Perpetua para el femicida Javier Galván

Los tres jueces de la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje, junto con un jurado popular, condenaron a Javier Galván a prisión perpetua, por el femicidio de Ivana Módica. Galván había sido imputado por el delito de “homicidio calificado agravado por el vínculo y por violencia de género”, tras haber confesado el crimen en febrero del año 2021.

Por María Eugenia Marengo

Cuando conoció a Ivana Módica, Javier Galván era vice comodoro de la Fuerza Aérea de Córdoba. Ella, periodista y trabajadora civil en la Escuela de Aviación Militar. En medio de la pandemia, se habían trasladado de Córdoba a La Falda, para trabajar de manera remota. Era diciembre de 2020, Ivana tenía 47 años y ya había denunciado a su pareja por violencia. El 11 de febrero de 2021 Ivana tuvo contacto telefónico por última vez con su hija, Nicole. Al día siguiente, el mismo Galván denunció la desaparición. Habían pasado ocho días de búsquedas y rastrillajes, cuando Galván siendo trasladado a la cárcel de Bower como sospechoso de la desaparición de su pareja, decidió confesar. A la Fiscal Jorgelina Gómez no sólo le dijo que él la había matado, sino dónde la había enterrado. Era 20 de febrero y Galván fue hasta la zona vieja del camino del Cuadrado, detrás del Hotel Edén de La Falda, para indicar dónde, después de estrangularla, había dejado el cuerpo sin vida de Ivana Módica.

En la primera audiencia del juicio, Javier Galván hizo uso de su derecho para declarar. Dijo que el hecho ocurrió, aunque él no quiso que fuera así. Su relato apuntó a desvincular el contexto de violencia de género como agravante de la causa. “La discusión es si había violencia de género o no. La fiscalía y la querella -representada por el abogado José Miguel Dantona- apuntaron a demostrar con los testimonios que esa situación precedió a su femicidio”, explicó Karina Lucero, integrante del Centro de Protección Familiar (CeProFa) de La Falda, quien acompaña la causa.

La estrategia de la defensa, representada por Rodrigo Álvarez, se orientó en pretender convencer al jurado y a los jueces, de que no estaban ante un delito de femicidio. La posibilidad de bajar la pena fue un intento del abogado defensor, para lograr un cambio de carátula a la de homicidio calificado por el vínculo.

Durante esa primera audiencia una de las testigos se vio intimidad por el propio Galván dentro de la misma sala de audiencias. Estando por declarar, el imputado la miró a los ojos y la señaló con el dedo índice en un claro gesto intimidante.

Desde octubre de 2020, Galván tenía denuncias por violencia de género. Antecedentes que no fueron considerados dentro de la Fuerza Área. El mismo día que hizo la denuncia por la desaparición de su pareja, ingresó a trabajar al Centro de Ensayos en Vuelo (CEV), sin ningún inconveniente. El silencio cómplice inherente a ese pacto de impunidad entre las instituciones de Seguridad y Defensa, fue denunciado por las trabajadoras civiles de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, nucleadas en ATE.

Las trabajadoras civiles desde un primer momento se pusieron a la cabeza de la lucha por la aparición de Ivana y esa fuerza devino en la intensificación de la búsqueda y sobre todo, en la presión social para que el femicida confiese: “La movilización y la visibilización del caso, presionó para que la Fuerza Aérea declarara el libre accionar de la policía provincial sobre un cuadro de su fuerza y pudiera darle trato de civil. Además, hizo pública su solidaridad con la familia de la víctima e informó la separación del femicida de sus filas. Separación que no podrá hacerse efectiva, según la legislación vigente, hasta tanto no haya condena fehaciente”, expresaron en un comunicado de prensa.

Para el día viernes 4, se preveían los alegatos y la sentencia. La familia y las compañeras de Ivana estaban desde temprano en los tribunales de Cruz del Eje. Después de una larga espera, a media mañana fueron notificadas que ante la ausencia del presidente del Tribunal, Javier Rojo, “por un accidente doméstico”, debían suspender la audiencia. Regresaron con el cansancio que duele en los cuerpos, con la urgencia dilatada de que la sentencia se aproxime a sentir algo de justicia.

Finalmente, durante la mañana de hoy se expusieron los alegatos. Alrededor de las dos de la tarde, en la sala de audiencias, se escuchó la palabra perpetua: la sentencia esperada por familiares y amigas. La condena también ordenó al Servicio Penitenciario la organización de un tratamiento idóneo al condenado, “tendiente a modificar los patrones socio culturales y heteropatriarcales que lo condujeron a llevar a cabo conductas enmarcadas en un contexto de violencia de género y tendientes a revertir la visión patriarcal sobre la mujer y de todas las aquellas manifestaciones que la afectan en las diversas modalidades de violencia”. También se consideró una compensación económica a la familia de Ivana, en tanto el daño moral ocasionado. “Hay que seguir luchando por las mujeres”, dijo la hija de Ivana, Nicole Módica a la salida de la sala de audiencias: “que esto siga dando un aprendizaje para seguir en la lucha, y no subestimar ningún tipo de indicio de violencia. Hay que denunciar y seguir adelante, porque esto se cobra vidas”.

La violencia de uniforme

Las compañeras de Ivana expresaron que la Oficina de Género de la Fuerza Área no funciona, tampoco se cumple el protocolo y los militares acusados por violencia siguen con la protección institucional. En el caso de Galván, a pesar de que la pericia psicológica determinó que fue consciente de la gravedad de su accionar, por lo que se preveía la pena máxima, gozó de los beneficios de la Ley para el Personal Militar (Nº 19.101), pudiendo mantener su condición de uniformado y privilegios de remuneración económica.

Esta legislación implicó que hasta que no haya una condena ratificada, el femicida, aún habiendo confesado, pudo continuar cobrando un sueldo del Estado. Este derecho es una forma de habilitar un lugar de poder, amparo e impunidad que fortalece la violencia dentro de las áreas estatales de Seguridad y Defensa.

Noelia Martino es delegada de ATE de la Escuela de Aviación Militar, hace diez años que trabaja en la Fuerza y fue compañera de trabajo de Ivana, la conoció como corresponsal de Noticias en Vuelo, una publicación institucional de la Fuerza Aérea. Noelia explica que en un primer momento la Fuerza Área hizo un comunicado público que dio cuenta de la desvinculación de Galván y el repudio del hecho. “Luego, lo que hacen es poner a disposición y dejar que se le de tratamiento como a cualquier civil, habilitando que sea juzgado por la ley civil. Pero la realidad es que la ley del personal militar le impide a cualquier Fuerza Armada que se lo desvincule en su totalidad”.

En el año 2015 el Ministerio de Defensa creó una oficina de género y una delegación funciona en Córdoba, con el objetivo de recibir denuncias del personal femenino militar. “No es una oficina resolutiva. Recién ahora empiezan a recibirse las denuncias de compañeras civiles. No hay en la oficina participación de profesionales civiles, y también reclamamos que haya representación gremial”, agrega Noelia.

Otra de las críticas recae en que no hay comunicación entre las distintas áreas de violencia de género que funcionan en la provincia y dentro de la Fuerza. “Eso implica una constante revictimización, porque la persona tiene que ir al Polo de la Mujer, al poder judicial y a la oficina del trabajo, para hacer efectiva la denuncia”.

Por otra parte, la falta de un trabajo profundo en la prevención es una de las alertas que marcan las trabajadoras. Las capacitaciones en el marco de la Ley Micaela, fueron y son virtuales y en bloques: primero a los oficiales jefes, luego a los sub oficiales, pero “parece que no todos leemos igual la ley Micaela”. La necesidad de que haya un cambio profundo en las políticas de género dentro de las Fuerzas Armadas es un reclamo primordial para las trabajadoras, “no es contra las Fuerzas Armadas, queremos que haya una profundización en la perspectiva de género, desde la formación en los institutos, hasta la capacitación de civiles”.

En la Argentina, uno de cada cinco femicidios, es cometido por miembros de fuerzas de seguridad. La Coordinadora Contra la Represión y la Violencia Institucional (Correpi), los llama “femicidios de uniforme”, son “la primera causa de muerte de mujeres en manos del aparato represivo estatal”. En el mismo año y mes, fueron asesinadas Ivana y Úrsula Bahillo, de 18 años en Rojas, provincia de Buenos Aires. Ambos femicidas usaban uniforme: Matías Ezequiel Martinez, ex pareja de Bahillo, era oficial de la Policía Bonaerense y Javier Galván, piloto de la Fuerza Aérea Argentina.

En el año 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), reveló que de los 251 femicidios registrados, al menos 7 fueron cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y/o de Seguridad. El arma, dicen en un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), es “un elemento fálico que proyecta los valores de una supuesta masculinidad hegemónica”. “La sola disponibilidad de armas de fuego en manos de quienes ejercen violencias extiende el poder que estos tienen sobre las víctimas”, incluso “cuando las armas no fueran disparadas”. Esta situación se agrava porque “los poseedores de las armas son, casi en su totalidad, hombres”: de cada 100 usuarios de armas, 99 son hombres”.

Tanto el caso de Úrsula -que involucra a un integrante de las Fuerzas de Seguridad- como el de Ivana -que compromete a un miembro de un área de Defensa del Estado- evidencian, como explicó María del Carmen Verdú de Correpi, que cuando se interceptan la violencia machista y la estatal, se potencian. En estos lugares jerarquizados por varones, la ecuación es directamente proporcional al encubrimiento de la corporación masculina.

Las compañeras de trabajo de Ivana acompañaron a la familia desde el inicio junto con su hija, Nicole, quien también es personal de la Fuerza. “Ivana está viva en nuestra lucha -dice Noelia- se ha transformado en eso y en el cambio para las que seguimos: que no exista más ningún tipo de violencia”.
La lectura de los fundamentos de la sentencia, está prevista para ser leída el día 2 de diciembre, en los Tribunales de Cruz del Eje.