Denuncian irregularidades en el proceder policial para la investigación del femicidio de Cecilia Basaldúa

El 19 de noviembre, en el marco de la nueva investigación por el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa, debían hacerse presente desde las mañana diferentes testigos a los fines de avanzar en la instrucción de esta causa, ahora radicada en la Fiscalía de Cruz del Eje. “Había una audiencia prevista, los testigos no habían llegado y la policía decía que no los habían localizado, cuando eso era falso”, explica Gerardo Battistón, abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos, y agrega que el 13 de noviembre la Fiscalía ofició a la Comisaría de Capilla del Monte para que procediera con las notificaciones: “los testigos llegaron de casualidad”, enfatiza.

Pasada la mañana y a partir de un mensaje fortuito recibido por la Dra. Daniela Pavón, abogada de la querella de los padres de la víctima, llegó a tribunales de Cruz del Eje una de las testigos, quien aseguró que no había recibido ninguna citación judicial y no había sido contactada con anterioridad a la fecha. De la misma manera sucedió con el otro de los testigos. “Resulta inadmisible la excusa dada a la Fiscalía de que los testigos no pudieron ser localizados en seis días, desde el 13 al 19 de noviembre”, dicen en la denuncia y agregan que “cuando recibieron la llamada de la Fiscalía, reclamando las citaciones, los funcionarios policiales ubicaron a los testigos en el acto, con los mismos datos que ya se habían proporcionado seis días antes”.

Si bien, esta situación -según sostienen- podría implicar una simple desidia en el cumplimiento del deber, dado los antecedentes del caso, es considerada como una “deliberada obstrucción al accionar de la justicia por parte de los integrantes de una repartición policial que, desde el primer momento, fueron sospechados por los familiares de la víctima como encubridores, al menos, de los responsables del hecho”. El escrito fue firmado por Pilar Goldmann, Directora de la dependencia Nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad Ministerio de Justicia, dirigida a la Directora del Organismo de Investigaciones de las Fuerzas de Seguridad, Dra. Laura Cora Bogani.

Los antecedentes del caso

• El 25 de abril del año 2020, después de una búsqueda de veinte días, el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa, apareció sin vida en las cercanías del basural de Capilla del Monte. El último contacto fue el 5 de abril y el lugar donde estuvo alojada fue la casa de Mario Mainardi, quien residía en la localidad.
• El 28 de abril, Lucas Bustos fue llevado junto con su hermano, Santiago David,  a la comisaría de Capilla del Monte y luego trasladado como sospechoso a la cárcel de Cruz del Eje, sin pruebas en su contra.
• El 5 de marzo del año 2021, la fiscal de Instrucción de Cosquín Paula Kelm, elevó la causa a juicio, con un único imputado, sin pruebas que lo incriminen.
• El 2 de mayo de 2022 comenzó el juicio contra Lucas Bustos en los Tribunales de Cruz del Eje, integrado por ocho jurados/as populares y tres vocales de la Cámara Penal de Villa Dolores. Si bien la Cámara de Acusación correspondía  a Cruz del Eje, la Cámara debió apartarse por una causal de inhibición cuando toma participación la nueva abogada de Lucas Bustos, María Claudia Brandt, y pasó a la Cámara de Villa Dolores. El juicio se mantuvo en Cruz del Eje porque el imputado hacía dos años que estaba detenido allí detenido y el jurado popular también era de la zona.
• Desde el primer día del juicio, el Fiscal Sergio Cuello sostuvo la hipótesis de la Fiscal Paula Kelm. Así hasta el final -1 de julio- cuando se consagró con la frase: “realmente me gustaría encontrar una prueba objetiva contra Lucas. Me encantaría tener un ADN positivo, tener sangre, huellas. En la escena no había ni un yuyito, el paso del tiempo llevó a eso, borrando huellas de pruebas. No hay otra prueba, señores del jurado, que las que he intentado resumir. Me encantaría como fiscal tener otra prueba pero no la hay”, y pidió la reclusión perpetua para Lucas Bustos.
•  El 1 de julio, por unanimidad, el jurado popular y los dos jueces técnicos, decidieron la absolución del imputado y la posibilidad de una nueva investigación en otra Fiscalía.

¿Qué pasó después?

• No conforme con el resultado, en septiembre del año 2022, el Fiscal Sergio Cuello presentó un recurso de casación al Tribunal Superior de Justicia, contra la sentencia que absolvió a Lucas Bustos. Dilatar los tiempos en una investigación que estaba en su punto 0, fue denunciado desde el Equipo de Justicia por Cecilia, como una estrategia más de la corporación judicial, que sólo había demostrado encubrir a funcionarios, policías y femicidas.
• El abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos, Gerardo Battistón, presentó un informe contestando la Casación del Fiscal Cuello, para que se expidieran en la designación de una nueva Fiscalía.
• Finalmente, a principios del mes de noviembre del año 2022 el Tribunal Superior de Justicia designó a la Fiscalía de Cruz del Eje para dar inicio a una nueva investigación, a cargo del fiscal Barrera. El 8 de noviembre, la abogada Daniela Pavón es notificada que el fiscal Barrera estaba de licencia y quién lo reemplazaba era Paula Kelm.

Después de varios viajes de la familia de Cecilia a Córdoba, este año se confirma al Fiscal Lingua en la causa. Con avances en la investigación, el 21 de agosto se llevó a cabo una inspección judicial y el recorrido por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte. La inspección dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida.

A lo largo de esta cronología de hechos, cabe destacar, que tres de los cuatro policías de la Brigada de Investigaciones de Capilla del Monte, que tuvieron activa participación en la primera pesquisa, fueron detenidos por violencia de género contra sus parejas. En la denuncia formal presentada al organismo de control de las Fuerzas de Seguridad de la provincia de Córdoba, se detalla incluso como el “comisario Inspector Diego Alejandro Bracamonte, fue detenido a mediados de agosto pasado por orden del fiscal de Cosquín, Raúl Ramírez, quién lo imputó por el delito de violencia de género; el comisario Adrián Lúquez, jefe en Capilla del Monte, fue separado del cargo tras denuncias por violencia de género; y en agosto de 2022, en un juicio abreviado, el ex subcomisario Ariel Daniel Zárate fue condenado a seis años de prisión tras ser imputado por violencia de género. Lo que resulta paradójico ya que eran los encargados de investigar un hecho íntimamente ligado con la violencia de género”. De la misma manera, Adrián Lúquez,  ex sub comisario de Capilla del Monte en el momento de la desaparición de Cecilia, estuvo detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy se encuentra en libertad en la provincia de San Luis.

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Estos antecedentes conllevaron a la preocupación de la querella que representa a la familia en la causa del femicidio de Cecilia Basaldúa. La medida de la impunidad tiene nombres que se van armando y desarmando en un tetris de posibilidades, al que la querella está pendiente en no dejar caer.

Desde el año 2023, mediante el decreto 897/2023, rige una recompensa de la provincia de Córdoba a quien pueda brindar información al respecto. Este año, el monto fue actualizado en 6 millones de pesos. Susana Reyes y Daniel Basaldúa, la mamá y el papá de Cecilia, han manifestado que tuvieron ciertos reparos por parte de funcionarios policiales para dejar los carteles en la Comisaría de Capilla del Monte. El 1 de agosto de este año, los padres hablaron en dicha dependencia policial y luego de que lograran que los autoricen a colocarlo, el cartel duró apenas unos días y fue retirado.

Este tipo de actitudes, llamaron la atención de los familiares, dado que el afiche con la recompensa debe ser difundido mediante las instituciones públicas, en particular la policía. Sin embargo, la indiferencia ante estos hechos como la falta del cumplimiento en el deber público, en una investigación que ya atravesó un sin número de irregularidades, determinó la decisión de esta denuncia a los fines de esclarecer procedimientos y que no vuelvan a repetirse los errores y/u omisiones del pasado.