El INAI apuesta a una nueva prórroga de la Ley 26.160 para completar el relevamiento de comunidades indígenas en el país

En noviembre próximo vence la Prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial de las Comunidades Indígenas en nuestro país. ¿Se logrará una nueva prórroga para terminar la tarea de relevamiento y reconocimiento de las comunidades? La nueva campaña antimapuche es una clara muestra de la disputa que se viene. Mientras tanto, en la provincia de Córdoba, el relevamiento está incompleto y la judicialización de los conflictos territoriales se extiende hasta niveles de violencia contra los integrantes de las comunidades, como el reciente caso de Pluma Blanca.

La Ley nacional 26.160 fue sancionada a fines del año 2006 por un plazo de vigencia de 4 años, a efectos de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y dando cumplimiento parcial al Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT. La misma fue prorrogada en tres oportunidades.

¿Qué acciones está desarrollando el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en favor de las comunidades? Hablamos con Julián Fernández, director de asuntos jurídicos de esa repartición.

¿Qué opinión tiene respecto a la prórroga de la ley? ¿qué acciones está realizando el Instituto respecto de la implementación de la ley?

Esta ley es la única herramienta válida que tienen las comunidades para defender su territorio y también es la herramienta que tienen los estados, nacional y provincial, para delimitar las tierras que ocupan las comunidades indígenas de todas las etnias. En su implementación hubo muchas dificultades y por eso se prorrogó varias veces. Por problemas presupuestarios, por la dificultad para reconocer un nuevo derecho, por factores económicos y de poder que pesan sobre los territorios indígenas son una valla para la tarea del Estado. Pero es necesario, y es una obligación del Estado, prorrogar la Emergencia Territorial Indígena porque persiste, está a la vista. Este jueves, estamos esperanzados en que el Senado tratará la prórroga y que luego pase a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

¿Qué sucederá en Córdoba con la Ley? Cuál es la decisión con respecto a las comunidades de Córdoba que tienen conflictos judicializados? San Marcos, Ticas, Pluma Blanca (que tienen amenazas de muerte a familiares)

En la provincia de Córdoba aún no hemos comenzado el relevamiento. Pero en esas comunidades estuvimos articulando con otras áreas del Estado como el Centro de Acceso a la Justicia, que está trabajando muy bien en Córdoba; también con la Secretaría de Agricultura Familiar, Indígena y Campesina; estamos abordando con el INADI y, como es una materia indígena hemos presentado ante la Fiscalía y ante los Juzgados nuestra preocupación por la violencia a miembros de las comunidades indígenas. Creemos que esto pasa también por la falta de aplicación de la Ley 26160 en Córdoba y hay buena recepción de parte de los organismos competentes en trabajar con la cuestión indígena.

En el caso de San Marcos Sierras, que tiene obra pública sobre territorio sagrado, ¿el INAI está tomando parte en estos conflictos?

Tenemos conocimiento. Hay un área del INAI, de restitución de sitios sagrados, que está siguiendo el tema. Estamos preocupados por la falta de consulta en relación a la obra pública para que las comunidades puedan defender sus derechos. Estamos solicitando que se las convoque para seguir lo que dice la Ley 24071 que obliga a realizar la consulta previa a las comunidades.

Es por esta posible prórroga de la Ley en el Senado que se está viendo en los medios de comunicación una creciente campaña anti indígena y antimapuche?

Es una sobredimensión que está sucediendo con algunos hechos esporádicos que no representan la dimensión indígena ni al pueblo mapuche. La oposición y los medios hegemónicos que tienen a la audiencia desinformada están incitando a una demonización. Estamos muy preocupados por que se vuelva a encender cierto racismo al estigmatizar a la población indígena. Puede estar ligada al inminente tratamiento de la prórroga de la emergencia territorial indígena porque los grupos económicos, los factores de poder que tienen interés sobre sus territorios son los primeros en alzar su voz diciendo que los indígenas vuelven a invadirlos como reproduciendo lo dicho durante la campaña del desierto de Roca. El domingo pasado el periodista Lanata publicitaba su programa diciendo «Indios al ataque» y eso es totalmente repudiable. En todo caso los indios están exigiendo políticas públicas que se puedan aplicar a sus comunidades, que el Estado los escuche y pueda receptar sus derechos dentro del marco constitucional y legal.