En el marco de la reciente Marcha Mundial de la Marihuana, celebrada el pasado 3 de mayo, el abogado Marcos Chigal, integrante de la ONG Reset – Políticas de Drogas y Derechos Humanos, analizó el retroceso en las políticas antidrogas en Argentina y el mundo. Chigal destacó que, mientras algunos países avanzan hacia enfoques más pragmáticos, el gobierno argentino profundiza medidas restrictivas basadas en un discurso ideológico y criminalizador.
Chigal señaló que, a nivel internacional, hay señales de transformación: «Estados Unidos, por primera vez en su historia, reconoció la reducción de daños como política beneficiosa, aunque luego retrocedió. Pero lo más importante es que, por primera vez en 50 años, la ONU evaluará el régimen de fiscalización de drogas, gracias a una propuesta de Colombia». Sin embargo, Argentina votó en contra, alineándose con posturas prohibicionistas.
El abogado denunció que, a pesar de existir marcos legales como el Reprocann (Registro del Programa de Cannabis), las personas usuarias siguen siendo criminalizadas: «Hay allanamientos y detenciones a quienes tienen autorización. El Estado debe controlar, pero no perseguir a quienes cumplen la ley». Además, criticó la demora en trámites y renovaciones, atribuyéndola a un «sesgo ideológico» del gobierno actual.
Chigal cuestionó las declaraciones de funcionarios como la ministra Patricia Bullrich, quien vinculó el cannabis con supuestos riesgos: «Siguen repitiendo que ‘la droga es el demonio’, ignorando que el 73% de las causas por la Ley 23.737 son por tenencia simple, no por narcotráfico». Estos datos, obtenidos del propio sistema penal, demuestran que la persecución recae sobre consumidores.
«El poder se beneficia del narcotráfico mientras criminaliza a los usuarios», afirmó Chigal, y remarcó la urgencia de discutir políticas basadas en evidencia: «Tras 50 años de guerra contra las drogas, los resultados están a la vista: más violencia y menos salud pública».
El especialista advirtió que, aunque las leyes de cannabis medicinal siguen vigentes, su implementación está paralizada: «El INASE no funciona, las inscripciones están frenadas. Es una violación a derechos adquiridos». Relató casos de personas con Reprocann allanadas o detenidas, a quienes luego se les reconoce su inocencia, pero «ya sufrieron el trauma de un proceso penal».
Chigal aclaró que la persecución no se limita a las condenas: «Estar imputado en una causa penal genera un daño psicológico enorme. La criminalización es cotidiana y afecta especialmente a los sectores más vulnerables».
Durante la marcha, se exigió una reforma a la Ley 23.737, el respeto al autocultivo y una «reparación histórica para quienes fueron criminalizados injustamente». Chigal concluyó: «Seguiremos insistiendo en debates serios. La regulación es la única manera de garantizar derechos y reducir la violencia».
Mientras el gobierno argentino insiste en políticas fallidas, organizaciones como Reset redoblan sus esfuerzos para promover un enfoque de derechos humanos y salud pública en la política de drogas.
