Según dio a conocer Sala de Prensa Ambiental, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba #anuló el fallo que favorecía a Andrés Carpio -movilero de Cadena 3- y que obligaba al artista José Luis Serrano (#DoñaJovita) a pagarle una cifra de $ 300 mil. Anulada esta sentencia, la causa es enviada a una nueva instancia donde se deberá proceder a un nuevo pronunciamiento judicial. «Una muy buena noticia para cerrar el año», expresó la abogada Marcela Fernández, quien junto a Darío Ávila patrocinan a José Luis Serrano.
Darío Ávila celebró en sus redes la medida y agradeció al comediante por el coraje y la dignidad de seguir sosteniendo esta lucha en defensa del monte que algunos pretenden acallar.
El Máximo Tribunal hizo lugar a un Recurso Directo que presentaron los patrocinantes de Serrano y en consecuencia; declaró mal denegado el Recurso de Casación interpuesto en contra de la sentencia de la Cámara 1 que mandaba a Serrrano a pagar la indemnización reclamada (revocando la sentencia de la jueza de 1.ª Instancia que había rechazado la demanda). Hizo lugar a la Casación; declaró nula la sentencia de la Cámara 1.ª y manda a emitir un nuevo fallo a la Cámara que por turno corresponde.
«Esta es una muy buena noticia para quien desde hace años; viene defendiendo el monte desde su lugar de artista popular. La problemática de los bosques nativos involucra a toda la sociedad. Trasciende a la esfera individual y se aloja en la esfera colectiva y comunitaria.»
Ávila remarcó que este juicio tiene por objeto colocar una «mordaza» económica a quien se erigió desde hace mucho tiempo en un claro referente y «Defensor Ambiental» Bajo esta perspectiva, el Sr Serrano goza de la protección especial que el recientemente aprobado Acuerdo de Escazu brinda a estos/as luchadores/as, y que se refiere a la garantía de vivir en un entorno seguro, a actuar sin amenazas; restricciones e inseguridad; a la libertad de opinión y expresión, entre otras. Esta es una lucha más por la defensa de los derechos de incidencia colectivas; y sus defensores no pueden ser perseguidos judicial ni económicamente por sus acciones. Es nuestro deber seguir garantizando estos derechos para que ningún/a defensor/a se vea compelido por este tipo de amenazas ni coacciones.
