“Encerraron a los niños para matarlos”

Durante la semana pasada, los testimonios dieron cuenta del hostigamiento y la violencia institucional que antecede al crimen de Joaquín. “Como comunidad necesitamos que hagan justicia. Me sentí perseguida. Móviles de la policía se estacionaban frente a mi casa. Me corrían de la plaza, había otra gente en la plaza, pero me corrían a mí”, expresa Anabella Reynoso, quien en la madrugada del 25 de octubre estaba en la plaza de Paso Viejo.

“Encerraron a los niños para matarlos”, dice en la misma audiencia del día martes, Gloria Isabel Farías, quien vive enfrente del lugar del hecho. “Nadie te prepara para una cosa así”, agrega sabiendo que a cualquiera de sus nietos, Josué y Benjamín, les podría haber pasado lo mismo. Gloria pide justicia. Lo declama en esa sala de audiencias, recuerda que en mayo de 2020, Benjamín y Joaquín habían sido interceptados  por la policía Sandra Yanicelli, junto con tres policías más. Les revisaron la mochila y les apuntaron con las armas. Gloria insiste en que se llegue a la verdad, siente la necesidad de que los jóvenes vuelvan a caminar en paz.

La madrugada del 25, uno de los hijos de Romina Rodríguez le escribe a su celular. Ella no lo lee, hasta que le suena el teléfono y otro de sus hijos, le dice llorando que habían matado a Joaquín. Romina, no lo puede creer. En la audiencia repasa, como una vez los corrieron a tiros en medio del campo. Da cuenta de la persecución previa, pero igual, Romina no lo puede creer: “No sé si nos persiguen por ser pobres, por ser negros o porque hasta tuvieron que desmontar para hacer una canchita y poder jugar sin que los molesten”.

Romina tenía un vecino que se suicidó en enero. “Lo vivían maltratando. Los allanan, se llevan sus ropas que se compran trabajando en el campo. Muchos chicos dejaron la escuela para ir a trabajar, no saben leer ni escribir”. El hostigamiento policial, aclara es “desde antes y después, porque somos pobres, porque la policía por tener un uniforme y un arma se cree superior”.

Todos y todas lo saben en el pueblo. La arbitrariedad policial es una forma de vincularse con la juventud. A Paola Navarro, la mamá de Brian, herido en el brazo durante la balacera, le allanaron nueve veces su casa, “sin orden de la Fiscalía”, expone Maribel Paredes, la tía de Joaquín, quien asegura que Paola fue a tribunales y eso fue lo que le respondieron.

Carlos Julio Sánchez, es un ex sacerdote que vive en Serrezuela, integra el Movimiento Campesino, es docente y en Paso Viejo ha brindado talleres educativos. Conoce a lxs jóvenes del lugar. Sabe sus historias: “dejaban su infancia y se iban a trabajar”, declara el miércoles y dice que cuando llegó a la zona no había escuela secundaria y se iban en familia a trabajar.  “Siguen siendo trabajadores. La falta de tierra y empleo hace que el trabajo escasee”. Carlos explica que no hay tierras propias, que trabajan para los demás y que desde el año  2000 “aprendieron a ser estudiantes”.   “Aparte de ser trabajadores y estudiantes, son personas que tratan de pasar de la infancia a la adultez, con brechas y normas que no los escuchan. (…) En cuestión de tensiones la situación se resuelve a favor del más fuerte, la prueba de esto es el cuerpo abandonado de Joaquín y el de Diego Chambi (un joven que se quitó la vida, antes del 2020)”.

El 99% de los encuentros entre jóvenes y policías en Paso Viejo, ha sido de manera violenta, explica en su testimonio el psicólogo Héctor Valenzuela. Hace dos años  acompaña a los chicos de Paso Viejo, desde el centro Ulloa, que es un dispositivo de la Secretaria de Derechos Humanos y Justicia de la Nación, creado en el año 2010 nucleado por distintas instituciones para asistir a víctimas de violencias institucionales.

“Los chicos naturalizan la violencia. El sistema los lleva a naturalizar estas situaciones, ya que, si pasó una vez y no se sancionó, hay muchas posibilidades de que vuelva a suceder”, dice Héctor y agrega que “denunciaron y eran los mismos que después los hostigaban. Si no hay sanción, los jóvenes pierden el respeto porque no son respetados, y peor aún, porque son maltratados. Es el Estado quien debe garantizar el respeto mutuo”.

El impacto del crimen de Joaquín es una llaga en la vida de los jóvenes de Paso Viejo. “Hay chicos con pesadillas, problemas gastrointestinales. Tres chicos lo han especificado, aunque son más quienes quieren irse con Joaco. Hoy ya no lo dicen, hoy ya no quieren suicidarse, ya no se les pasa por la cabeza irse con su amigo”, declara Héctor dando cuenta del proceso emocional de la juventud, que queda muchas veces por fuera de los análisis del mundo adulto y no entra en los tecnicismos de la justicia.

En ese ida y vuelta de asimetrías, la defensa, busca estrategias que refuerzan -una vez más- los estereotipos que oprimen,  pregunta por la frase: “nunca gorra siempre visera”, algo que ya se le había preguntado a uno de los jóvenes que dio testimonio. “Es de larga data, del Código de Faltas transformado en Código de Convivencia, donde se decía que no se podía usar socialmente la gorra, pero la institución policial sí”, contesta Héctor.

En estos dos años, el testigo asegura que sólo vio llorar a un joven, pero que a todos -sin excepción- después de salir de la sala de audiencias, los vio llorar. “Los indicadores emocionales son bronca y miedo. Miedo a los policías, miedo a los uniformes y un fuerte efecto de ciertos símbolos”.

Después del asesinato de Joaquín, la formación policial en la policía de Córdoba, pasó de catorce meses a tres años y cambió toda la cúpula de la institución. “El 99 % no tiene idea de defensa personal y el 60 % reprueba el examen de tiro y cuando vuelve de una situación no sabe expresar qué le paso”, dice Julio Farías, comisario general retirado, creador del protocolo policial del año 2020, quien manifiesta que la formación de los policías es limitada, “no salen a correr porque no tienen tiempo. Les hemos bajado la exigencia para que la policía de Córdoba apruebe. Antes todos reprobaban”.

El peritaje y la nueva acusación de la fiscal: fueron todos

El día jueves un equipo interdisciplinario de peritos despliega dieciocho láminas. Hay  imágenes del lugar, se constatan los impactos de balas en árboles, la incrustación de perdigones, las marcas y sus medidas, las pruebas objetivas de la balacera: encuentran hallazgos que permiten concluir que la herida en Joaquín se produjo en vida, que fue un disparo directo, y que esa bala que lo mató,  no ingresa al brazo de Brian, o en otro lado.  

La jornada del día jueves está llegando a su final. Es el turno de la Fiscal Pochettino, quien en su alegato va a repasar pruebas y testimonios para hacer un cambio en la imputación de los acusados, que permite pedir la prisión perpetua para cuatro policías más. De este modo, considera que los imputados: Enzo Alvarado, Jorge Luis Gómez, Mikael López, Iván Luna y Ronald Fernández Aliendro, fueron partícipes necesarios del homicidio calificado, por haber sido cometido en abuso de sus funciones por un miembro de la fuerza policial en perjuicio de Joaquín Paredes y homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de sus funciones por un miembro de la fuerza policial en grado de tentativa reiterado. Mientras que a Sosa Gallardo, el sexto policía imputado, la fiscal lo halla autor responsable del delito de amenaza calificada por el uso de arma de fuego.

La semana termina en Paso Viejo. Es viernes. Un grupo de jóvenes, familiares, vecinxs y organizaciones que acompañan este pedido de justicia, son un silencio incómodo, de labios quietos, distantes. Por delante, el tribunal, trasladado al pueblo, recorre sus calles. Observa en esa inspección ocular lo que pasó hace casi tres años atrás. Se mueve con atención, en bloque. Rememora los días anteriores. Los árboles perforados. Las puertas que no se abrieron. Las calles de tierra, casi sin piedras. La comisaría, la plaza, el dispensario, el terreno con los ojos de Joaquín: la evidencia. Algo de esa forma que no pudo tomar el olvido, la forma de lo que se encubre.

Falta menos. Los alegatos están previstos para el lunes 14 de agosto, la sentencia para el 15.

*Más información: Facebook Justicia por Joaquín