Villa Dolores: transcurrió la primera semana de audiencias en el juicio por hechos de trans odio
El lunes 13 de marzo en la Cámara Criminal y Correccional del Poder Judicial de Villa Dolores, comenzó el primer juicio por hechos de trans odio. Cinco audiencias que pusieron en evidencia cómo, desde el escenario judicial, se revictimiza, maltrata y refuerzan los prejuicios de género.
E X I S T I M O S: nueve letras que, juntas, hacen una semántica de lo indeseable. Cada día, jueces, fiscales, juradxs y demás operadores judiciales, suben las escaleras para entrar al Palacio de Justicia de Villa Dolores y, por el costado, esas letras resuenan separadas. Juntas arman un cartel que cuelga con la fuerza de la persistencia, con la necesidad política de visibilizar.
Maxim Tabari esperó diez años para llegar a este juicio que pone en el banquillo a Matías Farías: la persona que la golpeó mientras dormía en su casa de Villa Sarmiento, una noche de abril del 2013, hasta casi matarla. En complicidad, un menor de 18 años estaba con él pero nunca fue investigado, a pesar de que en la carátula se lea: «Farias Matías Enrique y otro por Homicidio calificado por alevosía por la intervención de un menor de 18 años en grado de tentativa”.
Un juicio tres veces cancelado. Maxim hasta casi llevó un colchón a tribunales para dormir ahí hasta que se activara su causa. Pero las violencias volvieron cuando, este lunes, la primera audiencia demoró cinco horas en comenzar. Su abogado, Germán Romero Marcón, acusa a Farías por el homicidio calificado en tentativa con alevosía y con el agravante de la participación de un menor de edad que habría participado en el hecho y que se encuentra prófugo. Comentó que el viernes anterior al inicio del juicio, a última hora y luego de tener un año de tiempo, la fiscal Eugenia Ferreyra presentó el pedido de la nulidad del juicio por jurados. “Trató de volver la causa un año atrás, para que vuelvan los sorteos y se conforme otro tribunal integrado por jueces”. A esto se sumó el cambio de la carátula a tentativa de homicidio, dejando borrada la calificación de trans odio y sin habilitar la posibilidad de la participación de las organizaciones sociales en un juicio que es oral y público.
El escenario judicial se constituye como un lugar ideal para legitimar -una vez más- el patriarcado en la justicia a través de sus decisiones y fallos, reforzando el mismo trans odio por el que Maxim casi pierde la vida. Ante la negativa del tribunal para poder entrar, desde la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra se preguntan: ¿A quién están juzgando? ¿a Farías o a Maxim? ¿Las diversidades expuestas en el recinto judicial molestan?
Sólo después de un pedido de la víctima, fue que se habilitó a una persona para acompañarla en la segunda audiencia cuando le tocaba declarar. A lo tortuoso de revivir -a través del testimonio- un hecho de violencia, se le sumó casi una súplica de carácter excepcional a un Tribunal que a lo largo de estos cinco días parece haber dado vuelta los roles entre víctimas y victimarios. El juez Carlos Escudero -quien preside el Tribunal- le ordenó a esa mujer que la acompañó que no cuente lo que había escuchado en la sala de audiencia. A Maxim ya no le sorprende. Es más de lo mismo que vivencia cotidianamente.
Durante todos estos años la Fiscalía la humilló en cada declaración, en la que no escribían lo que ella contaba. Un día hastiada de la situación, después de haber roto esas declaraciones en dos oportunidades, la firmó. Así, el expediente cuenta una cosa, la víctima otra. “Las personas como Maxim a buena parte de la sociedad no le importan. El Poder Judicial de Villa Dolores tiene la oportunidad de demostrar que las Maxim le importan. Pero desde el lunes, no hemos percibido eso y la prueba está en convertir en privadas, audiencias que deben ser públicas”, expresaron desde la Mesa de DDHH y la Casa Diversa de Traslasierra, organizaciones que están acompañando el juicio.
Los días transcurrieron. En el tercero, Maxim ya no pudo ingresar a la audiencia: “Si no estoy, ¿cómo voy a saber lo que dicen? Si mienten o no… ¿cómo puede ser que no pueda escuchar lo que se diga de lo que me hicieron?”, dijo.
En las escaleras, desde el lado de afuera, permanecerán todxs hasta el final. Quienes acompañan a Maxim, como los familiares del imputado. Ninguno subirá a ese tercer piso de Tribunales que se ha transformado en un recinto de lo secreto: “porque no corresponde cruzarse con las personas que integran el jurado popular cuando salen al baño”, les trasmitió la policía.
Pruebas importantes faltan en el expediente: utensilios usados para golpear a Maxim en 2013; informes médicos de las lesiones que sufrió, su medicación, secuelas y fotografías del lugar donde se llevó a cabo la agresión.
Un juicio que debería ser clave en la región, el primero que pone en evidencia la violencia cotidiana que sufren las personas trans, se ha convertido en una vulneración reiterada a los derechos humanos. “Es un caso de discriminación y el tribunal sigue en la misma tesitura. Es histórico -porque nosotrxs lo enmarcamos así-, pero no vemos deconstrucción en este Tribunal y su fiscal”, aseguraron desde la Mesa de DDHH.
La quinta audiencia del día viernes cerró la semana con los testimonios de una vecina y su hijo, de la madre de Maxim y de los médicos Ramiro Granade y Martín Sabas, quienes le dieron los primeros auxilios en 2013. El doctor Sabas fue quien evaluó la gravedad de la herida y pidió el traslado al Hospital de la ciudad de Córdoba.
El lunes 20, en lugar de audiencia habrá una valoración de los médicxs forenses para determinar las secuelas físicas y/o neurológicas de Maxim, dado que esto no figuraba en el expediente. Se esperan los alegatos para el 28 de marzo.
La primera semana se acabó y el Tribunal de Dolores, el abogado de la defensa -Juan Pablo Bastos- y la Fiscal Eugenia Ferreyra, no permitieron que ninguna organización, familiares, ni la prensa puedan estar en las audiencias que son de carácter público. La deficiente investigación ha llevado incluso a que la Secretaria del Tribunal deba presentar un informe para completar la carencia de información con la que cuenta el mismo jurado para tomar una decisión.
“Creemos y tenemos mucha fe en el jurado popular. Porque están viendo a la víctima de frente y están escuchando a todas las partes, son los que pueden dar la nota. Es la sociedad mirando de otro modo lo que los legos tienen estructurado”, expresó María Luque de la Mesa de Trabajo de DDHH de Traslasierra.
E X I S T I M O S. La carrera judicial debería comenzar de nuevo.
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