La Base está: entre el repudio y la represión en la calle, el Senado aprobó en general la Ley Bases

Finalmente el Senado aprobó de manera general, con un paquete totalmente regresivo, la Ley Bases, a la que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, tuvo que desempatar después del resultado de la votación. Hubo cambios en la reorganización administrativa del Estado, privatizaciones, la reactivación de la moratoria jubilatoria y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La Cámara de Diputados tendrá que confirmar lo que salió del Senado, de lo contrario se vuelve a la versión original.

Los votos fueron en rechazo por parte del  interbloque de Unión por la Patria (UxP) , junto al de los dos senadores de Santa Cruz: José María Carambia y Natalia Gadano y también el presidente de la UCR, Martín Lousteau. Los 36 positivos, fueron  7 de La Libertad Avanza, 6 del PRO, 12 de la UCR y 11 de distintos bloques provinciales. Luego del empate, como indica el reglamento, se ratificaron los votos, y fue el turno de Villaruel.

En el preludio a su voto afirmativo para el desempate, Villarruel se refirió a las dos argentinas, y retomó una retórica que apunta, una vez más, a instalar la construcción de los enemigos de la nación y el terrorismo, al referirse a los manifestantes que fueron brutalmente reprimidos en la Plaza Congreso. A pesar de que su rol en el recinto es el de moderar, con una sonrisa  largó sus palabras con la comodidad de un triunfo que arañó con el desempate, pero esperable después de la maraña de negociaciones entre los senadores.

Mientras que desde la Presidencia, se lanzó un comunicado oficial al instante, celebrando la Ley, y aludiendo a “los grupos terroristas” que atacaron el Congreso, para legitimar el lugar de las Fuerzas de Seguridad, que con la intención de desalojar las calles, utilizaron gas pimienta y camiones hidrantes contra trabajadorxs que ejercían su legítimo derecho a la protesta, periodistas y varios diputados nacionales que tuvieron que ser hospitalizados debido a las agresiones recibidas. Por su parte, y apelando a esta retórica del oficialismo, la Ministra Bullrich, habló de un «golpe de Estado Moderno», al referirse a las manifestaciones afuera del Congreso.

El escenario represivo desplegado, parece ser ya parte de la postal del gobierno cada vez que pretende avanzar con las medidas regresivas que se propuso desde el inicio. Infiltrados que tiran piedras y luego se llevan detenidos a manifestantes, el ataque directo a los ojos de periodistas y fotógrafos, el vallado garantizado con todas las fuerzas de seguridad, evidencian cuál es la gobernabilidad que pretende construir este gobierno: un ejecutivo con facultades delegadas para hacer lo que quiere y el respaldo de la violencia estatal para garantizar su mandato. La violencia, esa es la única función que no pretende quitarle al Estado, sino potenciarla en todos sus aspectos.

El resultado de ese debate cargado de repudio en el afuera, fue lo que se visibilizó en la manifestación masiva en Buenos Aires y en tantos lugares del país. Las modificaciones a estas medidas regresivas, implican cambios como el de quitar la eliminación de la moratoria previsional y sacar Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina de las empresas a privatizar, pero todavía no están firmes. También el Gobierno sufrió un revés importante durante las votaciones del paquete fiscal. En este caso, se perdieron dos votaciones claves en Ganancias y Bienes Personales. Estos son algunos de los cambios que deberán ser aceptados o rechazados por las y los diputados.

Sobre el final, se presentaron otros puntos que modificarían el polémico RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones). Acotaron el régimen a 5 actividades: agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología. Si bien se incorpora que al menos el 20% del total de la inversión esté destinado al pago de proveedores locales, esta medida no es muy clara, y se abre una ventana a un régimen que dista mucho de generar más posibilidades de trabajo.

En Capilla del Monte

Durante el día miércoles, las convocatorias se hicieron presentes en las calles de distintas localidades del interior del país. En Capilla del Monte, una volanteada en el semáforo de la Ruta 38, convocó a vecinos, integrantes de la Asamblea Multisectorial, miembros de ATE, el Movimiento Popular La Dignidad, el Movimiento Plurinacional, entre otros. Mientras los vehículos se detenían, con carteles y volantes se interpelaba a la gente para que tome conciencia de los potenciales riesgos de terminar de aprobarse este paquete de medidas que intenta aprobar el gobierno de La Libertad Avanza.

Ada Santi, junto con su esposo, Antoni Ibaldi, docentes jubilados y residentes en Capilla del Monte, compartieron la jornada con la bronca que mueve a muchos. “La indignación hace que estemos  acá en lo que significa defender los derechos de la gente. Incluso hasta los que todavía no se dieron cuenta que están siendo utilizados para destruir el país”, dice Ada.

Cuando piensan en lo que puede suceder de aprobarse esta Ley, Ada advierte que “es el desguace total del país. Es dejarnos desmantelados, sin nada. Y si tienen éxito nos deja sin la organización, va haber una baja en el nivel de credibilidad y de participación de la gente, yo tengo ese miedo, que estén especulando con eso”.

“Esto va a regalar la Argentina”, agrega Antonio: “tenemos que estar unidos, es la única manera de voltear a esta cretina gente que vinieron a regalar la Argentina. ¿Vamos a ser una colonia de los Estados Unidos, o de quienes manden?”, lo que estamos haciendo hoy es algo, algo se despierta, la gente por ahí piensa un poquito”.

Al margen de esta Ley, las medidas de ajuste de este gobierno que impactan directamente hacia la población, ya dejó a miles de trabajadores sin empleo. Mientras que la amenaza a perder el trabajo sigue siendo otro de los mecanismos crueles de esta gestión de gobierno, para desmoralizar y profundizar una ruptura social que cae, en el sálvense quién pueda.

Belén Agnelli, es de Villa de Soto, es una de las treinta despedidas del Instituto Nacional de Agricultura familiar campesina e Indígena de Córdoba, donde hacía veinticinco años que trabajaba. Belén participa en el gremio de ATE, de la seccional de Cruz del Eje, y durante el día miércoles se sumaron junto a otros integrantes de ATE a la convocatoria de Capilla.

En relación a lo que está sucediendo, Belén siente que, “cada una de las cosas que se van mencionando es un derecho menos, una pérdida para el pueblo argentino. Desde los derechos naturales, laborales, la jubilación, prácticamente no hay nada que favorezca a los argentinos y argentinas”.

Así, en cada luz roja del semáforo, con banderas, carteles y volantes, se advertía a la población que  estas medidas, son un atentando contra sus derechos y la soberanía de nuestro país. Este 12 de junio, fue un episodio más de esta gestión, que demuestra el creciente espíritu antidemocrático que se funda en cada acción que define el gobierno y la necesidad de respaldarse con la violencia física.

*Fotos: Euge Marengo