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Investigación, fiscales y denuncias: la impericia en la causa de Cecilia Basaldúa

El 22 de noviembre de 2024, la Dirección Nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, presentó una nota formal denunciando las irregularidades del personal policial de Capilla del Monte, para notificar a testigos en la causa por el femicidio de Cecilia Basaldúa, que debían prestar declaración en la Fiscalía de Cruz del Eje. La denuncia fue presentada en la Dirección de Investigaciones de las Fuerzas de Seguridad y a la fecha no hay novedades al respecto. Se espera que en un mes, Sabrina Ardiles, asuma como la nueva Fiscal en Cruz del Eje.

“Como denunciantes no nos informan ni nos dejan ver nada”, comienza el abogado querellante de la Secretaría de Derechos Humanos, Gerardo Battistón y explica que en comunicación con la directora del organismo de fiscalización de las Fuerzas de Seguridad de la provincia de Córdoba, le dijo que requería a través de la Fiscalía de Cruz del Eje, -mediante oficio- las constancias de la denuncia: “pero no pasó nada. Creo que Lingua ya no va hacer nada. Tuvimos una reunión con Bettina Croppi, de la Fiscalía General, nos dijo que confía en la nueva Fiscal que va a estar en el caso”.

Durante la semana pasada la familia de Cecilia, junto a la abogada Daniela Pavón y el abogado Gerardo Battistón, estuvieron en la reunión con la Fiscal General Adjunta, Bettina Croppi, quién les confirmó que Sabrina Ardiles será la nueva fiscal y reside en Capilla del Monte. Ardiles era pro secretaria de la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje, y fue una de las candidatas que en julio del año pasado rindió el examen para Fiscal.

En el encuentro la Fiscal Adjunta les manifestó la posibilidad de que la Dra. Riveros sea la Secretaria en la investigación, sin embargo tanto la familia de Cecilia como el abogado Battistón, le recordaron a Croppi que fue la misma persona que estuvo cuando Raymundo Barrera, cuando era el Fiscal de Cruz del Eje y quien en una reunión -junto con Barrera- les dijo que “se los manda a investigar cuando ustedes dejaron en libertad al culpable, son los responsables de que hayan liberado al autor”, cuenta Battistón en alusión a la doctora Riveros. A su vez, Daniel y Susana Basaldúa recuerdan que fue quien, les había hablado sobre la posibilidad de hacer una autopsia psicológica de Cecilia. Esta medida era algo que ya se había hecho en la causa anterior y dejó como resultado tantas inconsistencias como absurdos.

Las irregularidades en la notificación de testigos

El 19 de noviembre del 2024, debían presentarse desde las mañana diferentes testigos a los fines de avanzar en la instrucción de esta causa, radicada en la Fiscalía de Cruz del Eje. “Había una audiencia prevista, los testigos no habían llegado y la policía decía que no los habían localizado, cuando eso era falso”, explicó Gerardo Battistón en aquella oportunidad.  El 13 de noviembre la Fiscalía había oficiado a la Comisaría de Capilla del Monte para que procediera con las notificaciones, sin embargo los testigos llegaron de casualidad.

A partir de un mensaje fortuito recibido por la Dra. Daniela Pavón, llegó a tribunales de Cruz del Eje una de las testigos, quien aseguró que no había recibido ninguna citación judicial y no había sido contactada con anterioridad a la fecha. De la misma manera sucedió con el otro de los testigos. En la denuncia se deja en claro que es “inadmisible la excusa dada a la Fiscalía de que los testigos no pudieron ser localizados en seis días, desde el 13 al 19 de noviembre. Cuando recibieron la llamada de la Fiscalía, reclamando las citaciones, los funcionarios policiales ubicaron a los testigos en el acto, con los mismos datos que ya se habían proporcionado seis días antes”.

El escrito, firmado por Pilar Goldmann, Directora de la dependencia Nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad Ministerio de Justicia, dirigida a la Directora -en ese momento- del Organismo de Investigaciones de las Fuerzas de Seguridad, Dra. Laura Cora Bogani, evidencia las formas irregulares en el proceder de la investigación. Si bien, esta situación -según sostienen en la denuncia- podría implicar una simple desidia en el cumplimiento del deber, dado los antecedentes del caso, es considerada como una “deliberada obstrucción al accionar de la justicia por parte de los integrantes de una repartición policial que, desde el primer momento, fueron sospechados por los familiares de la víctima como encubridores, al menos, de los responsables del hecho”.

Pasaron cuatro meses de esta denuncia y en lugar de avanzar con las citaciones a testigos, la Fiscalía está en un stand by, esperando -una vez más- el nombramiento de la tercera fiscal, que tomaría la causa en Cruz del Eje.

La falta de información hacia los abogados de la querella, fue otra de las características de este último tiempo de investigación. Al respecto, Battistón alude que hace diez días pidió por oficio que soliciten la copia de la denuncia del organismo de control y aún no tuvo respuestas.  “Lo que hace la DIO -Dirección de Operación Investigativa de la policía de Córdoba-, las mandan a la Fiscalía y no las suben en el SAC -Sistema de Actualización de Causas multifieros-, es muy difícil así saber las cosas”.

La burocracia judicial, aparenta ser el obstáculo para que se habilite una investigación fluida, donde exista una real comunicación entre la familia de la víctima y sus representantes legales. A casi cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte, la verdad se intenta desgranar entre las fojas de un expediente que manosea el sentido de la justicia. El manejo del tiempo, también es una de las formas que va tomando la impunidad. Hay una evidente demora: “la Fiscalía de Cruz del Eje, ante los pedidos de las partes, se toman más tiempo que lo necesario”, concluye Battistón.

La justicia parece tomar distancia de sus propios sentidos. El tiempo judicial se distribuye de manera desigual. Todo se vuelve una trama enredada, sin el hilo de Ariadna para salir del laberinto. Nadie aparece para encontrar el camino. Los problemas se disputan entre actos administrativos. Costumbres burocráticas que emergen de esa articulación entre las instituciones de control, espacios de sociabilidad entre agentes policiales y agentes judiciales, rutinas de las burocracias penales que invisibilizan la influencia del poder de policía.

En el medio, la presencia de la familia de la víctima, que lleva desde hace casi cinco años, miles de kilómetros en el cuerpo. Son la presencia que interpela la normalización de este poder -judicial-policial y político- son el cuerpo presente de su hija, la evidencia de lo que falta.    

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