Ate y CTA Autónoma piden inmediata liberación de Matías Pérez y el fin de las imputaciones en Punilla
La CTA-A de la Provincia de Córdoba manifiesta su total repudio y se declara en Estado de Alerta ante los avasallamientos contra los Derechos Humanos y las garantías individuales y colectivas que se están perpetrando en el Valle de Punilla a partir de las arbitrarias detenciones e imputaciones a Defensores Ambientales por parte del Poder Judicial cordobés.
Por Federico Giuliani, Secretario General – ATE y CTA-A Provincia de Córdoba.
Pérez, 1er Vocal electo la semana pasada para la Comisión Ejecutiva Local (CEL) de la CTA-A Punilla, fue aprehendido hace unas horas en su casa por orden del Poder Judicial Provincial. Otros dos miembros electos también se suman a la lista de más de 10 imputados por las protestas contra el avance de la Autovía en Punilla.
La CTA-A de la Provincia de Córdoba manifiesta su total repudio y se declara en Estado de Alerta ante los avasallamientos contra los Derechos Humanos y las garantías individuales y colectivas que se están perpetrando en el Valle de Punilla a partir de las arbitrarias detenciones e imputaciones a Defensores Ambientales por parte del Poder Judicial cordobés.
Ayer advertíamos y repudiábamos la imputación de Marcela Martín, delegada de ATE del Hospital Colonia Santa María de Cosquín: hoy exigimos el CESE INMEDIATO DE LA PERSECUCIÓN y la liberación YA del compañero Matías Pérez, 1er vocal electo de la CEL de la CTA-A Punilla, vecino de la comunidad de Pueblos Originarios Nueve Lunas de San Esteban de quien, hasta esta hora, no tenemos información de adónde fue trasladado, bajo qué cargos ni por orden de qué Fiscalía. Además de él y Martín, también advertimos que han sido imputados/as otros dos integrantes de la CEL Punilla: Marco D´Angelo, docente, y Gabriela Taborda Varela, comunicadora, ambos vocales electos de la CTA-A Local.
Los hechos aducidos por el Poder Judicial para las imputaciones y detenciones se relacionan con la protesta llevada adelante por activistas e integrantes de diversas organizaciones el sábado pasado en el centro de la Ciudad de Cosquín. Allí, los manifestantes repudiaron la presencia del Intendente de la localidad Gabriel Musso, quien avala la obra de la Autovía sin realizar las consultas exigidas por las comunidades del Valle. Tomándose de ese hecho, el Poder Judicial ha comenzado un verdadero raid de imputaciones y detenciones a compañeras y compañeros que vienen luchando contra el avance de esta obra faraónica, poniendo el cuerpo frente a las máquinas y evitando el avance de las mismas desde hace meses.
Los argumentos para la negativa a la realización de la obra han sido más que mentados por especialistas y vecinos/as: la destrucción del ambiente, del patrimonio arqueológico y la amenaza de problemas con la provisión de agua potable a todo el Valle y la Ciudad de Córdoba son solo algunas de las consecuencias más notables, entre tantas otras. Al no contar con la aprobación de las comunidades, la única licencia que tiene la obra es la Judicial que se maneja de la manera más brutal que pueda existir y con una parcialidad tal que recuerda a los funcionarios de la “Justicia” de las peores épocas de nuestro país, cuando las militancias eran proscriptas, detenidas, perseguidas, con causas armadas, testigos truchos y toda otra artimaña que pueda existir con tal de hacer avanzar a los poderes económicos que pretenden, desde siempre, adueñarse de nuestra Patria.
De todas formas, reforzamos nuestra posición: ningún circo judicial podrá frenar la organización de nuestras comunidades -y de la clase trabajadora en su conjunto- que decide vivir en ambientes sanos y persistir en el control soberano de sus territorios y recursos para la vida digna y el buen vivir.
