devastadora de las topadoras sobre el monte nativo»

Gacetilla de Prensa

Defensorxs ambientales de distintos lugares de Córdoba nos hicimos presente el día 28 de julio a las 8.00 hs. de la mañana frente al Palacio de Justicia I con un petitorio dirigido al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y al Fiscal General, reclamando por la enorme demora en el tratamiento de los Amparos y causas ambientales, como por los fallos arbitrarios que se dan sistemáticamente, desde hace años, en la Justicia de Córdoba. .

Luego de horas de demandar ser recibidos por autoridades del TSJ, a través de la puerta de calle cerrada y custodiada por la policía; alrededor de las 14.00 hs, quince representantes de diferentes asambleas ambientales y comunidades indígenas, demandantes en diferentes causas judiciales, junto a cuatro abogadxs y dos representantes de prensa, fuimos recibidos por la Secretaria de la sala Penal del TSJ, Dra. María Pueyrredón y tres letradas del área de derechos humanos. Allí, cada unx de lxs representantes describimos todas las violencias institucionales a las que hemos sido sometidos sistemáticamente y por años en los procesos de la (in)justicia. Procesos infructuosos que en algunas causas llevan más de 10 años de tramitación. Mientras, por otra parte, en causas que involucran a grupos poderosos como Roggio (Taym), la Justicia se ha apresurado en archivarlas y darlas por prescriptas. Es decir, que es evidente que la lenta acción de la justicia no es estructural sino direccionada.

Denunciamos ante las funcionarias que esta falta de tratamiento de los Amparos, la demora en el dictado de medidas cautelares, la negativa de habeas corpus, es funcional a la actual avanzada devastadora de las topadoras sobre el monte nativo, sobre sitios arqueológicos y sagrados, cuencas hídricas; pero también, avalando la avanzada de la violencia institucional sobre defensorxs ambientales, pobladorxs locales y comunidades indígenas en los valles de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas. El Poder Judicial de Córdoba -en su acción e inacción- es cómplice de la contaminación, de la destrucción ambiental y la violencia estatal desatada en contra de poblaciones vulnerables (pobladores locales, comunidades indígenas, defensorxs ambientales), en total violación de derechos humanos y -entre otro- del Acuerdo de Escazú.

A pesar de la extensa presentación de cada una de las causas y la complejidad del petitorio, la Secretaria Pueyrredón se limitó a asentir silenciosamente y nunca tomó nota escrita ni confeccionó un acta con lo allí expuesto. Al finalizar las exposiciones, la Secretaria se limitó a decir que trasmitiría todo lo expuesto al Vocal del TSJ. Entonces, lxs representantes de las asambleas y comunidades le planteamos enfáticamente que ya muchas veces hemos recibido ese tipo de “compromisos” verbales de funcionarios judiciales que luego no toman ningún tipo de medida real, siendo funcionales a la devastación y la violencia en los territorios. “Ya no podemos irnos sin lograr medidas concretas porque en los territorios estamos poniendo nuestros cuerpos y arriesgando nuestras vidas”, señaló la compañera de Punilla dando cuenta de la gravedad de la situación límite actual. Por lo que lxs asambleístas presentes consensuamos no movernos de la sala hasta tanto se tomaran medidas concretas.

En tal sentido mediante lxs abogadxs exigimos como condición para retirarnos del lugar las siguientes medidas:

1. ​Urgente otorgamiento de Habeas Corpus para proteger a lxs defensorxs ambientales, pobladorxs locales y comunidades indígenas de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas amenazadxs por la avanzada de las autovías y desarrollos inmobiliarios ilegales.

2. El urgente dictado de medidas cautelares en Amparos Ambientales hasta que se resuelva la cuestión de fondo y el control del efectivo cumplimiento de las medidas ya dictadas.

3. La elaboración de una acordada que exija a los jueces una adecuada y urgente resolución las causas y Amparos Ambientales.

4. ​El sobreseimiento de lxs defensorxs ambientales judicializadxs por ejercer el art. 41 de la Constitución Nacional.

Si bien, en una primera instancia la secretaria Pueyrredón acordó firmar el compromiso de tratar y resolver estos puntos; más tarde se retractó ante lxs abogadxs proponiendo sólo un compromiso verbal e inmediatamente abandonó la negociación y el edificio del Tribunales. Dado que el acuerdo no fue cumplido, lxs defensoxs ambientales decidimos permanecer en la sala. La Secretaria nos dejó a merced del Crio. Massa quien ordenó que no recibiéramos alimentos desde afuera, ni que podamos ir al baño, violando los DDHH en el propio recinto del TSJ.

Por otra parte, compañerxs de las organizaciones, comunidades y asambleas que esperaban afuera de Tribunales decidieron acampar en el lugar para acompañar el reclamo y dar alguna garantía ante posibles actos de represión contra lxs representantes que habían decidido permanecer en el lugar hasta obtener medidas concretas.

Horas más tarde se presentó la jueza de control de turno Celeste Ferreyra, acusando recibo del pedido de habeas corpus y manifestando el desconocimiento de la situación. Tomó el rol de mediadora y se comprometió a darnos una audiencia el 29/07 para tratar el pedido de habeas corpus sin garantías de ser resuelta, manifestando límites de jurisprudencia. Además, nos invitó a retirarnos para evitar “empeorar la situación”. Al no tener garantizado el resguardo de las personas que estamos resistiendo en los territorios, ni garantías de ser resueltas nuestras demandas, le respondimos que no nos íbamos a retirar.

Alrededor de las 23 hs y ante nuestra firmeza de sostener el reclamo, se hizo presente el Fiscal ordinario De Aragón, quién se comprometió verbalmente a ocuparse de agilizar nuestras causas pendientes, gestionar a la brevedad las medidas cautelares y a hacer cumplir las que ya han sido otorgadas. Así como a tratar el sobreseimiento de lxs compañerxs imputados. Una vez más solo era un compromiso verbal. Con el agravante de amenazas de desalojo e imputaciones. A la medianoche, luego de permanecer por más de 9.00 hs en el recinto, decidimos retirarnos de la sala; ya que consideramos que habíamos logrado que varixs funcionarixs atendieran a nuestro petitorio.

Así mismo, al nivel de presión del desalojo inminente, la presencia de la policía de Córdoba -la misma que denunciamos su abuso institucional- se sumaba la violencia con que la inacción judicial se viene ejerciendo. Evaluamos que lograr los acuerdos allí expuestos por el momento era suficiente.

Al salir, nos unimos al acampe frente a Tribunales. Seguimos en alerta a la espera del cumplimiento de los compromisos asumidos por el presidente del TSJ quien también se hizo presente en horas de la noche y accedía a una mera entrevista con solo un representante y letrados acompañantes con la condición de que el resto nos retiremos. No accedimos a tamaña extorsión dilatoria. Hacemos responsable al TSJ de la integridad física y psicológica de quienes habitamos y seguimos defendiendo los territorios.

En el contexto descripto, a las 8 de la mañana del día 29 de julio de 2022, compañeras y abogadas se reunieron en Tribunales II con la Jueza de Control de 9na Nominación, Celeste Ferreyra a efectos de puntualizar cuáles serán las acciones concretas que desarrollará el Poder Judicial respecto de nuestras demandas.

Allí se planteó el urgente tratamiento del Habeas Corpus presentado y que debe ser resuelto por la Jueza antes mencionada, quien expresa su compromiso a estudiar el mismo, para lo que nos solicita AMPLIAR el mismo a efectos de analizar la Jurisdicción, cuestión que se ocuparán los abogados en las próximas horas.

LA COHESION DE LAS ORGANIZACIONES AMBIENTALES A LO LARGO Y ANCHO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Lo ocurrido en estos días y los que vendrán, demuestra cabalmente lo importante que fue lograr vernos todxs juntxs reclamando por todas las causas ambientales en la provincia de Córdoba. Desnudamos la gravedad del acuerdo político-empresarial en el asunto y la dependencia con la que actúa el poder judicial. La acción colectiva, decidida y firme, de la unidad de organizaciones, comunidades y asambleas, sacó de eje a quienes sistemáticamente ocultan, demoran e incumplen sus funciones públicas brindando impunidad a quienes violan principios constitucionales, leyes ambientales, tratados y acuerdos internacionales y derechos humanos.

Y en este aspecto, hay una consideración importante a efectuar en cuanto a todo el proceso que realizamos desde la Mesa de organizaciones, pueblos indígenas y asambleas socioambientales. Obtuvimos consensos, trabajamos en ellos y luego llevamos adelante las acciones. Estamos firmes y unidos para resistir y demandar Justicia legítima y efectiva.

En la provincia de Córdoba estamos frente a un colapso ambiental, pero también institucional, sin Justicia ni garantías democráticas. Mientras el gobierno muestra a la sociedad un discurso pseudo-ecológico, “pintado de verde”, en la realidad es demagogia e hipocresía pura. En los actos el Estado es responsable de devastar y saquear los territorios en beneficio de poderes económicos concentrados. Para el pueblo, para lxs ciudadanxs, este gobierno manda con la policía.

Estamos en un momento sin precedentes de crisis ambiental, corrupción y violencia institucional en la provincia de Córdoba. Lxs defensorxs ambientales ya hemos agotado todas las instancias administrativas y procesales, hemos sido respetuosos y pacientes y sólo hemos recibido negación, burlas y violencias del Estado.

¡BASTA DE ECOCIDIO! ¡BASTA DE VIOLENCIAS!

¡JUSTICIA SOCIOAMBIENTAL YA!