Elevación a juicio de ambientalistas: Una postal de criminalización de la protesta social

En el día mundial del Agua, Unidos por el Monte emitió un comunicado en el que expresa la situación de injusticia que viven defensores y defensoras ambientales.

Señalan que el poder judicial de Córdoba, cómplice de las empresas y el poder político, hace dormir en un cajón los amparos y solicitudes de medidas precautorias presentadas por asambleas ambientales y colectivos activos, en la defensa del territorio y de sus habitantes (que son afectados por esta obra).

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22 de marzo – Día Mundial del Agua
Por defender el agua, en Punilla…

Elevación a juicio de ambientalistas: Una postal de criminalización de la protesta social.
No hay ejemplo más obvio que lo que sucede en Punilla, para dejar en evidencia que la Justicia, el poder legislativo, y el poder ejecutivo, junto a empresas amigas, forman una “corporación comercial”, por no decir una asociación ilícita.

Lo demuestra la elevación a juicio de la causa que se iniciara a ambientalistas, tanto por una manifestación espontánea al Intendente Gabriel Musso realizado el 13 de agosto de 2022 en un local comercial de la ciudad de Cosquín, así como por acciones pacíficas de resistencia al arrasamiento del río Yuspe y vestigios arqueológicos (en toda la traza). Las imputaciones y elevación a juicio fueron firmadas por la fiscal de Cosquín, Paula Kelm quien tiene iniciados dos Juri por las causas Basaldúa Y Romo.
Mientras, la policía, violando DDHH, se dedicó a reprimir las manifestaciones pacíficas en defensa del ambiente, utilizando métodos de los tiempos más oscuros de la Argentina.

El poder judicial de Córdoba, cómplice de las empresas y el poder político, hace dormir en un cajón los amparos y solicitudes de medidas precautorias presentadas por asambleas ambientales y colectivos activos, en la defensa del territorio y de sus habitantes (que son afectados por esta obra).

Entre gallos y medianoche, el Intendente Musso (y todos los intendentes de la Comunidad Regional Punilla por donde pasa la traza) modificó el uso de suelo del territorio coscoíno, con el Concejo Deliberante mirando a otro lado, avalando un proyecto plagado de ilegalidad y complicidad con la empresa Caminos de las Sierras y el gobierno de Schiaretti, para permitir el paso de la autovía de Punilla, que hoy mantiene en vilo a gran parte de la población con explosiones tóxicas y maquinaria trabajando día y noche. Esta obra asentada en un negligente estudio de Impacto Ambiental, desde su inicio, representa un peligro para los ecosistemas, la cultura, la memoria y la economía de nuestro territorio.
Aunque las apariencias digan otra cosa, nada ha cambiado, la corrupción permite que las instituciones del Estado respondan ciegamente a los mandatos empresariales y económicos que utilizan la justicia en su beneficio: La gran represión a ambientalistas en Molinari, los pedidos de Habeas Corpus desoídos y no contestados, los pedidos de informes sin respuestas, las infinitas presentaciones científicas y judiciales durmiendo en los cajones de Tribunales, la farsa de la Audiencia Pública, esta imputación a vecinos tiranizados por las decisiones gubernamentales, demuestran que este sistema económico no solo arrasó el territorio, sino a la democracia. En los próximos años, el extractivismo será (como en el resto de Latinoamérica) el objetivo claro de los gobiernos.

Hoy vemos como el poder político y judicial avanza en todo el territorio argentino con la criminalización de la lucha “Estrategia de represión política, implementada mediante la difamación, deslegitimación y judicialización para debilitar y romper el tejido social bajo argumentaciones relativas a la seguridad ciudadana”*. Es parte de la negación del derecho a la organización popular y la protesta social al que nos vemos sometidos quienes intentamos de buena fe obrar en favor de los bienes comunes y el ambiente en general.

Por otro lado, entendemos que el escrache es un recurso de protesta cuando la comunidad se siente avasallada en sus derechos más elementales y las vías legales, judiciales, ejecutivas están agotadas. Cuando la justicia no escucha, aparece el escarnio público. Esta estrategia fue muy utilizada por las organizaciones de DDHH cuando las leyes de “punto final” y “obediencia debida“ no permitían seguir adelante con los juicios a los represores del gobierno de facto de 1976.

Dice el Artículo 41 de la Constitución Nacional: «Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.»

Los que creemos en un cambio de paradigma, que sostenemos el “buen vivir”, seguiremos resguardando el lugar donde vivimos, nuestro territorio material e intangible. Defender la naturaleza es un Derecho Humano Constitucional.