Cuando la libertad no avanza

En un contexto pre electoral, los discursos políticos negacionistas sobre el genocidio perpetrado en nuestro país durante la última dictadura cívico militar, aparecen normalizados como parte del debate democrático. Sin embargo, ¿cuáles son las consecuencias que estas ideas pueden traer?

En Capilla del Monte, durante la noche del debate de los candidatos y candidatas a presidentes, fueron destrozados los mosaicos del mural en memoria de los desaparecidos, fue violentada la figura de las Madres y Abuelas, que desde hace más de 40 años pusieron su vida para llegar a la verdad. No conformes con los destrozos, continuaron al día siguiente. Tachar los pañuelos blancos en la Plaza San Martín, violentar por sexta vez el mural sobre los derechos de las niñeces frente a la plazoleta del barrio Balumba, son hechos que se repiten en nuestra localidad, y aún así no aparece un repudio suficiente a nivel social y político.

En el marco de estos 40 años de la democracia, es clave repensar ciertas formas que adquiere la violencia en perspectiva histórica. Estamos frente a uncontexto donde, en la arena política y social argentina, aparecen nuevas figuras que proponen un retroceso en la forma de entender la violencia estatal y el terrorismo de Estado. Candidatos como Javier Milei, aparentan construir una figura de cambio, con planteos que no hacen más que retomar fórmulas obsoletas y fracasadas desde la economía, y va por más. Despreciar la ciencia, la educación pública de gestión estatal, los derechos de mujeres y disidencias; hablar de una guerra en los ’70; cuestionar el número de los desaparecidxs y legitimar la represión de los gobiernos de factos, como excesos. Vuelve sobre una fibra sensible de nuestro país, que aún hoy tiene secuelas enormes para sobrevivientes y familiares. Pretende marcar la diferencia con un discurso cargado de números, como suele hacer, para construir credibilidad y sostener su imagen de algo ficticiamente nuevo.

Mientras que la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich le envió una carta a las Fuerzas Armadas en la que promete “restaurar su dignidad” y darle una “salida justa a los militares que fueron condenados por delitos de lesa humanidad”. Recordando su paso por el Ministerio de Seguridad y su enfoque militarista para la seguridad interna, en la carta dirigida a oficiales, suboficiales y soldados de las Fuerzas Armadas, expresa su identificación con ellos, reconociendo que comparten, “desde hace mucho tiempo una misma vocación que es la grandeza de nuestra Patria y el orden en nuestro querido país”.

Por su parte, vimos como la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villaruel, llevó adelante -semanas atrás- en la legislatura porteña otro acto negacionista y reivindicativo de la dictadura militar. En el mismo lugar donde se lee una placa que dice: “A 40 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Memoria, Verdad y Justicia. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», aquel testimonio del consenso democrático, comenzó a tensionarse.

Las palabras no son ingenuas. Hace cuarenta años, comenzaban -en aquella transición democrática-, los intentos por desmilitarizar la política. Los distintos gobiernos no consiguieron desmantelar el aparato represivo, mientras que la actuación policial fue ganando poder y control territorial, y en el presente las Fuerzas Armadas (FFAA) vuelven progresivamente a la escena pública, desde un enfoque que intenta re posicionar su lugar en el pasado.

Hoy, podemos pensar cómo figuras jurídicas de carácter excepcional han sido utilizadas por distintos gobiernos durante éste y el siglo pasado. Dichas medidas se dan cuando éstas se prolongan en el tiempo, como la figura del estado de sitio o la sanción de normativas de carácter autoritario -que en el marco de la seguridad y la defensa del orden- generan nuevas formas de gobierno que avalan -por ejemplo- la abolición provisional de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La excepcionalidad explica el pensador Giorgio Agamben, construye un umbral entre democracia y absolutismo. El problema más grave aún, es cuando las lógicas excepcionales y autoritarias se convierten en prácticas permanentes de los gobiernos, amparadas -paradójicamente- en el sostenimiento del orden constitucional.  A la luz de los de los recientes discursos políticos, la excepcionalidad ya ni siquiera sería una figura, sino una forma que adquiriría un determinado modelo democrático.

La intención de instalar en el discurso público una versión de la historia reivindicativa de la violación de los derechos humanos, que habilita poner en duda la existencia de un plan sistemático de exterminio durante la dictadura, al igual que la apropiación de bebés, torturas y desapariciones, comienza a corroer los sentidos sobre la libertad, el derecho y las garantías constitucionales. Lo peor, la impunidad tan enraizada ya en determinadas estructuras institucionales, se convierte en la protagonista.

La violencia ejercida sobre los murales, no son acciones aisladas. Cada palabra en el juego político se hace un eco peligroso hacia el interior de los territorios. Otorga legitimidad a sectores que ya operaban entre las sombras, con el riesgo latente de que ahora puedan tener poder.

Sin embargo, la mirada atenta de vecinos, vecinas, organizaciones sociales y comunitarias, nos permite seguir creyendo. Así fue el domingo, cuando dieron aviso de lo que estaba sucediendo con el mural y las personas se retiraron impunemente. Las banderas por la Memoria, la Verdad y la Justicia, seguirán siendo una proclama indisoluble. Como expresaron desde la Red por la Identidad de Punilla Norte, el compromiso de lxs vecinxs, también es “el reflejo de la mayoritaria parte de nuestra sociedad que ha dicho una y mil veces Nunca Más”.