A un año de la absolución de Lucas Bustos: ¿Qué pasó con la causa judicial de Cecilia Basaldúa?
El 1 de julio de 2022, fue el final del juicio que tuvo como único imputado a Lucas Bustos por el femicidio de Cecilia Basaldúa. El imputado sin pruebas que pasó dos años en la cárcel de Cruz del Eje. A un año de su absolución, los avances en la nueva investigación, son casi nulos. El 29 de junio, el Fiscal General -Juan Manuel Delgado- se comprometió frente a familiares y abogadxs a colaborar en el esclarecimiento de la causa. Mientras tanto, el tiempo que deshace las pruebas y la impunidad que sigue tomando la delantera.
La familia Basaldúa viaja. Va y viene entre la Capital Federal y la provincia de Córdoba. Hacen 740 kilómetros hasta la ciudad de la capital cordobesa; 868 hasta los Tribunales de Cruz del Eje. Sus viajes, son un camino de insistencia: reuniones con ministras, fiscales y secretarias.
-Queremos conocer a su hija- les dijo este abril, la abogada Riveros, Secretaria del Fiscal Barrera en Cruz del Eje, responsable de la nueva investigación por el femicidio de Cecilia.
En menos de un minuto, Daniel y Susana, viajaron de nuevo. Recorrieron los cuerpos del expediente de la Fiscal Kelm. Condensaron en segundos los testimonios del juicio del 2022; las pericias que revictimizaron; la reconstrucción virtual de un hecho que no existió. Sintieron una espina adentro que apretaba la coherencia, robada hace tanto tiempo en los oscuros laberintos de la justicia. Un déjà vu y la voz de la Secretaria que los regresaba al 2023.
“Pedían el test psicológico a la víctima que ya está muerta. Nos opusimos a eso”, dice ahora Susana, con la indignación que sigue creciendo.
Adentro de los Tribunales, resalta el blanco. Pulcramente, blanco. Ampliamente, blanco. Ostenta una falsa discreción. Las palabras de la abogada Rivero, volvían a centrarse en una única hipótesis. Como si el camino ya estaría marcado y era imposible deshacerse de él: la autopsia psicológica. Sus palabras tenían una temperatura, distante, fría. Una manera particular en que la luz atravesaba el sonido.
Si de formas de proceder se trata, pareciera que la vida de un expediente tiene que ver con acumular más expedientes. Aunque se repita, los papeles amontonados en una causa siempre parecen cosa seria. Es en esa reiteración donde aparece lo esencial: las formas de hacer justicia en el sistema judicial.
“Queremos conocer a su hija”. La frase quedó instalada en aquella resonancia estructural que tienen los tribunales. En esa convivencia silenciosa de papeles que testifican que la burocracia es un método fidedigno para justificar el cajoneo, para demostrar que hay investigación, pero que no alcanza, nunca alcanza, para llegar a la verdad.
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Hace un año, Daniel y Susana caminaban por ese pasillo de ecos con los ojos borrosos. Había sido la última audiencia, la número trece del juicio que llevó al banquillo de los acusados a Lucas Bustos y lo dejó en libertad.
Era 1 de julio del año 2022 y habían pasado dos meses y sesenta y ocho testigos confirmando lo anunciado desde el principio: no había restos de ADN de Bustos, ni restos de la flora que tenía la ropa de Cecilia, en las prendas personales del imputado. La causa había sido elevada a juicio el 5 de marzo de 2021, sin haber sido comprobada que haya existido una vinculación entre la víctima, el victimario y el lugar del hecho.
En este escenario macabro de la justicia, se destacaba el papel del Fiscal de Cámara -Sergio Cuello- quién desde el primer día había manifestado la falta de una prueba directa contra el imputado, y que sólo existían indicios que podían ser reconstruidos. Luego, el desenlace que demostró el desencaje perfecto de cada pieza que la Fiscal Paula Kelm había intentado armar en la instrucción de la causa.
-Realmente me gustaría encontrar una prueba objetiva contra Lucas (…) Me encantaría como fiscal tener otra prueba pero no la hay”, y el representante del Ministerio Público Fiscal, pedía así, la reclusión perpetua para Bustos en base a lo que llamó “prueba de indicios”.
Los tres alegatos que continuaron ese día fueron de la querella representada por la abogada Daniela Pavón, el abogado Gerardo Battiston de la Secretaría de Derechos Humanos y la abogada defensora, María Claudia Brandt. Todos enfatizaron en la ausencia de pruebas y pidieron la absolución. Después de dos horas de deliberación, por unanimidad el jurado popular y los dos jueces técnicos, habían decidido la absolución y la posibilidad de una nueva investigación en otra Fiscalía.
Al final de la jornada y con la libertad consumada, Lucas había roto el silencio guardado durante todo el proceso: “no tengo miedo porque yo no he hecho nada, la policía de Capilla del Monte es muy corrupta”, había expresado bajito frente a periodistas y cámaras de televisión. “Estoy feliz del resultado, por la gente que me apoyó este tiempo, le doy las gracias a la familia de Cecilia. Pasaron cosas malas, fue muy duro”, había dicho después del tumulto, con los tribunales de fondo, cruzando esa calle para no regresar nunca más.
El 1 de julio se cerraba una etapa, una pequeña pulseada ganada a esta justicia.
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El 25 de abril de este año, Lucas volvió a encontrarse con la familia Basaldúa. Se habían cumplido tres años de a la aparición sin vida del cuerpo de Cecilia. Esa tarde, en medio de los reclamos en la calle por la falta de justicia, la familia de Cecilia se cruzó con la de Lucas. Ahí, a un costado, sosteniendo un cartel estaba con sus hermanas: -Hay que llegar a la verdad- había dicho Susana Villareal, su mamá. Una ronda abierta frente a la Municipalidad de Capilla del Monte se abría como una boca enorme que preguntaba:
¿Dónde están los asesinos?
“No tengo ninguna duda de que la policía de Capilla del Monte fue una de las principales involucradas en la desaparición de Cecilia”, había dicho Daniel Basaldúa enfatizando en los dos años que perdieron de investigación: “logramos que a Bustos se lo dejara libre, porque no tenía nada que ver, una causa armada por la fiscal Paula Kelm. Desde un principio lo supimos, nunca nos tuvieron en cuenta”.
En ese abril, se vieron con la Ministra de Justicia y Derechos Humanos -Laura Etchenique- y con la Ministra de la Mujer del gobierno de Córdoba, Claudia Martínez. Ambas se comprometieron en la gestión con el ejecutivo de la provincia, para fijar una recompensa a los fines de lograr obtener información del hecho, y una audiencia con el Fiscal General, Juan Manuel Delgado y la Fiscal Adjunta, Bettina Croppi.
“Estamos bastante en desacuerdo sobre cómo se viene llevando la investigación. Hemos aportado pruebas con las que nos parece fundamental avanzar, pero no se ha hecho nada”, explica la abogada de la familia Daniela Pavón.
Sin embargo, las palabras se sumergen cuando el tiempo pasa. “Insistimos en una reunión con el Fiscal General de la Provincia, porque hay una desidia absoluta por parte de la Fiscalía. No hay ninguna intención de investigar, claramente están dilatando los tiempos”, dice Daniela. Ante la falta de respuestas, una vez más, la presión las hizo emerger y este jueves la familia de Cecilia, logró entrevistarse con el Fiscal General, junto a las abogadas Daniela Pavón y Giselle Videla y el abogado por la Secretaría de DDHH de la Nación, Gerardo Basttistón. “Queríamos que el Fiscal General nos diera una explicación de lo que se está haciendo, porque ya se perdieron tres años”, resalta Susana.
La causa tampoco ha incorporado ciertas medidas probatorias que han pedido las querellas, tanto de la familia, como por parte de la Secretaría de Derechos Humanos. Daniela Pavón explica que varios aspectos vinculados a la investigación se desconocían por la falta de comunicación que existe: “su compromiso fue acompañar cada pedido, y vamos avanzar en eso. Otra cosa que le planteamos fue el miedo de la gente de Capilla. Él mismo nos dijo que había cambiado toda la cúpula policial. Seguir trabajando en eso y darles tranquilidad a la gente, me parece fundamental”.
A la salida de los Tribunales I de la ciudad de Córdoba, Daniel Basaldúa contó que la reunión les resultó positiva. “Pudimos plantearle todas las dudas que teníamos, quedó en ayudarnos, dentro sus posibilidades. Estamos esperando que realmente la justicia investigue”.
“Queremos que Cecilia tenga su descanso en paz”, agrega Susana.
Las irregularidades del proceso judicial llevado adelante por la Fiscal de Instrucción de Cosquín, también fueron uno de los temas planteados. “Dijo que estaba la posibilidad de ir a un jury de enjuiciamiento contra la Fiscal Kelm por las falencias en la investigación”, comenta el abogado Gerardo Battistón.
Daniel y Susana siguen viajando. Pasaron dos meses de la última vez que vinieron. “Ya tocamos todo, no nos queda nada, sólo el gobernador nuevo que nos reciba. Es lo único que nos falta en Córdoba”, dice Daniel sobre el final, entre las personas que se acercaron y las organizaciones que siguen acompañando. Parados en las escaleras de Tribunales, se despiden con el recuerdo de su hija que los acaricia, con el corazón que viaja y late como patada -para adelante- y busca la verdad hecha promesa.
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