En ocho meses se derrumbaron los salarios provinciales

El proceso de ajuste y pérdida del poder adquisitivo de los salarios de las y los trabajadores en el Estado provincial ubica los haberes en porcentajes brutales, que someten al plantel de empleados públicos muy lejos de las necesidades de las familias, conforme los aumentos de preciso de los elementos de la canasta familiar y en algunos sectores de la canasta alimentaria.

Este proceso comenzó en agosto, paralelamente a que se confirmara la buena performance electoral de Javier Milei en las PASO del año pasado, antes que se confirmara este cuadro en noviembre con su victoria en el ballotaje, caída que se profundiza en diciembre con la asunción del nuevo gobierno.

Así lo establece un informe que el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) que realizó en exclusiva para ATE.

El informe explora en detalle cómo los trabajadores y trabajadoras de los sectores de Salud, PAICOR y SENAF enfrentan condiciones económicas desafiantes, en los últimos meses ubicándose por debajo de la línea de pobreza. “Esta realidad plasmada en la experiencia diaria de los empleados refleja una urgencia por revisar y mejorar las condiciones salariales y laborales”, sostiene el equipo de trabajo de profesionales formados en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC.

El estudio analiza cómo los salarios, sumado a los haberes jubilatorios, se han visto afectados desde agosto de 2023 hasta abril de 2024, evidenciando un deterioro tanto en términos reales como en el acceso a la Canasta Básica Total (CBT), fijada en $828.158,19. Además, examina las disparidades entre sectores y la brecha salarial entre trabajadores registrados y no registrados, identificando las diferencias en términos de remuneración y condiciones laborales.

Sector Salud

Las y los trabajadores del sistema sanitario provincial, aquellos que sostuvieron la salud de la población en la pandemia, crisis donde fallecieron decenas de compañeras/os en ese contexto, presentan cifras en relación con la Canasta Básica Total (CBT), en promedio, que alcanzan a cubrir en abril de 2024 un 77% de lo que fija INDEC como línea de la pobreza para los/las profesionales de enfermería (convenio 7625) que las/los administrativos de servicios generales ( convenio 7233) llegan solo al 75%.

El informe menciona que existe una disparidad que oscila entre el 20%-30% entre las tareas de enfermería y las tareas administrativas, con similar antigüedad. El caso de enfermeros/as que trabajan bajo el convenio 7625, disminuye en un 26,8% entre agosto de 2023 y diciembre de 2023 para luego permanecer prácticamente estable en los meses de 2024, acumulando un pérdida total del 18,2%; mientras que en el caso de administrativos/as salud bajo convenio 7233, su salario real de bolsillo disminuye en un 31,1% entre agosto de 2023 y diciembre de 2023 para luego permanecer prácticamente estable en los primeros meses de 2024 y caer en mayo de este año, acumulando un pérdida total del 28,8%.

Así, la negociación paritaria de este año cristalizó esa caída salarial, para luego mantener prácticamente el Gobierno de Córdoba al definir que desde enero los sueldos acompañen la inflación.

SENAF

Las y los trabajadores de la SENAF provincial sufren en abril de 2024 salarios cuyo poder de compra llega al 63% en el caso del personal de planta, pero sólo del 38% para las/los monotributistas, que son la mayoría.

Si en agosto de 2023 la planta permanente cubría el 95% de la Canasta Básica Total (CBT) y las/los monotributistas de la misma secretaría el 46%, en 2024 las monotributistas perciben sólo el 60% del salario de quienes están bajo convenio. Cabe señalar que las trabajadoras monotributistas recibieron dos aumentos, uno en septiembre de 2023 y otro en enero de 2024. A pesar de estos incrementos, todas las categorías han experimentado un recorte en su salario real debido a la inflación, siendo más severo el impacto para las trabajadoras bajo convenio.

PAICOR

En este sector del personal provincial, las/los trabajadores en planta permanente alcanzaron en abril pasado el 53% de la CBT, y aquellas/os con contratos temporales apenas el 21%. Así, a pesar de los incrementos otorgados por el Gobierno de Martín Llaryora las y los trabajadores de PAICOR perdieron el 18% para los salarios de las y los trabajadores solo en el mes de diciembre, dependiendo del cargo.

La desigualdad entre personal de planta y precarizado en el caso de PAICOR es muy marcada, remarca OTES. No sólo en términos de remuneración sino también en los derechos a los que acceden las y los trabajadores enmarcados en diferentes regímenes de contratación, como por ejemplo el del acceso a una negociación paritaria.

En el caso del empleo informal, su actualización salarial depende de las voluntades que no están vinculadas con la dinámica salarial general ni con las necesidades de quienes llevan a cabo las labores. Es por esto que los ingresos que percibían se encontraron congelados en casi todo el periodo, sufriendo un deterioro constante producto de los aumentos de precios. Por ello, cuando analizamos en términos reales se observa una caída constante con piso en marzo donde se recibe el primer aumento desde agosto de 2023. La brecha entre ambas remuneraciones hace que quien realiza la labor sin convenio perciba sólo entre un 20% y un 40% de lo que percibe un/a trabajador/ra bajo convenio de trabajo.

Proyección para recuperar salarios

OTES analiza también en su informe el reciente acuerdo paritario, nos hemos dedicado a proyectar los resultados parciales y totales utilizando como punto de referencia el área de la salud. Este acuerdo paritario incluye principalmente un aumento salarial en abril para compensar las pérdidas acumuladas en períodos anteriores, un bono de suma fija que se incrementa mes a mes, y un reconocimiento del 50% de la inflación en los primeros 2 meses, seguido de un aumento del 75% en el salario de junio, que se percibirá en julio.

Aunque el resultado de la negociación salarial sigue siendo desfavorable en términos de la evolución del salario real de los trabajadores y las trabajadoras, “lo cual es comprensible dado que, más allá de los adicionales, los salarios están determinados a crecer por debajo de los precios, la pérdida es considerablemente menor que en períodos anteriores. Esto se debe en gran medida a que, en un contexto de desaceleración de la inflación, los salarios se ajustan según el último índice publicado, que suele estar desfasado dos meses respecto al momento del cobro, mientras que el deterioro ocurre al ritmo de la inflación del mes corriente”.

Y agrega: “por ejemplo, el salario de abril se ajusta según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que alcanzó el 13,4% (equivalente al 50% de este, es decir, 6,7%), pero se deteriora conforme al IPC de marzo, que coincidentemente fue del 6,7%. En
consecuencia, al incorporar la suma fija y la recomposición por la pérdida salarial pasada, se observa una leve recuperación en ese mes. En abril, se observa una recuperación salarial del 1,07%, seguida de una caída del -1,95% en mayo y en junio -0,26%. Como resultado de la negociación paritaria mencionada, se puede esperar una disminución total del -1,16% en el salario real”.

El Observatorio apunta entonces que “teniendo en cuenta las proyecciones hacia junio y las pérdidas acumuladas calculadas en el apartado anterior, podemos esbozar diversos escenarios de recuperación salarial, tomando como casos testigo a las trabajadoras de la salud en el área de enfermería y a los trabajadores de la salud en el área administrativa. Si el objetivo es situar la recomposición salarial por encima de la línea de pobreza en la próxima discusión paritaria, se necesitaría un incremento porcentual del 6% para el área de enfermería, lo que equivaldría a un monto fijo de 54 mil pesos, y un aumento del 33% para el área administrativa, equivalente a un monto fijo de 254 mil pesos”.

“Por otro lado, si el propósito de la recomposición es restablecer los salarios al nivel que tenían en agosto de 2023, se requeriría un incremento porcentual del 35% para el área de enfermería, representando un monto fijo de 335 mil pesos, mientras que para el área administrativa se precisaría un incremento porcentual del 43%, equivalente a un monto fijo de 327 mil pesos”, evalúa OTES.

FUENTE: Ate Córdoba.