No hay flores en las tumbas que nos faltan: qué pasó con el cuerpo de Cecilia Basaldúa
El 9 de octubre pasado Daniel Basaldúa y Susana Reyes se enteraron, reunidos con la fiscal Sabrina Ardiles en los tribunales de Cruz del Eje, que el cuerpo de su hija fue retirado de la morgue judicial de Córdoba en el año 2021. Esto sucedió antes de que se iniciara el juicio que absolvió a Lucas Bustos, el único imputado sin pruebas, en una causa que investigó la fiscalía de Cosquín, a cargo de Paula Kelm.
“Nosotros tenemos acá un papel que dice que el cuerpo de Cecilia no está en la morgue”, les dijo Sabrina Ardiles, la nueva fiscal a cargo de la segunda investigación por el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrida en abril del 2020 en Capilla del Monte. Hacía tan solo siete meses, el anterior fiscal -Nelson Lingua-, en el mismo lugar, sentado detrás de un escritorio le decía a la familia que iba ocuparse del traslado del cuerpo a Buenos Aires para la realización de nuevas pericias. Un pedido histórico de Daniel y Susana.
En esa reunión la prosecretaria de la Fiscalía, Silvia Rivero, explicó que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza fue una tregua durante esa hora de reunión, donde los tecnicismos se suspendieron y las palabras se abrieron en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa. Una tregua apenas. Siete meses después, a la causa en la “que nunca dejaron de investigar” le apareció “un papel”, que notifica que el cuerpo de Cecilia no está en ninguna morgue judicial desde el año 2021.
La partida de defunción de Cecilia estaba en el expediente de Lucas Bustos, con fecha del mes de octubre de 2021. A dicho expediente la querella, desde la primera elevación a juicio que fue para noviembre del mismo año, no pudo tener más acceso, y ahora sólo la tuvo a través de un requerimiento formal de la misma.
Sin embargo, ni siquiera en pleno desarrollo del juicio, la familia fue avisada sobre esta situación. La misma fiscal Ardiles, les mencionó que por la Ley de Víctimas -27.372-, que establece -entre otras cosas- el derecho a ser escuchados y tratados con dignidad, deberían haber sido informados.
“Se imaginan lo que fue para nosotros, un mazazo”, dice Daniel Basaldúa el sábado 7 de noviembre desde Buenos Aires, frente al mural que recuerda a su hija en el barrio de Núñez. “Paula Kelm y compañía, hicieron lo que quisieron con el cuerpo. No sabemos dónde está, lo desaparecieron nuevamente”, denuncia Daniel quien esperó el día del cumpleaños 42 de su hija, para comunicarlo delante de la familia y de los amigos:
Necesitamos saber qué pasó con el cuerpo de Cecilia, dicen desde el dolor de un duelo inacabado. “Hace mucho tiempo que venimos con este tema. Al principio no lo quisimos traer porque veíamos que la cosa venía bastante oscura y no podíamos hacer nada, era pandemia, continúa Daniel y explica que se lo quisieron dar pero se negaron, ya que requerían que se examinara de nuevo. “La abogada nuestra presentó un escrito donde decía que hasta que hicieran bien las pericias, no nos lo íbamos a llevar. Eso fue al principio”.
Y desde ese principio nace una responsabilidad, la del Estado. Mover un cuerpo, sin informar a sus familiares, es desaparecerlo. El Estado debe ser el garante de que eso no ocurra, debe garantizar la imparcialidad en la investigación y proteger a las víctimas y familiares. Cuando se está en medio de un proceso judicial, cómo no traer al pasado, esa distancia que regresa en décadas y que ha dejado tantas lecciones en nuestra sociedad cargada de heridas.
«Al cuerpo de Cecilia lo desaparecieron nuevamente». En esa disposición arbitraria del cuerpo por parte del sistema judicial, Daniel lo vuelve a repetir como hace cinco años: acá hay complicidad. “Ya no nos callamos más, vamos a hablar todo, aunque no sepamos o esté mal dicho. Ya es hora de que paguen lo que han hecho con el cuerpo de Cecilia, no solamente no peritan, ahora está como NN enterrada, fuimos a un juicio con Cecilia enterrada”.
“Ahora pedimos que haya pericias nuevamente. Queremos saber que el cuerpo que está ahí sea el de Cecilia -exige Daniel- espero que no nos nieguen, sabemos que está enterrado en el cementerio municipal de San Vicente de Córdoba”.
Pasaron tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cinco de una investigación por la que pasaron cuatro fiscales, además del Fiscal de Cámara de Villa Dolores, Sergio Cuello, la lista se ordena: Kelm, Barrera, Lingua y Ardiles. Cinco años con cuatro policías presos por violencia de género: Luquez, Zárate, Concha y Bracamonte. A estas irregularidades se les suman las imputaciones del comisario de Capilla del Monte, René Lambir, y del policía Gerardo López por no haber notificado testigos en el marco de la segunda investigación por el femicidio de Cecilia Basaldúa.
En todo este tiempo fueron numerosas las movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, y ese compromiso intacto que aún es la certeza que falta: “hicieron lo que querían -termina Daniel- que era destruir las pruebas”.
Comunicado del Equipo de Justicia por Cecilia:
