Una radio, muchas trabas: seis años esperando una licencia ya aprobada por concurso
La persistente negativa del Estado a formalizar la adjudicación de su licencia a la emisora comunitaria «Una radio, muchas voces” de Capilla del Monte, Córdoba, gestionada por la Cooperativa Viarava, es un caso emblemático de incumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por inacción o por desidia.
Por FARCO
No se trata de una radio ubicada en las llamadas “zonas de conflicto”, ni que haya tenido dificultades para presentarse a los concursos: se presentó en tiempo y forma en 2014 al Concurso Público de Licencia para Radios FM en el Departamento Punilla, de Córdoba, según Resolución 323/2014, en la categoría para medios sin fines de lucro prevista por la Ley 26.522. Una zona donde podían esperar un trámite organizado y «tranquilo», les aseguraron. Desde la emisora recuerdan que «los primeros meses nos decían: creemos que en el próximo Directorio se resuelve. ¡Y ya llevamos setenta meses!”.
En el medio hubo dos cambios de gobierno, una disolución y reconstitución del organismo de aplicación nacional y seis años en los que vieron como las presentaciones contemporáneas para licencias privadas de su localidad se iban resolviendo y ya en 2017 quedaron adjudicadas… mientras la única comunitaria aún sigue esperando.
El 5 de agosto de 2019 el ENaCom respondió una presentación formal hecha por la cooperativa confirmando que su propuesta ya estaba «evaluada positivamente en la totalidad de sus aspectos» (jurídicos, patrimoniales, técnicos y comunicacionales) lo que en la práctica significa que el Estado entiende que el concurso ha sido superado y resta la adjudicación de la licencia.
Pero hasta hoy, a casi un año de esa respuesta y tres de que las privadas capillenses que se presentaron al mismo tiempo hayan concluido sus concursos sin inconvenientes, la adjudicación de la licencia a «Una radio…» sigue frenada. El último argumento de la serie es la pandemia. Las autoridades explican que como el expediente «ya es viejo» está sólo en formato papel y no fue digitalizado… por lo cual está dentro las oficinas cerradas por el aislamiento social preventivo y obligatorio, y nadie puede entrar a retirarlo para elevarlo a su aprobación en Directorio.
“Es increíble. La consecuencia del problema que el Estado generó, ahora es el argumento del Estado para no solucionarlo», se indigna Laura Carizzoni de la Cooperativa Viarava. «Que nuestro concurso haya quedado ahí dormido hasta ponerse ´viejo´ sin ser digitalizado, es responsabilidad del organismo que lo durmió, no de la pandemia y mucho menos nuestra, que somos las víctimas de esa inacción”.
Conocé el proyecto radial de Cooperativa Viarava
La prolongación de esta demora implica, por estas semanas, un altísimo costo extra para esta radio comunitaria, además de los que viene acarreando desde hace años: quedaría excluida de la posibilidad de acceder al Fomento concursable (Fomeca) que la ley establece para emisoras sin fines de lucro, en plena pandemia.
En este sentido, tanto desde la radio como desde FARCO se vienen realizando peticiones para que, o bien se autorice a retirar el expediente para su tratamiento, o bien se permita una inscripción provisoria al Fomeca ad referendum de la aprobación en Directorio cuando esta sea posible.
Para el presidente de FARCO, Pablo Antonini, “tanto en éste como en todos los temas, entendemos que la pandemia ha generado una enorme cantidad de problemas nuevos, pero no puede servir como escudo para desentenderse de las responsabilidades en problemas anteriores. No puede ser que no se emita un permiso específico para que alguien entre a una oficina a retirar un papel, o una resolución que, atenta a la situación excepcional, posibilite una inscripción provisoria al Fomeca hasta que el Directorio formalice la licencia. Se dictan resoluciones amparadas en la excepcionalidad de la pandemia todo el tiempo por temas mucho más grandes y complejos, no puede ser tan difícil hacerlo en este caso si de verdad existe, como se nos ha asegurado muchas veces, una aceptación de las responsabilidades heredadas y una voluntad real de resolverlas”.
Desde la cooperativa denuncian que las demoras en procesar y avanzar en los trámites correspondientes y la desatención por parte de las autoridades para responder ante la incertidumbre «son algunas de las fallas del Estado para resolver un derecho de las organizaciones sociales: ser parte del espectro radial, tal como lo señala la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual« .
“El momento de promover los derechos y acompañar los procesos democratizadores, participativos, cooperativos e integradores es ahora (…) esta situación continúa impidiéndonos ejercer nuestro Derecho a la comunicación de manera plena, y que más allá de la situación de pandemia, no hay motivos para seguir extendiendo el otorgamiento de nuestra licencia. Mucho menos por parte de un gobierno que manifiesta el interés por el cumplimiento de los derechos humanos, que incluyen el Derecho a la Comunicación”, concluyen.
