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Sabrina Ardiles ya está en sus funciones como Fiscal de Cruz del Eje

El pasado 2 de junio, la abogada Sabrina Luciana Ardiles juró como Fiscal para la Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple de Cruz del Eje. El jueves 12, la familia de Cecilia Basaldúa, junto con sus representantes legales, tuvieron una reunión por la causa que investiga el femicidio de su hija.

La designación de Ardiles, oriunda de Capilla del Monte, se dio junto a seis nuevos fiscales de lucha contra el narcotráfico y dos de competencia múltiple. El lunes 2 de junio, el Fiscal General, Juan Manuel Delgado, junto a los vocales del Tribunal Superior de Justicia y con la participación de ministros y autoridades provinciales, tomaron juramente a los nuevos fiscales de la provincia de Córdoba.

El nombramiento de Ardiles era esperado desde que la querella de la causa, representada por Daniela Pavón y Gerardo Battistón, fueran notificados de que Nelson Lingua, quien estaba a cargo de la investigación desde agosto del año 2024, había rendido mal el examen para asumir como Fiscal. Ardiles es la cuarta persona que tiene en sus manos la investigación por el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en abril de 2020 en Capilla del Monte.

El tiempo es un reloj en cuenta regresiva. La familia lo sabe y por eso no duda en recorrer los 868 kilómetros que los separan desde Buenos Aires para hablar con la nueva Fiscal. Afuera, como siempre, los carteles se ubican sobre las escaleras a la entrada de los Tribunales de Cruz del Eje: Verdad y Justicia por Cecilia Basaldúa. ¿Qué pasa en Capilla del Monte?

“Sentí mucha frialdad, no la conocía y que sea de Capilla del Monte, no me transmite confianza”, dice ya desde su casa Susana Reyes. La causa continúa con Silvia Rivero como prosecretaria de la Fiscalía, a pesar de la incomodidad y el desacuerdo manifiesto de manera reiterada por parte de Susana y Daniel Basaldúa.  

Luego del juicio que absolvió -en julio de 2022- a Lucas Bustos por el crimen de Cecilia, se inició una nueva investigación y en el año 2023, la familia fue recibida por Rivero en los tribunales de Cruz del Eje. Paradójicamente les había hablado sobre la posibilidad de hacer una autopsia psicológica de Cecilia. Esta medida era algo que ya se había hecho en la causa anterior y dejó como resultado tantas inconsistencias como absurdos.

Hoy, con la distancia que construye el paso de los años, Susana y Daniel observan cómo se mueven los operadores de una justica en la que no creen. Después de casi dos horas de reunión, no tuvieron una buena sensación. Sienten que van en retroceso y que deberían ir detrás de todas las personas que se nombran en “el audio de María”, una prueba que nunca fue considerada como tal, ni indagada en profundidad por ninguna de las instrucciones que atravesó esta causa.

“Vamos a ver qué pasa y cómo sigue todo. Nos dijo que la podíamos llamar cuando quisiéramos, se puso a disposición, pero lamentamos que Rivero siga en ese lugar, no nos da seguridad”, enfatiza Susana.

Por su parte, la abogada Daniela Pavón rescata que la primera impresión es que está empapada de la causa: “recepcionó todo lo que la familia le pidió y le pedimos, la idea  – como siempre- es poder trabajar en conjunto”.

La Fiscal Ardiles planteó que se iba a concentrar en distintas líneas de investigación. Intercambiaron sobre varias hipótesis, además de hacer hincapié en la principal que circunda en torno a Mario Mainardi -quien alojó en su casa a Cecilia y la última persona en verla con vida- como sospechoso y la posibilidad de que se terminen de analizar las 11 muestras halladas con luminol -un reactivo químico para detectar rastros de sangre- en su casa.

A lo largo del intercambio, no estuvo demás recordar que la primera instrucción llevó a Lucas Bustos al banquillo de los acusados sin pruebas. O repasar la inspección judicial que realizó el entonces Fiscal Nelson Lingua, en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, y dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la  Fiscal de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Así como insistir en que la policía de Capilla del Monte no sea la encargada de realizar las notificaciones a los testigos, a partir del mal desempeño ocurrido el año pasado, por el que hay una denuncia presentada en la Dirección de Investigaciones de las Fuerzas de Seguridad.

De la misma manera, la querella está atenta en ese proceder judicial y policial, más aún con los antecedentes de varios de los uniformados que tuvieron activa participación en la primera pesquisa y hoy se encuentran detenidos por violencia de género: Diego Alejandro Bracamonte (ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda); Ariel Daniel Zárate (ex subcomisario); Diego Concha (ex director de Defensa Civil); y Adrián Lúquez, (ex sub comisario) hoy en libertad.

La investigación seguirá tomando testimoniales y avanzando a partir de las diversas líneas consideradas por la Fiscalía y los aportes permanentes de la querella, desde donde también manifestaron un descontento vinculado a los cambios en el equipo de la Dirección de Investigación Operativa (DIO), dependiente de la policía judicial, que venía trabajando en la causa. “Nos fuimos bastante enojados porque pusieron a alguien de causas complejas, que básicamente nos dijo que la forma de trabajar de ellos es a través de la Fiscalía, y la realidad es que ellos no están acostumbrados a tener querellantes tan activos”, asegura Daniela Pavón.

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A la fecha, la recompensa a quien tenga información para aportar en la causa es de 12 millones de pesos. Los carteles deben estar en las instituciones públicas de Capilla del Monte y alrededores. La Secretaria de la Mujer del gobierno de la provincia de Córdoba, Claudia Martínez, les confirma a Susana y Daniel que en la comisaría de Capilla el afiche está puesto y les manda una foto.

El viernes 13 de junio, emprenden el regreso para Buenos Aires, pero antes se dirigen a la Comisaría. En la puerta, en la ventana, ni adentro ni afuera, no hay ningún cartel por la recompensa a quien pueda brindar datos para esclarecer el femicidio de su hija. Esperan casi 20 minutos para que alguien dentro de la comisaría los reciba, y al menos no les diga que sacaron el cartel para limpiar los vidrios. La espera es la forma que toma la impunidad para confesarse: “nos fuimos”, dice Susana ya muy lejos de ahí, con la resignación en la garganta.

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