Muchas familias de Capilla del Monte tienen las cuentas bloqueadas porque los decretos N° 158/11, 110/12 y 210/12 de “Prohibición de emisión de estados de deuda» así lo dispusieron. Esos decretos fueron rechazados por el Concejo Deliberante al considerarlos ilegales e inconstitucionales, según el informe de la asesora letrada.
Por tal motivo, vecinos de la localidad no pudieron pagar sus impuestos y pasaron a instancia judicial, acumulando una deuda aún mayor. La asesora letrada del Concejo, Ab. Mariela Amelia Batallini, presentó su dictamen, a pedido del entonces presidente del HCD Gabriel Buffoni, en el que recuerda que «El Poder Legislativo, crea los tributos regulando el aspecto sustancial, aprueba la ley de presupuestos, etc. y el Poder Ejecutivo, ejecuta y administra, de acuerdo lo establece la ley, sean leyes u Ordenanzas, y solo puede reglamentar aspectos NO sustanciales, y con el límite de no alterar su espíritu». En tal sentido, la abogada expresa en el informe que «el Intendente se arroga facultades que le están vedadas, por imperativo constitucional» y concluye 1°) Que no procede el veto dictado mediante Decreto N° 120/14 porque no reúne los requisitos, de actos que puedan someterse al ejercicio de tal derecho, por parte del DEM, el cual está estipulado en el artículo 34 de la Ley N° 8102; 2°) Que el Decreto de Veto no responde a ningún procedimiento parlamentario reconocido en la Provincia de Córdoba, ni en la normativa aplicable, ya que ataca la forma de opinar o declararse del Cuerpo Deliberante, el cual no reviste la regulación de derechos o deberes algunos de la población en general o excepcionalmente para un caso concreto, teniendo el carácter de “verdaderas leyes locales en sentido material”; 3°) Que ratifica los fundamentos de su dictamen N° 6 sobre «la normativa aplicable al pago y la consideración de inconstitucionalidad e ilegalidad de los Decretos N° 158/11, 110/12 y 210/12 de “Prohibición de emisión de estados de deuda”, que en esencia se refiere a quienes están habilitados a efectuar los pagos.
En el citado informe de septiembre de 2014, la asesora letrada sostiene en las conclusiones además que considera que el último interprete sobre la disyuntiva será el Poder Judicial en los casos concretos que se sometan a su resolución, por aplicación de las normas dictadas por el DEM y que «estima que por la gravedad de las afirmaciones del DEM, en sus considerandos, sobre complicidad en presuntos delitos penales, por parte de los ediles (….) éste ha incurrido nuevamente en la vulneración de los derechos del HCD, y de cada uno de sus miembros, que podrían sentirse agraviados, colocándolos en situación de conflicto municipal, el cual en su caso deberá realizarse dictamen en concreto. Incluso por ejercer un derecho (veto) de forma extralimitada, en su forma de referirse a las opiniones del Concejo Deliberante»
En conversaciones a este medio, el ex presidente del Concejo Deliberante, Gabriel Buffoni expresó «que la ordenanza está publicada tácitamente, porque vencieron los tiempos»
Conversamos con Omar Grillo, quien en 2014 había presentado desde el Partido Solidario el «Régimen de facilidades de pagos-recupero de deudas fiscales-regimen de procuración fiscal» y que fuera aprobado por el Concejo Deliberante mediante la resolución 3040/14: «»Uno ve un Concejo Deliberante que no está al tanto de la legislación y no se pone al tanto de la misma. Es lamentable que el Presidente del Concejo Deliberante no esté al tanto de lo que pasa con una cosa tan importante como es la recaudación fiscal y lo que tiene que ver con los contribuyentes, que están siendo rehenes prácticamente de una situación ilícita». Grillo sostuvo que desde el trabajo de los vecinos y del Partido Solidario se pudo detectar en 2014 la situación y se hizo un trabajo profundo, con asesoramiento legal y que «eso es lo que luego llevó a que la asesora letrada determine lo absurdo de que el ejecutivo legisle en materia fiscal cuando no le corresponde» Además, coincidió con las expresiones del concejal Rodriguez en las que sostuvo que es un proyecto puramente recaudatorio y recordó «que hubo un proyecto anterior que sirvió para perseguir discrecionalmente a ciertas familias y multarlas y no para la normalización edilicia. Nunca una multa va a solucionar un tema así. El Estado ha ido en contra de sí mismo al bloquear las cuentas» Por último, auguró que»el Concejo Deliberante se ponga a tono y realmente manifieste voluntad de defender los intereses de los vecinos»
Descargar las resoluciones del Concejo Deliberante y el informe Nº7 de la asesora letrada:
DICTAMEN RECHAZO DEL VETO Ab. Mariela Amelia Batallini
