Fue presentada el 8 de octubre por una decena de referentes de las distintas regionales de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, acompañados por un equipo de profesionales y técnicos de las ciencias sociales, humanas y naturales.
«La denuncia busca determinar si estos incendios pudieron ser prevenidos o en su caso controlados de manera temprana»
La presentación se realizó en la Justicia Federal de Córdoba, solicitando al Ministerio Público de la Nación que abra una investigación para determinar las causas e identificar a los autores de los 4 incendios antrópicos (provocados por la mano del hombre) que se sucedieron entre el 19 de junio y el 29 de agosto de este año en jurisdicción de la Reserva Natural de La Calera.
«Estos incendios no solo no fueron prevenidos por las autoridades de Defensa Civil y el Cuerpo de Manejo del Fuego Provincial, en lo que respecta a Bosque en buen estado de conservación, arrasaron con un 30% de la superficie boscosa nativa existente en la Reserva (unas 3.000 hectáreas). Dichas tierras pertenecen al Ejército Argentino, razón por la cual corresponde la intervención de la Justicia Federal por ser territorialmente competente»
En el comunicado de la CODEBONA señalan que vienen «denunciando que detrás de las cientos de miles de hectáreas que se queman año tras año en nuestra provincia, aparecen los negocios inmobiliarios o la siembra de pasturas para la ganadería intensiva del sector agropecuario. Sabemos que a pesar de que existen leyes nacionales (26.331) y provinciales (9814) que prohíben expresamente el cambio de categoría de conservación hecha en el Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, cuando estos se queman siempre encuentran la forma, ilegal por cierto, de autorizar proyectos con factibilidades o licencias ilegítimas. Un fósforo siempre es más barato que un Estudio de Impacto o un Plan de Manejo de Bosque Nativo en Zona Roja. No resulta casual observar el aumento significativo de incendios forestales en una de las provincias comprendidas dentro de la principal región agrícola del país»
Es importante señalar que durante el tiempo que nuestra provincia tarda en realizar la actualización de sus mapas y el OTBN impuesto por dicha Ley Nacional, se encuentran suspendidos los permisos que autorizan a realizar desmontes en Zona Roja de bosque nativo; no obstante esta restricción es quebrantada sistemáticamente por la deforestación ilegal o los incendios provocados para el avance del desarrollismo. Los delitos ambientales rara vez resultan investigados y mucho menos condenados sus autores materiales e intelectuales, señala la Coordinadora.
Incendiar intencionalmente bosque nativo, con el fin de reemplazarlo por una actividad agropecuaria o cualquiera otra que no sea la que la ley protege al conservar el bosque, constituye un grave delito de daños irreparables toda vez que destruye todo tipo de recurso ecosistémico y servicio ambiental que el monte brinda.
