Horacio Siriani, con verdad y sin Justicia

*por Alexis Oliva.

Horacio Siriani, era un estudiante de medicina y psicología -oriundo de Cruz del Eje- fue una de las víctimas del terrorismo de Estado previo al golpe de 1976.

Don Bruno Siriani se acercó a los pocos parientes y amigos que se animaron a asistir al velorio de su hijo Horacio, a pesar del miedo a ser secuestrados o marcados. Les pidió que lo dejaran un minuto solo para darle el último adiós. Los murmullos se apagaron y el silencio invadió la casona de avenida Sarmiento y calle San Luis, en Cruz del Eje. Don Bruno cerró la puerta, destapó el ataúd e hizo entrar a un fotógrafo, para registrar cada una de las huellas que los tormentos dejaron en el cuerpo del estudiante de Medicina asesinado el 11 de abril de 1975 en la División de Informaciones de la Policía (D2) que funcionaba detrás del Cabildo Histórico de Córdoba.

Ese instante de temple y lucidez fue el inicio de una causa paradójica, de abrumadora prueba documental, que derivaría en un insólito sobreseimiento. Aunque es “cosa juzgada”, el “Caso Siriani” ha sido mencionado en los principales juicios de lesa humanidad en Córdoba como un paradigma del horror represivo y la complicidad judicial.

Por estos días, en el que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) contra el ex juez Carlos Otero Álvarez por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y omisión de denunciar delitos”, cuando era secretario penal del Juzgado Federal N° 1 en tiempos del terrorismo de Estado.

La barbarie

Horacio Américo Siriani tenía 25 años y estudiaba Medicina y Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba, cuando fue detenido en el bar Español de Cruz del Eje, el 9 de abril de 1975, en una redada que incluyó a otros ocho varones y dos mujeres. Trasladados el día siguiente a la D2 por “averiguación de actividades subversivas”, fueron esposados, encapuchados y mantenidos más de 24 horas parados en el patio, sin comida ni agua, sin poder ir al baño y sometidos a torturas y vejaciones, según se narra en el expediente “SIRIANI Bruno Ernesto, su denuncia (20-S-75)”.

Entre los detenidos, había militantes de la Juventud Peronista (JP) y de organizaciones de izquierda maoístas y comunistas. Algunos no tenían filiación política. Según recuerdan sus amigos, Siriani era “de izquierda socialista independiente” y no pertenecía a ninguna organización revolucionaria. Nada hacía suponer un encierro prolongado y mucho menos la muerte.

Lo peor de su calvario comenzó a la madrugada del 11, cuando cayó desvanecido por la sed. Sus captores lo levantaron a golpes. Pidió agua y lo volvieron a golpear. Entonces reaccionó y atropelló a los policías que a duras penas lograron reducirlo. Los demás detenidos escucharon que lo apalearon, lo llevaron a la sala de torturas y horas después lo devolvieron al patio. “Kung fu”, “guapo”, se burlaban los guardias cuando lo oían quejarse. “Todo policía que llegaba se acercaba a Siriani y le propinaba un castigo”, se relata en la síntesis de los testimonios. Desesperado por el dolor, intentó una nueva embestida. Lo sujetaron entre varios y lo golpearon con un palo. Ya inmóvil, lo arrastraron fuera del patio.

Horas después, el forense policial Ramón Coll lo encontró muerto a causa de “traumatismos cráneo encefálicos”, según su informe. En sendos reportes de autopsia, los médicos judiciales Toribio Aguerre y Luis Cerioni describen numerosos hematomas y contusiones externas y graves lesiones y hemorragias internas, en el cerebro, corazón, pulmones, hígado, bazo y riñones. En el glande y los testículos “se pueden apreciar lesiones erosivas múltiples (…) que pueden ser quemaduras de cigarrillos”, señala Aguerre. Sobre las “escoriaciones puntiformes” en las manos y otras partes del cuerpo, Cerioni, director del Cuerpo Médico Forense, conjetura: “¿Agujas hipodérmicas?”.

La impunidad

Mientras su hermano Ernesto reconocía el cuerpo de Horacio en la morgue del Hospital San Roque, Bruno Siriani recurría a los abogados Hugo Vaca Narvaja (h) y Miguel García para la primera denuncia, el mismo 11 de abril. En la querella presentada el 14 de mayo ante Carlos Otero Álvarez, secretario del juez federal N° 1 Adolfo Zamboni Ledesma, los informes forenses, sumados a las fotos obtenidas por el padre, eran descriptos como un “pavoroso y atroz cuadro” que mostraba la “catadura de mentes retorcidas, enfermizas, salvajes, alimentadas por el odio”.

A pesar de las pruebas que indicaban un intento de encubrimiento –desaparición de hojas del libro de guardia, la firma adulterada de Siriani padre en un acta apócrifa de allanamiento de su casa y registros horarios alterados–, Ernesto Julio Ledesma (titular de la D2), Américo Domingo Argüello (jefe de Policía) y Luis Alberto Choux (subjefe) deslindaron su responsabilidad y solo fueron imputados los autores materiales: los suboficiales Orlando Bernardo Cuello, Gabriel Alberto Salerno, Juan Carlos Garay, Luis Centeno, Juan Domingo Leguizamón, Antonio Armando Gutiérrez y Edgardo Murúa.

El 19 de agosto, policías de la D2 comandados por Carlos Yanicelli allanaron el estudio de García y se llevaron la copia del incómodo expediente 20-S-75 de la causa Siriani. El letrado fue detenido y la rápida acción de sus colegas Rafael Vaggione y Luis Rubio logró su libertad antes de quedar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. García se ocultó en Villa Mercedes, San Luis, hasta el final de la dictadura.

El 20 de noviembre, Vaca Narvaja fue secuestrado al salir de la sede del Tribunal Oral Federal N° 2, en avenida General Paz 456. Su padre homónimo, también abogado y ex ministro del Interior de Arturo Frondizi, presentó al juez Zamboni Ledesma un pedido de avocamiento y solicitó que lo sacara de la D2, alegando la aversión policial contra su hijo por su participación en el caso Siriani. Preso en la cárcel de barrio San Martín, Vaca Narvaja fue trasladado y fusilado junto a Gustavo De Breuil y Arnaldo Toranzo, con el falso pretexto de un intento de fuga, el 12 de agosto de 1976.

Sin abogados que la sostengan, la causa Siriani se paralizó y el 26 de diciembre del 76 el propio fiscal Alí Fuad Alí pidió el sobreseimiento, concedido en forma provisoria por Zamboni Ledesma el 31 de julio del ´79. El 12 de mayo de 1997 –en democracia pero bajo vigencia de las leyes de impunidad–, el titular del Juzgado Federal N° 1 Ricardo Bustos Fierro lo convirtió en definitivo.

Desde 2009, la Fiscalía federal –entonces a cargo del hoy juez Fabián Asís– venía reuniendo pruebas para plantear la anulación del sobreseimiento a los victimarios de Siriani con la figura de “cosa juzgada írrita”, por evidente arbitrariedad y parcialidad. Durante el “juicio de los magistrados”, lo solicitó el fiscal Carlos Gonella. El 7 de diciembre de 2017, el TOF N° 2 –presidido por el juez Julián Falcucci secundado por José Quiroga Uriburu y Jorge Gallino– condenó al ex juez Miguel Ángel Puga y el ex fiscal Antonio Cornejo a tres años de prisión en suspenso y absolvió al ex defensor Ricardo Haro y a Otero Álvarez. El punto 3 de esa sentencia declaró “improcedente el pedido de declaración de nulidad del sobreseimiento dictado en la causa ‘Siriani, Bruno Ernesto (20-S-75)’ del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, con invocación de la doctrina de la cosa juzgada írrita que planteó el Fiscal General Carlos Gonella”. “Con eso nos cerraron todas las puertas”, dijo a El Sur el fiscal.

Sin embargo, con la anulación parcial de ese fallo en la Cámara de Casación, el ex secretario y juez Otero Álvarez volvió a sentarse en el banquillo de los acusados y escuchó el nombre de Horacio Siriani, cuando el denunciante Luis Miguel Baronetto y el testigo Juan Miguel Ceballos relataron la trama de impunidad detrás del caso.

La entrevista

Cuatro días después del crimen de Siriani, el juez Zamboni Ledesma –fallecido en 1984–, el fiscal Fuad Alí –desafectado de la causa “magistrados” por enfermedad– y el secretario Otero Álvarez realizaron una “inspección ocular” a la D2. Allí constataron que los detenidos “se hallaban en un patio al aire libre, semicubierto por un precario techo de zink, estaban tirados en el suelo y cubiertos sus rostros con capuchas”, describe el informe del procedimiento.

Entrevistados por El Sur, sobrevivientes de aquel episodio confirmaron la entrevista con los funcionarios judiciales. “Me sacan la capucha y veo frente a nosotros al juez Zamboni Ledesma y otras dos personas con traje, y nos hacen una pregunta irrisoria: ¿Cómo están?”, recordó Carlos Darío Navarro, por entonces militante de la JP. Dardo Omar Koch, también miembro de la JP que al salir de la cárcel se exilió en Noruega y nunca regresó, contó: “Nos quitan las capuchas y se presenta el secretario del juez federal. Además de que no se encontraba ningún policía en toda Informaciones, tampoco había pruebas de que habíamos sido detenidos, ya que faltaban las últimas hojas del libro en que se anotan las entradas. Nadie supo jamás quiénes estuvieron de guardia, ni se preguntó demasiado sobre el tema. Sabían perfectamente que el juez venía y que no podía encontrar nada que comprometiera”.

Para Navarro, Siriani fue asesinado por defender a una de las prisioneras: “Todo el tiempo se escuchaban gritos de compañeras y golpes. A una compañera embarazada le decían: ¿Qué tenés ahí adentro, un montonerito? Esto para el montonerito. Y se escuchaban los golpes y los gritos”. “Horacio era alto, atlético, deportista y karateca, y por eso se ensañaron con él. Seguramente, trató de defenderse y al menos voleó de una patada a dos guardias. Yo escuché un golpe seco, como de madera. Ahí lo llevaron a la sala de torturas. Después los policías me preguntaron si sabía que Siriani sufría del corazón. No –les contesté–, practica deportes y es muy sano”, rememoró.

La profecía

Al tiempo del asesinato de Horacio Siriani, todavía no había asumido la jefatura del D2 Raúl Pedro Telleldín, quien con el capitán Héctor Vergez formaría el para-militar-policial Comando Libertadores de América, y aún no comandaba el Tercer Cuerpo de Ejército el despiadado general Luciano Benjamín Menéndez. Si tenían voluntad de investigar, tal vez había un margen de acción mayor que en los meses y años posteriores, pero no lo hicieron. Por eso quienes usurparon el poder el 24 de marzo del ´76 ya sabían que en la Justicia federal de Córdoba contaban con aliados.

Ingeniero agrónomo y profesor en la Escuela Normal, Bruno Siriani era un hombre apreciado, conocido como el “padre del algodón”, por haber iniciado su producción en Cruz del Eje. Acaso nunca imaginó perder un hijo de esa forma, pero sí vislumbró que su drama anticipaba el de miles de otros padres y madres.

La reflexión final de su querella es una profecía cumplida: “Pido y exijo justicia. Mi homenaje ante el criminal asesinato de mi querido hijo es mi inquebrantable decisión y voluntad, de que la muerte de Horacio no sea en vano. Sé los riesgos, los valoro pero los asumo con total responsabilidad, que el recuerdo de Horacio me inspira. Exijo el esclarecimiento total de este criminal atentado a la libertad, a la democracia, a la dignidad humana, y no para saciar ansias de venganza sino para ayudar a evitar que se reproduzcan hechos de esta naturaleza que enlutan corazones argentinos; para evitar los excesos de poder; para evitar los tormentos y las torturas, para evitar los atropellos de los malos funcionarios; para sanear y jerarquizar los puestos públicos; para que todos los argentinos podamos tener confianza y seguridad en los guardianes del orden y no miedo y terror”.

*Alexis Oliva, periodista. Nota originalmente publicada en Revista El Sur.